Erradican 56 mil arbustos de hoja de coca y destruyen laboratorio rústico en Honduras

Una operación ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) permitió localizar y destruir una extensa plantación de hoja de coca y un laboratorio rústico presuntamente destinado al procesamiento de drogas, en una zona montañosa del Parque Nacional Sierra Río Tinto, en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho.

La acción se desarrolló como parte de los operativos de las autoridades hondureñas para combatir las estructuras vinculadas con la producción y procesamiento de sustancias ilícitas en zonas de difícil acceso del territorio nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante el operativo fue localizada una plantación de aproximadamente ocho manzanas de extensión, en la que se encontraban alrededor de 56,000 arbustos de hoja de coca, con una altura aproximada de dos metros.

Los agentes procedieron con las labores de ubicación, aseguramiento, erradicación y destrucción mediante incineración de los cultivos encontrados en el área. Las dimensiones de la plantación evidencian la capacidad de producción que presuntamente mantenían las estructuras dedicadas a este tipo de actividades ilícitas en la zona.

La intervención se llevó a cabo en un sector montañoso del Parque Nacional Sierra Río Tinto, un área de difícil acceso que, según las autoridades, puede ser utilizada por organizaciones criminales para establecer cultivos ilícitos y desarrollar actividades relacionadas con el procesamiento de drogas, aprovechando las condiciones geográficas y la distancia de los centros urbanos.

Además de la plantación, los equipos antidrogas localizaron en las cercanías del cultivo un laboratorio rústico, que presuntamente era utilizado para la extracción y procesamiento de pasta base de cocaína.

La estructura fue destruida mediante incineración como parte del mismo procedimiento. El hallazgo del laboratorio representa un elemento adicional dentro de la investigación, debido a que las autoridades presumen que el lugar estaba destinado a facilitar el procesamiento de la materia prima obtenida de los cultivos de coca.

Las acciones fueron desarrolladas por funcionarios de la DNPA, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y con la autorización del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

La participación de las instituciones correspondientes permitió que el operativo se desarrollara conforme a los procedimientos legales establecidos para este tipo de intervenciones, incluyendo las labores de aseguramiento, erradicación y destrucción de los cultivos y de la estructura localizada en el área.

El operativo representa un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al establecimiento de plantaciones ilícitas y al procesamiento de sustancias relacionadas con el narcotráfico en Honduras.

La ubicación de este tipo de cultivos en zonas montañosas también plantea un desafío para las autoridades, debido a las condiciones de acceso y a la necesidad de desplegar equipos especializados para identificar las plantaciones, documentar los hallazgos y proceder con su destrucción.

En este caso, los agentes lograron intervenir una plantación de grandes dimensiones, eliminando aproximadamente 56,000 arbustos de hoja de coca que se encontraban en el lugar.

Las autoridades mantienen acciones de búsqueda y localización de posibles zonas utilizadas para la producción de drogas, especialmente en áreas boscosas y montañosas donde las organizaciones criminales intentan establecer cultivos alejados de las zonas pobladas.

La destrucción de la plantación y del laboratorio rústico impide que la producción encontrada continúe avanzando hacia las siguientes etapas del procesamiento de drogas.

Sin embargo, las investigaciones deberán determinar quiénes estarían detrás del establecimiento del cultivo y de la infraestructura localizada en sus cercanías.

La operación también refleja la coordinación entre los cuerpos policiales, el Ministerio Público y el sistema judicial para ejecutar acciones contra estructuras vinculadas con el crimen organizado.