La Justicia rusa dispuso el arresto de Ígor Mazin, director ejecutivo de una filial de la energética estatal Gazprom, bajo cargos de soborno de gran magnitud. El tribunal de Moscú ordenó la prisión preventiva del directivo, quien encabeza Gazprom Energoholding Adquisiciones, el programa de compras responsable de los activos energéticos de la mayor empresa gasífera de Rusia.
La decisión judicial incluyó también a Ígor Moisiyenko, subdirector ejecutivo del departamento de protección corporativa, quien quedó detenido en el marco del mismo expediente. Sin embargo, no trascendió la naturaleza precisa de los cargos que pesan sobre él.
La causa penal se sustentó en la sospecha de aceptación de sobornos a gran escala, según lo establecido en el apartado 6 del artículo 290 del Código Penal ruso.
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Los dos ejecutivos quedaron bajo medidas preventivas privativas de libertad, en una investigación que involucra a figuras del círculo de poder ruso y que, según versiones periodísticas, los conecta con los hermanos Arkadi y Borís Rotenberg, oligarcas próximos al presidente Vladímir Putin, con quien compartieron actividades deportivas durante su juventud.
El caso de Mazin no constituyó un hecho aislado. A principios de semana, la Justicia rusa sentenció a Serguéi Borodin, empresario vinculado a la trama de corrupción que rodeó al exviceministro de Defensa Timur Ivanov. Borodin recibió una condena de ocho años de prisión en una cárcel de alta seguridad y una multa de 500 millones de rublos, además de la confiscación de cuentas bancarias y propiedades.
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El expediente judicial determinó que Borodin aceptó sobornos de gran cuantía y, tras admitir su culpabilidad, colaboró con las autoridades, lo que permitió la apertura de una causa penal complementaria contra Ivanov.
La investigación sobre Borodin derivó, además, en la incautación de bienes valuados en 1.372 millones de rublos y la extensión del proceso a otros funcionarios ligados al Ministerio de Defensa. El juicio se caracterizó por un procedimiento expedito, favorecido por la cooperación del acusado, quien sostuvo una relación de amistad con Ivanov.
El arresto de Borodin en abril de 2024 marcó el inicio de una serie de acciones judiciales, que incluyeron la condena de Ivanov a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos relacionados con la compra de transbordadores en el estrecho de Kerch y la extracción de más de 3.900 millones de rublos del banco Interkommerts.
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El endurecimiento de la acción penal contra figuras del aparato estatal y del sector empresarial adquiere una dimensión inédita tras la reestructuración del Ministerio de Defensa ruso. Las investigaciones y las sentencias judiciales modificaron la composición de los altos mandos y generaron una renovación profunda en distintas áreas de la administración pública.
La ofensiva judicial abarcó también a gobernadores y jueces, en una política que busca depurar el aparato estatal en medio de la prolongada confrontación militar con Ucrania. Las conexiones entre los principales procesados y empresarios de relevancia en la órbita del Kremlin, como los hermanos Rotenberg, consolidaron la percepción de que las investigaciones alcanzan a figuras tradicionalmente cercanas al poder.
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(Con información de EFE)
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