Guardia de seguridad es capturado en Honduras por presunta agresión sexual a una niña de cinco años

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura de un guardia de seguridad de 78 años, originario de Olancho y residente en la colonia Berlín de El Progreso, Yoro, acusado de cometer agresiones sexuales contra una niña de apenas cinco años. La detención, realizada tras varios días de labores de inteligencia y vigilancia en la colonia Covitral, fue confirmada y difundida tanto por la DPI como por Diario El Tiempo, que consignó el relato de los hechos en su cobertura.

Según el reporte oficial, los agentes de la DPI ejecutaron la orden judicial emitida el 19 de marzo por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, luego de identificar indicios racionales que vinculan al detenido con el delito de otras agresiones sexuales. Mientras la madre atendía su negocio, la niña se alejó algunos metros para jugar, momento que habría sido aprovechado por el guardia para realizar tocamientos en las partes íntimas de la menor.

La denuncia inmediata presentada por la madre permitió que la DPI iniciara de forma expedita la recolección de pruebas testificales y periciales necesarias para judicializar el caso. Tras la captura, los agentes policiales leyeron los derechos constitucionales al imputado y procedieron a su traslado a las instalaciones del Ministerio Público, donde se iniciará el proceso penal para determinar su responsabilidad técnica y legal.

El caso registrado en Yoro se enmarca en un contexto nacional alarmante respecto a la violencia sexual contra niñas y mujeres en Honduras. De acuerdo con datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos, la situación es crítica y persistente. Según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2025 el Ministerio Público recibió 3,350 denuncias por violencia sexual contra mujeres, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias (SNE-911) reportó 3,233 llamadas relacionadas con delitos sexuales, un incremento respecto a 2024.

La DPI reportó un aumento significativo en la cantidad de capturas por delitos sexuales en 2025, con 401 detenidos en los primeros siete meses del año, lo que representa un incremento del 41.2% comparado con el año anterior. Entre los capturados, se incluyeron 12 menores de edad y varios casos de reincidencia. Los departamentos con mayor incidencia de capturas por delitos sexuales incluyen Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, La Paz, Olancho, Francisco Morazán, Lempira e Islas de la Bahía.

La violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes: el 62% de las víctimas son menores de edad, según el CDM. La Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas del Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que 24 de cada 100 mujeres en Honduras han experimentado violencia sexual al menos una vez en su vida. A pesar de la gravedad de la problemática, existe un subregistro importante de casos, ya que nueve de cada diez mujeres no denuncian las violencias sufridas, debido a la normalización social, el temor a represalias y la falta de confianza en las instituciones.

En cuanto a la respuesta judicial, la impunidad sigue siendo una constante. En 2024, de los 854 casos de violencia sexual ingresados en los juzgados, solo 298 obtuvieron sentencia condenatoria, lo que equivale al 35% del total. Más de la mitad de estas condenas correspondieron a denuncias por el delito de violación. Las cifras muestran que la mayoría de los casos no logran avanzar en el sistema de justicia, lo que deja a muchas víctimas sin una resolución efectiva ni acceso a la reparación.

La DPI y organizaciones de derechos humanos han instado a la población a denunciar cualquier hecho de abuso sexual, recordando que el número 911 está habilitado para recibir denuncias anónimas y confidenciales. Las autoridades recalcan la importancia de que las víctimas y sus familias rompan el silencio para que los agresores sean procesados. Además, diversas voces sociales y especialistas hacen énfasis en la necesidad de fortalecer la prevención, la atención integral y la protección de niñas y adolescentes, así como de asegurar el acceso a la justicia y a servicios de apoyo psicológico y médico especializados.

El caso de Yoro visibiliza las vulnerabilidades a las que están expuestas muchas niñas en Honduras y la urgencia de una respuesta estatal efectiva para erradicar la violencia sexual y garantizar entornos seguros para la niñez.