El futuro de miles de hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podría definirse esta semana, con el anuncio pendiente de una decisión fundamental de la Corte Suprema sobre la continuidad del programa y el alcance legal para su cancelación.
El presidente de la Asociación Hondureña Estadounidense, Jay Miranda, explicó que el caso no solo involucra la permanencia del TPS para Honduras: también plantea un debate constitucional sobre los límites del poder presidencial frente a la revisión judicial.
Miranda indicó: “Son unos 55 mil hondureños con TPS, y es un impacto económico notable que tendría Estados Unidos si se cancela el programa; eso es lo que se va a tratar este miércoles”.
Decisión Clave
Según Miranda, la discusión central que analizará la Corte Suprema es si el Poder Judicial puede intervenir o frenar decisiones del Ejecutivo en materia migratoria, particularmente en la terminación de programas como el TPS.
Agregó: “El gobierno argumenta que estas decisiones son potestad del Ejecutivo y que los jueces no deben intervenir. En febrero se canceló el TPS para más de cincuenta y cinco mil hondureños”.
El fallo, que se espera con gran expectativa, podría impactar también a ciudadanos de al menos 17 países que actualmente están bajo algún tipo de protección migratoria en Estados Unidos. El TPS opera como una vía para que miles de migrantes trabajen y residan legalmente tras crisis en sus países de origen.
Honduras- Estados Unidos
Miranda mencionó que han observado el interés del Gobierno hondureño por dar seguimiento al tema y se refirió al acercamiento con autoridades diplomáticas.
“Vemos con positividad que el Gobierno de Asfura les está dando atención”, afirmó.
Además, expuso que recientemente mantuvo reuniones con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Florés Bermúdez, con la finalidad de coordinar esfuerzos a favor de los beneficiarios del TPS.
“Por eso nosotros hemos ofrecido al embajador y a la Cancillería trabajar en conjunto para ayudar a nuestra gente tepesiana que está ahorita al borde”, explicó.
Preocupación latente
El representante advirtió que la actual incertidumbre genera preocupación entre los beneficiarios, quienes buscan alternativas legales ante la posibilidad de perder su estatus migratorio.
“Ahorita nuestra gente tepesiana no está protegida. Cuando no están protegidos, se desesperan y empiezan a buscar abogados, a organizaciones, y muchas veces algunos abogados los estafan: no les dan soluciones o les ofrecen falsas promesas”, alertó.
La decisión de la Corte Suprema tendría la capacidad de establecer un precedente legal en Estados Unidos respecto a la intervención del Poder Judicial en decisiones migratorias del Ejecutivo, un asunto que ha alimentado el debate político y jurídico en los últimos años.
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