
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica anunció un conjunto de modificaciones en el sistema de consultas civiles disponible en su sitio web institucional.
La decisión surge en respuesta al aumento de incidentes relacionados con el cibercrimen, como estafas informáticas, suplantación de identidad y utilización fraudulenta de información sensible para fines ilícitos.
Las nuevas disposiciones, que deben entrar en vigor en un plazo máximo de 45 días naturales, buscan reforzar la protección de los datos personales de los ciudadanos costarricenses, adaptando los procesos a los riesgos actuales del entorno digital.
El TSE instruyó a la Dirección General de Estrategia Tecnológica y a la Dirección General del Registro Civil para que gestionen la implementación de estos ajustes en el menor tiempo posible.
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La institución enfatizó que las consultas civiles abiertas en la web representan una herramienta valiosa para la transparencia y el acceso a la información pública, pero advirtió sobre la necesidad de equilibrar ese acceso con la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales, en cumplimiento con la legislación vigente y los principios constitucionales.
Uno de los principales cambios introducidos consiste en la obligación de registro previo y creación de usuario para quienes deseen acceder a la información civil a través del sitio web del TSE.
Este procedimiento, similar al implementado por el Registro Nacional, permitirá identificar a cada persona usuaria, así como la trazabilidad de cada consulta realizada en la plataforma. El organismo electoral sostiene que este control es fundamental para prevenir usos indebidos de la información y para dar respuesta ante eventuales incidentes de seguridad.
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Además del registro obligatorio, el TSE dispuso la adopción de medidas técnicas para anonimizar los datos vinculados a matrimonios y divorcios. A partir de la entrada en vigor de los cambios, las consultas civiles mostrarán únicamente el historial correspondiente, omitiendo los detalles personales de terceras personas involucradas.
Esta política de anonimización se aplicará también a las certificaciones registrales digitales, mientras que las certificaciones físicas que se expidan en la sede central y en las 32 sedes regionales del Registro Civil continuarán ofreciendo la información completa, según la normativa previamente establecida.
Otro aspecto relevante de la reforma es la decisión de eliminar el dato relativo a los hijos e hijas de la información disponible en las consultas web. De este modo, el acceso a detalles familiares sensibles quedará restringido en el entorno digital, fortaleciendo la protección de la privacidad y reduciendo los riesgos asociados al uso indebido de estos datos en actividades delictivas.
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El TSE subrayó que esta medida responde a la preocupación creciente de la ciudadanía por la exposición de datos personales en la red y a la obligación institucional de velar por el interés superior de las personas menores de edad.
Para garantizar un acceso equilibrado a la información, el TSE diseñó perfiles diferenciados para profesionales del derecho, notarios públicos y entidades u organismos que, por su función pública, requieran consultar información más amplia. Estos perfiles especiales estarán sujetos a controles más estrictos y requerirán autorización previa del Tribunal, así como la justificación de la necesidad y la proporcionalidad de cada consulta.
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El organismo recalcó que este acceso restringido responde exclusivamente a finalidades legítimas establecidas por la ley y que se mantendrá un monitoreo constante sobre el uso que estos perfiles realicen de la información.

La entidad electoral reiteró su compromiso con el derecho a la información y la transparencia, asegurando que los ajustes introducidos no implicarán una restricción absoluta al acceso de datos públicos, sino una adecuación a los desafíos que plantea la era digital. El TSE destacó la importancia de preservar la confianza de la ciudadanía en los sistemas de información estatal y de fortalecer los mecanismos de protección frente a amenazas externas.
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La puesta en marcha de estas medidas marca un nuevo estándar en la gestión de datos personales en Costa Rica, situando al TSE entre las instituciones públicas que adoptan políticas proactivas frente a los riesgos de la digitalización. Las autoridades informaron que darán seguimiento a la aplicación de los ajustes, evaluando su impacto y su eficacia en la protección de la información civil de la población costarricense.
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