Tras la entrada en vigor de los aranceles de EEUU, Brasil lanzó una línea de crédito de USD 3.650 millones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó un decreto que crea una nueva línea de crédito de 18.500 millones de reales (USD 3.650 millones) para empresas afectadas por el nuevo arancel del 25% impuesto por Estados Unidos. El anuncio se realizó durante un acto en el Palacio de Planalto en Brasilia, donde el mandatario aseguró: “Estamos demostrando que no hay crisis que impida a Brasil seguir con su trayectoria de crecimiento económico”.

El programa, denominado ‘Brasil Soberano III’, se suma a otras dos líneas de crédito lanzadas previamente para respaldar a los exportadores frente a la guerra comercial con Washington y los efectos de los conflictos en Medio Oriente. De los fondos disponibles, 13.500 millones de reales provienen del Tesoro brasileño, recursos no utilizados en la primera línea ofrecida en 2025, mientras que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) aportará el resto.

El Gobierno brasileño detalló que la iniciativa busca también facilitar la diversificación de mercados para las empresas nacionales. Podrán acceder a esta nueva línea de crédito tanto las firmas afectadas por los recientes aranceles estadounidenses sobre el sector siderúrgico como aquellas alcanzadas por el gravamen del 25% que comenzó a regir este miércoles.

La medida estadounidense surge de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), que concluyó que ciertas políticas brasileñas son “desleales” y perjudican a empresas estadounidenses. Se prevé que este arancel impacte el 18% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, aunque asociaciones comerciales estiman que la proporción podría alcanzar un tercio. Entre los productos más afectados figuran máquinas industriales, azúcar, etanol, madera y calzado, mientras que 2.100 productos como carne, café y petróleo quedaron exentos por decisión del presidente Donald Trump.

El Ejecutivo aclaró que los créditos estarán disponibles a tasas inferiores a las del mercado y también podrán solicitarlos exportadores perjudicados por los actuales conflictos internacionales, sectores estratégicos para la balanza comercial y empresas del área de fertilizantes y minerales críticos.

Durante la presentación, Lula subrayó la disposición de Brasil a mantener el diálogo comercial con Estados Unidos: “Brasil nunca se retirará de la mesa de negociación con Estados Unidos, pero nadie le ganará mintiendo”.

La coyuntura podría complicarse para el jefe de Estado, ya que Brasil figura entre los 60 países bajo investigación estadounidense por presunto uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, lo que podría derivar en un arancel adicional del 12,5%.

El arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a parte de las importaciones brasileñas entró en vigor este miércoles. Entre los fundamentos que fueron adversos para Brasil de la medida, anunciada la semana pasada, figuran el sistema de pagos automáticos PIX, barreras al acceso en los mercados automotriz y de combustibles, la gestión de la lucha contra la corrupción, la legislación sobre propiedad intelectual y la deforestación ilegal.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó que Washington implementará “pronto” nuevas medidas arancelarias, aunque no precisó fechas. El anuncio llega a dos días de la expiración, el viernes 25 de julio, del arancel global del 10% que el presidente Donald Trump estableció como solución de emergencia luego de la decisión del Tribunal Supremo, que en febrero anuló la mayoría de los gravámenes de la llamada “Liberation Day”.

La nueva política arancelaria se fundamenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una base legal considerada más sólida por la administración estadounidense en comparación con los poderes de emergencia invalidados por el Supremo. Según la Oficina del Representante de Comercio (USTR), en junio se concluyó que 60 economías no han prohibido ni aplicado de manera efectiva sanciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Esta determinación surgió tras audiencias públicas realizadas el 7 de julio, en las que participaron representantes de gobiernos, industrias y grupos empresariales.

(Con información de EFE)