El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, reaccionó este jueves con un contundente mensaje en sus redes sociales luego de que el Poder Judicial ordenara dejar en libertad al jefe de la Policía Penitenciaria de la cárcel de Guápiles, uno de los detenidos durante el operativo con el que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una presunta organización criminal dedicada al ingreso de drogas a centros penitenciarios del país.
A través de su cuenta oficial, el ministro confirmó que el funcionario fue suspendido de sus labores sin goce de salario y lanzó una advertencia que rápidamente generó reacciones. “El CACCO lo espera si es condenado”, escribió al inicio de su publicación.
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El ministro explicó que, pese a la gravedad de los hechos que se investigan, la legislación vigente impide el despido inmediato del funcionario debido a que primero debe cumplirse el procedimiento disciplinario previsto para los empleados públicos.
“Lamentablemente, las leyes actuales impiden despedir de inmediato a los funcionarios públicos corruptos por el famoso ‘proceso disciplinario’”, manifestó.
Aguilar agregó que el Ministerio de Justicia mantendrá una política de cero tolerancia frente a la corrupción dentro del sistema penitenciario.
“No vamos a tolerar más corrupción en el Sistema Penitenciario. Los estamos identificando y los vamos a presentar ante las autoridades”, concluyó.
Dos años de investigación
El caso al que hizo referencia el ministro es el resultado de una investigación desarrollada durante aproximadamente dos años por el Organismo de Investigación Judicial.
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Como parte de ese proceso, agentes judiciales ejecutaron 37 allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una organización señalada como una de las principales estructuras criminales dedicadas al ingreso de drogas en centros penitenciarios costarricenses.
Durante la operación fueron detenidas 34 personas, entre ellas el jefe de la Policía Penitenciaria de la cárcel de Guápiles, cuya situación judicial motivó posteriormente la reacción pública del ministro Aguilar.
Según explicó el director del OIJ, Michael Soto, la organización reclutaba principalmente a mujeres en condición de vulnerabilidad económica para utilizarlas como transportistas de droga.
De acuerdo con la investigación, las mujeres recibían pagos cercanos a los ₡300,000 (USD 666) por introducir cápsulas de aproximadamente 150 gramos de droga ocultas entre sus genitales para posteriormente ingresarlas a distintos centros penitenciarios del país.
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Las autoridades consideran que este mecanismo permitía abastecer de estupefacientes a privados de libertad y fortalecer las operaciones de la organización desde el interior de las cárceles.
Además del tráfico de drogas, la investigación permitió vincular a la estructura criminal con tres homicidios ocurridos en el cantón de Siquirres.
Durante los allanamientos, los agentes decomisaron tres armas de fuego y una importante cantidad de droga dosificada, evidencia que ahora forma parte del expediente judicial.
¿Qué es el CACCO?
La frase utilizada por el ministro hace referencia al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), un centro penitenciario de máxima seguridad que el Gobierno construye en Alajuela y que estará destinado a albergar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad, especialmente aquellas vinculadas con estructuras de crimen organizado.
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El proyecto ha sido presentado por el Poder Ejecutivo como una de las principales obras para fortalecer el sistema penitenciario frente al crecimiento del narcotráfico y de las organizaciones criminales.
Su diseño y planificación están inspirados en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la megacárcel que se convirtió en uno de los pilares de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Aunque el CACCO aún no entra en funcionamiento, las autoridades han indicado que será utilizado para recluir a los privados de libertad de mayor perfil criminal y reducir la capacidad de las organizaciones delictivas para continuar dirigiendo operaciones desde el interior de las cárceles.
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En ese contexto, la expresión utilizada por Aguilar representa una advertencia de que, en caso de que el jefe policial sea declarado culpable mediante una sentencia firme, cumpliría una eventual condena en ese nuevo centro penitenciario.
Suspensión mientras avanza el proceso
Tras conocerse la decisión del Poder Judicial de dejar en libertad al funcionario, el Ministerio de Justicia confirmó que fue suspendido sin goce de salario mientras continúan tanto el proceso penal como la investigación administrativa.
La suspensión constituye una medida cautelar dentro del régimen disciplinario y no representa una sanción definitiva ni implica que exista una declaración de culpabilidad.
En Costa Rica, toda persona investigada mantiene el derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme emitida por los tribunales de justicia.
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Precisamente por ello, el ministro Aguilar reconoció que un eventual despido únicamente podrá concretarse una vez concluyan los procedimientos administrativos correspondientes y, de ser el caso, exista una resolución judicial que determine responsabilidades.
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