El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, realizó allanamientos y aplicó la privación de dominio a bienes relacionados con el caso Koriun Inversiones.
En el operativo, las autoridades intervinieron viviendas y aseguraron inmuebles que habían sido ofrecidos como parte de la fianza judicial por el gerente de la empresa, Iván Abad Velásquez. Para cubrir la caución de 25 millones de lempiras (aproximadamente USD 1 millón), se propusieron tres propiedades situadas en Choloma y San Manuel, Cortés.
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Según la Fiscalía, estos bienes se encuentran a nombre de terceras personas, como la pareja actual de Velásquez y otros allegados. Aunque se presentaron con un valor de 15 millones de lempiras (alrededor de USD 600.000), la investigación determinó que el monto no corresponde al valor real, ya que se ubican en zonas de baja plusvalía y carecen de mejoras. Se aseguraron también vehículos con solicitudes previas de recuperación.
Decisión judicial y situación de los implicados
El gerente de Koriun Inversiones, junto a su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos, permanece en prisión preventiva por delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
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La defensa de Velásquez había presentado estos bienes para obtener su libertad provisional, pero el juzgado revocó las medidas y ordenó la prisión preventiva. La resolución judicial argumentó que existen fundamentos legales para mantener al imputado bajo custodia, dada la gravedad de los delitos y el riesgo procesal.
El caso Koriun Inversiones es considerado uno de los mayores esquemas de estafa en Honduras, con miles de personas perjudicadas. El Ministerio Público continúa con la recuperación de activos y el aseguramiento de bienes, intentando resarcir el daño causado a los afectados por el esquema fraudulento.
Exfiscal general denuncia presiones políticas en el caso Koriun
El exfiscal general Johel Zelaya reconoció que, durante su gestión en el Ministerio Público, enfrentó “fuertes presiones políticas” que pretendían favorecer al gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez. Según Zelaya, esos intentos buscaron influir en decisiones procesales, aunque aseguró que nunca se permitió que la justicia perdiera su rumbo.
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Zelaya enfatizó que el caso fue presentado ante los tribunales bajo su administración, en un contexto marcado por cambios institucionales y juicios políticos en los órganos de justicia. Las declaraciones del exfiscal reavivaron el debate sobre la independencia judicial en Honduras, advirtiendo que la presión política representa un desafío grave para la autonomía de los poderes del Estado.
El Ministerio Público documentó que Koriun Inversiones funcionó bajo un modelo piramidal, afectando a cerca de 35 mil personas en todo el país. Durante allanamientos realizados a finales de abril de 2025, las autoridades incautaron 358 millones de lempiras (aproximadamente USD 14,3 millones) en efectivo en varias sedes de la empresa y en la vivienda del gerente.
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Las irregularidades salieron a la luz tras denuncias de ciudadanos por incumplimientos en los pagos de la empresa. Zelaya advirtió que la historia del país demuestra que los intentos de control absoluto no permanecen impunes ante la ciudadanía y subrayó la importancia de la vigilancia social para preservar la independencia de las instituciones.
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