La familia de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, negó categóricamente cualquier implicación del exmandatario en el asesinato de Saíd Lobo Bonilla, hijo del también expresidente Porfirio Lobo Sosa, un crimen ocurrido en 2022 que generó acusaciones públicas tras declaraciones de Lobo Sosa respecto a supuesta información de las autoridades estadounidenses.
El origen de la controversia fue la comparecencia de Porfirio Lobo Sosa ante el Ministerio Público hondureño, donde el exgobernante, quien presidió el país entre 2010 y 2014, declaró haber recibido la visita de agentes federales de Estados Unidos que le informaron sobre la captura de Gerson Cuadra Soto, conocido como “El Fantasma”, presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). Lobo Sosa afirmó a la prensa que este individuo confesó a las autoridades estadounidenses su participación en el homicidio y aseguró que la orden provenía de Juan Orlando Hernández.
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“Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos (Estados Unidos). Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”, expresó Lobo Sosa a los medios de comunicación.
Para refutar cualquier vínculo con el asesinato, la familia Hernández señaló que Juan Orlando Hernández se encontraba privado de libertad en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, desde antes de la fecha del crimen, bajo condiciones de seguridad extremas y vigilancia permanente. El comunicado sostiene que: “El expresidente permanecía bajo monitoreo permanente las 24 horas del día”, dato que para los familiares excluye “cualquier posibilidad de orden o coordinación” de acciones criminales desde su lugar de reclusión.
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Durante una audiencia judicial celebrada el 18 de enero de 2024 ante el juez federal Kevin Castel en Nueva York, se hace referencia a la supuesta existencia de pruebas sensibles relacionadas con amenazas contra la familia Hernández, material que, según los familiares, también “podría aportar elementos” en relación con el asesinato de Saíd Lobo. Este informe habría sido mencionado específicamente en el proceso judicial que enfrenta Hernández en Estados Unidos.
De igual manera, el pronunciamiento de la Familia Hernández Alvarado, incluyó una expresión de solidaridad con la familia Lobo y rechazó en forma absoluta cualquier relación de JOH con el asesinato de Saíd Lobo.
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En respuesta a las acusaciones, la familia Hernández presentó registros detallados de acontecimientos que, en su criterio, deben ser revisados bajo el principio de objetividad por el Ministerio Público hondureño. En particular, solicitaron asistir la investigación con cooperación judicial internacional para obtener el supuesto informe del FBI mencionado en el proceso judicial estadounidense.
El comunicado familiar indica que ese documento, “mencionado durante una audiencia previa al juicio celebrada el 18 de enero de 2024 ante el juez federal Kevin Castel en la corte de Nueva York”, incluiría información relativa a amenazas de organizaciones criminales. La familia sostiene que tal material “podría revelar la existencia de una supuesta conspiración dirigida no sólo contra miembros de la familia Hernández, sino también contra la familia Lobo Sosa y otros hondureños relevantes”.
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La familia Hernández aseguró haber sido objeto de amenazas de muerte desde 2022 por parte de estructuras criminales. Afirmaron haber comunicado estos riesgos, en varias ocasiones, a instituciones oficiales, incluido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), y señalaron que se hicieron exposiciones públicas en distintos momentos con el objetivo de alertar sobre su situación de seguridad.
Según la versión familiar, durante la citada audiencia en Nueva York el propio Juan Orlando Hernández informó al tribunal que el FBI había remitido “información sensible” a la Fiscalía estadounidense sobre amenazas directas contra su núcleo familiar.
Los parientes del exgobernante manifestaron que la documentación del FBI, solicitada en el marco de la asistencia judicial, contendría referencias al asesinato de Saíd Lobo como parte de una operación criminal más amplia que habría tenido otros objetivos en la élite política hondureña.
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El escrito también subrayó que esta situación fue notificada dos veces a la Embajada de Estados Unidos en Honduras, siempre según la versión de la familia Hernández.
Otro aspecto abordado por el comunicado es la condición de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. Según los familiares de Hernández, cuando Saíd Lobo fue asesinado ninguno de ellos sabía que Fabio Lobo sería testigo en el proceso judicial contra el exmandatario. Precisan que ese conocimiento solo pertenecía en ese momento a fiscales estadounidenses y a agentes de la DEA.
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