Japón inaugurará una Oficina de Inteligencia en el marco de la iniciativa de seguridad de Takaichi

Japón está a punto de inaugurar una nueva Oficina Nacional de Inteligencia para unificar su fragmentado sistema de recopilación y análisis de información relacionada con la seguridad nacional y la seguridad pública, lo que supone un hito en los esfuerzos de la primera ministra Sanae Takaichi por hacer que el país sea más resistente a las amenazas internas y externas.

La oficina, dirigida por el veterano oficial de policía Kazuya Hara, de 58 años, será responsable de coordinar la recopilación de inteligencia y su análisis para un nuevo Consejo Nacional de Inteligencia, encabezado por Takaichi e integrado por otros miembros del gabinete. Ambas entidades se inaugurarán oficialmente el viernes.

Durante décadas, se ha recurrido a diversas organizaciones vinculadas a la Agencia Nacional de Policía y a ministerios gubernamentales para proporcionar inteligencia a los líderes políticos, con escasa supervisión y coordinación. La nueva oficina está diseñada para gestionar los mismos canales de información y garantizar que, en conjunto, recopilen la inteligencia específica que busca el consejo.

“Proteger los intereses nacionales de Japón requiere la recopilación oportuna y el análisis de alta calidad de la información, la integración de alto nivel de esa información y una toma de decisiones sofisticada y bien fundamentada”, dijo Takaichi, un defensor de la seguridad más estricta, en un discurso ante el parlamento a principios de este año.

Takaichi ha citado los desafíos que plantean China, Rusia y Corea del Norte para explicar por qué Japón necesita defenderse mejor de las fuerzas externas. La ciberseguridad es un área en la que Japón está tratando de mejorar su resiliencia tras una serie de ataques de gran repercusión el año pasado.

Las últimas reformas de inteligencia forman parte de una serie de cambios legales que Takaichi busca implementar en materia de seguridad nacional y económica. En junio, su administración creó un organismo equivalente al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de ampliar e intensificar la revisión de las inversiones provenientes del extranjero.

Otros objetivos de Takaichi incluyen la promulgación de leyes contra el espionaje y la creación de una agencia de inteligencia exterior similar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, capaz de recopilar información en el extranjero.

La falta de legislación anti espionaje dificulta que Japón capture espías y los intercambie con otros países que han detenido a ciudadanos japoneses acusados ​​de espionaje. En la última década, China ha detenido a más de una docena de ciudadanos japoneses por acusaciones de espionaje o relacionadas con la seguridad nacional, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El New York Times informó recientemente que decenas de espías rusos expulsados ​​de países europeos se habían trasladado a Japón.

Una de las principales razones por las que Japón se encuentra rezagado con respecto a muchas otras naciones desarrolladas en cuanto a sus capacidades de inteligencia radica en su pasado militarista. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, Japón contaba con operaciones de inteligencia nacionales y extranjeras altamente efectivas, dirigidas por divisiones policiales especiales conocidas como Tokko y Kempeitai. Sus métodos agresivos, incluido el uso de la violencia, les granjearon un profundo rechazo público.

Ambas organizaciones fueron disueltas tras la guerra, cuando Japón adoptó la democracia y los derechos civiles. Desde entonces, los sucesivos gobiernos se han mostrado reacios a intensificar la vigilancia de la población. En 1985, el gobernante Partido Liberal Democrático no logró aprobar una ley que prohibiera la detección y recopilación de secretos de Estado debido a la preocupación por los derechos y libertades individuales.

Los partidos de oposición de centroizquierda se han opuesto a la reciente iniciativa de crear el servicio de inteligencia, argumentando que podría infringir la privacidad personal y aumentar el poder del gobierno sin supervisión democrática.

(Bloomberg)