Grabar a víctimas de emergencias sin pedir ayuda podría ser sancionado por ley en República Dominicana

La diputada oficialista Elida Yalis Soto presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que prohíbe grabar o difundir imágenes de personas en peligro sin haber pedido antes asistencia. La iniciativa, bajo estudio desde un mes atrás, prevé multas, trabajo comunitario y agravantes si la omisión contribuye a la muerte o al agravamiento de la víctima.

Según Diario Libre y Polo Noticias, el proyecto está en la comisión de Presidencia de la Cámara de Diputados y solo resta un informe para que sea conocido por el Pleno. La propuesta fija deberes mínimos de actuación en emergencias.

Según Diario Libre, la pieza legislativa sancionaría a quienes graben, fotografíen o difundan imágenes de personas en estado crítico cuando hayan priorizado la captación de contenido audiovisual sobre la asistencia. La conducta prohibida incluye no alertar antes a los servicios de emergencia.

¿Qué obligaciones fija ante una emergencia?

El texto establece que toda persona que presencie una emergencia deberá notificar de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, permanecer en el lugar hasta la llegada de ayuda cuando sea seguro hacerlo y brindar asistencia básica de acuerdo con sus conocimientos y capacidades, según Polo Noticias.

La iniciativa también prohíbe abandonar a una persona en estado crítico sin haber realizado al menos la notificación a los servicios de emergencia, siempre que exista la posibilidad de hacerlo, de acuerdo con Diario Libre. La norma se aplicaría en accidentes de tránsito, riñas o actos de violencia, emergencias médicas, desastres naturales y cualquier otro evento con riesgo de muerte o daños graves.

Quien se encuentre ante una persona cuya vida o integridad física esté en peligro inminente tendría el deber de pedir ayuda primero y no de registrar la escena. Según Diario Libre, la propuesta busca regular la conducta ciudadana en esas situaciones e incorporar mecanismos de protección legal.

Protección legal y protocolo de actuación

El proyecto crea una protección legal para el denominado “Buen Samaritano”, según Polo Noticias. Quienes actúen de buena fe para auxiliar a una persona en una emergencia no serían responsables civil ni penalmente por daños no intencionales derivados de su intervención, siempre que no hayan actuado de forma temeraria o negligente.

La propuesta también establece el protocolo nacional de actuación “Salvar Vidas”, de acuerdo con Diario Libre. Ese esquema incluye identificar peligros, avisar al 9-1-1, evaluar el estado de la víctima, evitar moverla de manera innecesaria, ofrecer ayuda dentro de las capacidades de cada persona y respetar la dignidad de los afectados al abstenerse de grabar o difundir imágenes.

Además, el Estado tendría que implementar campañas de concienciación, programas de formación en primeros auxilios e incorporar contenidos sobre respuesta a emergencias dentro del sistema educativo, según Polo Noticias.