
El Gobierno de Honduras aprobó el Proyecto de Presupuesto General para 2026 por 444.265,8 millones de lempiras, avanzando una estrategia de responsabilidad fiscal que busca contener el gasto público y reforzar la estabilidad macroeconómica.
La decisión fue adoptada la noche del 8 de abril en sesión del Consejo de Secretarios de Estado, y anunciada públicamente por el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, a través de su cuenta en x.
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El objetivo central, de acuerdo con declaraciones anteriores del presidente Nasry Asfura, es priorizar recursos hacia sectores clave y evitar que el país opere por más tiempo bajo un presupuesto desactualizado.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguro que existe “voluntad política para evitar que el primer semestre del año concluya sin un presupuesto actualizado”. Esta afirmación enfatiza la urgencia que atraviesa el país, pues Honduras ha funcionado durante aproximadamente cuatro meses con la asignación presupuestaria del ejercicio 2025, generando preocupación en distintos sectores sociales y limitaciones administrativas que obstaculizan la planificación estatal y la inversión pública.
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El presupuesto presentado representa una reducción de más de 25 mil millones de lempiras respecto a la propuesta inicial, según informó Hércules en su anuncio. La cifra definitiva, aunque está por debajo del recorte de 39 mil millones estimado por Asfura en el primer Consejo de Ministros del año, implica un ajuste relevante frente al monto aprobado para 2025.
El Presupuesto General de la República 2025 fue aprobado por un monto cercano a 469 mil millones de lempiras, ubicándose como uno de los más altos en la historia del país. De ese total, más del 60 % se destinó a salud, educación, seguridad y defensa, absorbiendo la mayor parte del gasto en salarios, operación institucional e inversión pública.
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La disminución para 2026 se alinea con una nueva política de disciplina fiscal. Emilio Hércules explicó que el recorte “no implica necesariamente una reducción en áreas prioritarias”. Aclaró que se trata de redistribuir recursos para hacer más eficiente el gasto, priorizando sectores esenciales sin comprometer la estabilidad económica nacional.
Sectores señalaron que operar con el presupuesto del año anterior genera rigideces que complican la ejecución de nuevas políticas y la adaptación a demandas emergentes.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, subrayó la importancia de contar con una herramienta financiera que responda al plan y los proyectos del gobierno, afirmando: “Nosotros ocupamos que el gobierno tenga el presupuesto de acuerdo al plan de gobierno, a los proyectos, a las propuestas que hizo y así poderle dar una respuesta efectiva al pueblo hondureño”.
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El presupuesto será remitido en las próximas horas al Congreso Nacional, que enfrenta la responsabilidad de analizar, debatir y aprobar el instrumento financiero. Como es habitual en el proceso legislativo hondureño, la discusión puede derivar en modificaciones por efecto de negociaciones políticas, lo que en algunos años ha alterado la propuesta original del Ejecutivo.
La reducción planteada por el Gobierno también responde a un contexto regional adverso, donde la inflación, el endeudamiento y la desaceleración económica han motivado a varios países a ajustar sus cuentas públicas.
Desde la administración de Asfura señalan que esta decisión busca transmitir señales de estabilidad y solidez a los mercados y a los organismos internacionales de crédito.
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La administración de Asfura enfrenta el desafío de avanzar en su programa de gobierno bajo presiones ciudadanas y exigencias de mayor transparencia en el uso de recursos. Desde el sector empresarial demandan que el presupuesto promueva desarrollo y productividad sin descuidar la cobertura de necesidades básicas.
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