Fiscal Johel Zelaya comparece ante comisión especial del congreso nacional y reitera persecución en su contra por su lucha contra la corrupción

Desde el salón de retratos del Congreso Nacional, Zelaya sostuvo que la falta de objetividad de los diputados y la naturaleza política de la denuncia limitan sus posibilidades de defensa, marcando así un episodio de tensión institucional cuya consecuencia principal podría ser su remoción del cargo y la redefinición de la política judicial en Honduras.

En una de sus intervenciones más relevantes ante la comisión, el fiscal general suspendido destacó que la tramitación del caso conocido como “Chequesol” requirió siete meses de investigación, un dato que, según afirmó ante los diputados, demuestra el rigor y la complejidad de los procesos bajo su mando.

Esta duración se contrapone a otros expedientes resueltos en lapsos más breves, evidenciando la disparidad en los tiempos de resolución según las características de cada caso, como recordó en su respuesta ante los reclamos del diputado liberal Francis Cabrera.

En relación con la denuncia de una supuesta intromisión de las Fuerzas Armadas en las elecciones primarias, Zelaya explicó que su participación se limitó a la logística del traslado de materiales electorales, función que está asignada constitucionalmente a los militares. Remarcó que solo actuó bajo petición formal del entonces general Roosevelt Hernández y negó investigaciones al respecto.

Al ser cuestionado por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, Zelaya admitió que su nombramiento fue realizado por una Comisión Permanente compuesta por nueve legisladores, aunque defendió que asumir el cargo fue una decisión política ante la coyuntura del momento.

Rivera Callejas, quien en su momento votó a favor de la designación, calificó luego este procedimiento como “ilegal y violatorio de la Constitución”, resaltando así la controversia que rodea tanto el acceso de Zelaya al puesto como las acciones derivadas de su gestión.

Zelaya subrayó durante la sesión que “no ha sido selectivo” en su actuar en el Ministerio Público y que se han presentado requerimientos fiscales relacionados con todos los partidos políticos, negando de manera tajante cualquier persecución política. Esta defensa incluyó el señalamiento de que nunca se le cruzó por la cabeza investigar directamente a miembros de la junta directiva legislativa ni a funcionarios que actualmente ocupan altos cargos ministeriales.

Otra polémica abordada fue la difusión de audios que involucrarían a tres ciudadanos en un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, hecho que, según el fiscal, puso a prueba tanto la capacidad investigativa de la institución como la cooperación internacional.

Zelaya especificó que la autenticación de estos archivos requiere asistencia técnica de Estados Unidos, Colombia y Perú, y defendió su accionar explicando que se trata de una “notitia criminis”, una denuncia anónima que no obliga inicialmente a preservar la cadena de custodia. Reiteró: “Imagínese si hubiese sido verdad, si se hubiese consumado, para matarlo a uno cualquiera lo mata, no se necesita un traje, solo se necesita un arma de fuego, se imagina que en ese momento se hubiese consumado la muerte de un expresidente se para las elecciones”.

En respuesta al diputado Alex Berrios, Zelaya admitió que recibió los audios de parte del consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa, y que en su momento, un perito del Ministerio Público los examinó, aunque no estaba juramentado, por lo que posteriormente se solicitó asistencia internacional para autenticar el material.

La comisión legislativa cuestionó a Zelaya por supuestas irregularidades en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE), incluidos allanamientos a instalaciones y la intervención de materiales sensibles.

El fiscal negó haber ordenado acciones que pudieran poner en riesgo el proceso electoral, aunque admitió presiones para involucrar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC) en operaciones dentro de las bodegas del CNE y el centro de logística electoral conocido como Infop.

Declaró haber cambiado su número telefónico ante estas presiones y sostuvo que su intención nunca fue interferir en el desarrollo electoral, una afirmación sustentada en la documentación presentada posteriormente.

Respecto al asesinato del ambientalista Juan López, uno de los casos de alto perfil aún pendientes, Zelaya adelantó que en abril se presentarán requerimientos fiscales, marcando un avance concreto en la investigación y resaltando la permanencia de investigaciones abiertas bajo su supervisión.

En el caso de la detención de tres generales retirados por la muerte del joven Isis Obed Murillo, Zelaya manifestó que la imputación se basa en la ausencia de un arma identificada y se dirige a las autoridades de la cadena de mando militar, según corresponde a la ley penal militar y como fue relatado en la sesión de la comisión.

