La diputada oficialista Elida Yalis Soto presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que prohíbe grabar o difundir imágenes de personas en peligro sin haber pedido antes asistencia. La iniciativa, bajo estudio desde un mes atrás, prevé multas, trabajo comunitario y agravantes si la omisión contribuye a la muerte o al agravamiento de la víctima.
Según Diario Libre y Polo Noticias, el proyecto está en la comisión de Presidencia de la Cámara de Diputados y solo resta un informe para que sea conocido por el Pleno. La propuesta fija deberes mínimos de actuación en emergencias.
Según Diario Libre, la pieza legislativa sancionaría a quienes graben, fotografíen o difundan imágenes de personas en estado crítico cuando hayan priorizado la captación de contenido audiovisual sobre la asistencia. La conducta prohibida incluye no alertar antes a los servicios de emergencia.
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¿Qué obligaciones fija ante una emergencia?
El texto establece que toda persona que presencie una emergencia deberá notificar de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, permanecer en el lugar hasta la llegada de ayuda cuando sea seguro hacerlo y brindar asistencia básica de acuerdo con sus conocimientos y capacidades, según Polo Noticias.
La iniciativa también prohíbe abandonar a una persona en estado crítico sin haber realizado al menos la notificación a los servicios de emergencia, siempre que exista la posibilidad de hacerlo, de acuerdo con Diario Libre. La norma se aplicaría en accidentes de tránsito, riñas o actos de violencia, emergencias médicas, desastres naturales y cualquier otro evento con riesgo de muerte o daños graves.
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Quien se encuentre ante una persona cuya vida o integridad física esté en peligro inminente tendría el deber de pedir ayuda primero y no de registrar la escena. Según Diario Libre, la propuesta busca regular la conducta ciudadana en esas situaciones e incorporar mecanismos de protección legal.
Protección legal y protocolo de actuación
El proyecto crea una protección legal para el denominado “Buen Samaritano”, según Polo Noticias. Quienes actúen de buena fe para auxiliar a una persona en una emergencia no serían responsables civil ni penalmente por daños no intencionales derivados de su intervención, siempre que no hayan actuado de forma temeraria o negligente.
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La propuesta también establece el protocolo nacional de actuación “Salvar Vidas”, de acuerdo con Diario Libre. Ese esquema incluye identificar peligros, avisar al 9-1-1, evaluar el estado de la víctima, evitar moverla de manera innecesaria, ofrecer ayuda dentro de las capacidades de cada persona y respetar la dignidad de los afectados al abstenerse de grabar o difundir imágenes.
Además, el Estado tendría que implementar campañas de concienciación, programas de formación en primeros auxilios e incorporar contenidos sobre respuesta a emergencias dentro del sistema educativo, según Polo Noticias.
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