El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador dictó prisión provisional para José Roberto Aparicio Chávez, de 53 años, acusado de estafa agravada en contra de una sociedad dedicada a la venta de productos farmacéuticos. La medida surge tras comprobar que el imputado giró cuatro cheques sin fondos por un valor total de $33,320 en el marco de un acuerdo comercial relacionado con la compra de guantes quirúrgicos, según la información difundida por Centros Judiciales El Salvador.
De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), desde 2020 el procesado estableció una relación comercial con la sociedad víctima para la adquisición de productos médicos e insumos hospitalarios. Durante este período, el acusado realizó varias transacciones sin inconvenientes, lo que generó confianza en la empresa afectada.
El caso que derivó en la detención ocurrió cuando la víctima entregó un lote de guantes quirúrgicos tras recibir los cheques que posteriormente resultaron incobrables, debido a que la cuenta bancaria había sido cerrada antes de su emisión. La suma de los documentos ascendía, según la FGR, a $33,320, monto que la farmacia no logró recuperar.
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La acusación sostiene que el imputado tenía pleno conocimiento de que la cuenta ya no estaba activa en el momento en que emitió los cheques. Pese a los intentos de contacto realizados por la sociedad afectada tras el rechazo bancario, Aparicio Chávez no atendió llamadas ni respondió mensajes, lo que para la parte acusadora constituye una maniobra deliberada para burlar la buena fe del proveedor.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró que existen elementos suficientes para presumir la existencia del delito y la probable participación del acusado, por lo que ordenó su detención provisional y la remisión del expediente a la etapa de instrucción formal, según los datos publicados Centros Judiciales El Salvador.
El delito de estafa agravada en la legislación salvadoreña
El Código Penal de El Salvador tipifica la estafa en su artículo 215, estableciendo que comete este delito quien, con ánimo de lucro y valiéndose de ardid o engaño, induce a error a otra persona para obtener un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de un tercero. La pena ordinaria oscila entre uno y cinco años de prisión, pero si la cuantía defraudada supera los valores indicados en la ley, o si existen circunstancias agravantes —como el uso de documentos bancarios falsos o el abuso de relaciones comerciales previas—, la sanción puede elevarse hasta ocho años.
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La modalidad de emitir cheques sin fondos, o después de cerrar la cuenta, constituye un agravante conforme al mismo artículo y a la Ley de Cheques, lo que refuerza la aplicación de la detención preventiva durante la fase de instrucción, de acuerdo con analistas jurídicos consultados por El Diario de Hoy, medio que ha reportado sobre casos similares en el país.
Contexto: otros casos recientes de estafas en El Salvador
Durante los últimos meses, la Policía Nacional Civil (PNC) ha informado sobre un aumento en denuncias por estafa relacionadas con cheques y transferencias electrónicas fraudulentas, muchas de ellas enfocadas en el sector de proveedores médicos y farmacias. En marzo pasado, las autoridades capturaron a dos personas por un esquema similar que afectó a una distribuidora de medicamentos en San Miguel, donde las víctimas entregaron mercadería tras recibir comprobantes falsos de transferencias.
Según cifras de la FGR, las denuncias por estafa en operaciones comerciales han crecido más de 15 % respecto al año anterior. El Ministerio de Economía ha advertido a empresas y comercios sobre la necesidad de verificar la validez de documentos bancarios antes de concretar entregas de productos, especialmente en el sector salud, donde la demanda de insumos genera oportunidades para fraudes.
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El proceso judicial contra Aparicio Chávez continuará en los tribunales de San Salvador, mientras la empresa espera que la resolución siente un precedente frente a la proliferación de este tipo de delitos en el país.
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