Asimismo, el trato dado a la Unidad Fiscal Especial de Redes contra la Corrupción (Uferco) fue tema de escrutinio, resaltándose que solo se han presentado tres requerimientos fiscales en dos años y medio, una cifra que, según Zelaya, obliga a una depuración inmediata de líneas de investigación consideradas innecesarias.

La aparente disparidad en la agilidad de los procesos judiciales fue objeto de críticas reiteradas. El diputado liberal Francis Cabrera preguntó a Zelaya por qué el requerimiento fiscal relativo al caso de tres adultos mayores acusados de terrorismo se oficializó en diez días, mientras que el caso “Chequesol”, que involucra a Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona, demoró siete meses.

Zelaya argumentó que los procedimientos responden a diferencias sustanciales en la complejidad jurídica y la naturaleza de las pruebas, incluyendo el hecho de que algunos informes, como el del Tribunal Superior de Cuentas, no son vinculantes jurídicamente y otros expedientes se abren en respuesta a noticias criminis.

En respuesta a las críticas de la diputada Luz Ernestina Mejía sobre la excesiva rotación y traslado de fiscales, Zelaya defendió que la legislación le confiere esa atribución y comparó el trabajo de estos funcionarios con el de los militares, dado que pueden ser movilizados en cualquier momento según las necesidades del Ministerio Público.

La comparecencia de Johel Zelaya ante la comisión legislativa ocurre en un contexto de máxima tensión entre poderes, en un proceso donde el resultado puede redefinir la orientación política e institucional del Ministerio Público y la fiscalización del sistema electoral en Honduras.

El escenario político hondureño se vio sacudido por los intercambios entre el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, y el fiscal suspendido Johel Zelaya, durante el interrogatorio realizado en el Congreso Nacional, en el que se abordó la utilización de audios privados en investigaciones y la disparidad en la aplicación del criterio de cadena de mando.

Mientras el interrogatorio de Cálix insistía en la justificación de las diferencias en la cadena de mando empleada por el Ministerio Público, otro aspecto cobró relevancia al cierre de la audiencia: el fiscal suspendido reclamó al legislador que proponga reformas al Congreso Nacional para agilizar los procesos en los organismos electorales.

Zelaya subrayó en su intervención final: “Jamás vamos a encontrar a gente con poder político como ustedes en cárceles como La Tolva”, un dardo directo a los diputados, a quienes invitó a constatar en persona la situación de los recintos penitenciarios. En las últimas horas, el Congreso Nacional agendó la comparecencia de Zelaya ante el pleno para la sesión prevista el miércoles 25 de marzo de 2026.

La atención se centró en los métodos con los que la fiscalía ha abordado diversas denuncias, especialmente en casos donde figuras políticas de alto rango podrían estar implicadas, lo que adelanta posibles consecuencias para el Partido Liberal, según los dichos del propio Zelaya, citados por el Congreso Nacional en la sesión.

El debate incluyó reiteradas dudas sobre la autenticidad de los audios que involucran a una consejera del CNE y figuras de alto perfil. El diputado Kilvett Bertrand indagó sobre el método de identificación de las voces, incluyendo la imputación a un militar en activo de las Fuerzas Armadas. Zelaya afirmó que se basó en la información proporcionada por el consejero Marlon Ochoa y descartó cuestionar la veracidad de esas fuentes.

Frente a la presión parlamentaria, Zelaya insistió: “Como Fiscal General estoy muy bien informado”, defendiendo la autenticidad de los materiales y desmintiendo el uso de inteligencia artificial en el análisis de los audios. Solicitó un plazo de 15 días para facilitar el desbloqueo de los archivos y permitir su verificación por parte del Legislativo

En un bloque específico, el fiscal justificó que en uno de los audios examinados sí se aprecia la entrega de dinero, “y en el otro no”, remarcando así la diferencia procesal aplicada en cada expediente. Cuando fue consultado sobre la actuación del Ministerio Público respecto a los videos que involucran a Carlos Zelaya y Mauricio Villeda, indicó que Jorge Cálix contaba con información de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y que el video de Carlos Zelaya data de 2013, año en que el delito de conspiración aún no figuraba en el Código Penal hondureño.