Tras más de dos años sin placas metálicas, el Congreso Nacional inicia acciones para resolver la crisis vehicular en Honduras

La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras tendrá 30 días para presentar propuestas concretas que permitan resolver la ausencia de placas metálicas para automóviles y motocicletas, un problema que afecta a entre 800 mil y un millón de vehículos que circulan actualmente con permisos provisionales desde hace más de tres años.

La crisis de las placas metálicas comenzó en mayo de 2023, cuando Honduras suspendió su emisión a raíz de problemas vinculados con el suministro y la contratación del proveedor encargado de su fabricación.

Desde entonces, la imagen del tráfico en Tegucigalpa, Comayagüela y otras ciudades se ha transformado, es frecuente ver automóviles y motocicletas circulando con permisos temporales de papel pegados en los parabrisas, documentos que se deterioran por el sol o la lluvia y que dificultan la identificación de los vehículos.

El diputado Juan Carlos Lagos expuso ante el pleno sus dudas sobre el origen del desabastecimiento y cuestionó a las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) por la demora en la reposición. Planteó inquietudes sobre posibles problemas contractuales, presupuestarios, logísticos o de licitación y exigió respuestas institucionales sobre los obstáculos concretos para normalizar la emisión de placas.

La diputada Gerlen Bonilla informó ante el Congreso Nacional que el número de vehículos afectados oscila entre 800 mil y un millón, cifra que revela la magnitud de la crisis. Bonilla subrayó que numerosos propietarios han pagado sus matrículas, pero aún no reciben la placa metálica correspondiente.

Asimismo señaló: “La solución a este problema la viene pidiendo el pueblo hondureño, que venimos padeciendo esta falta de responsabilidad del Estado en no brindar las placas metálicas”. Además, criticó las multas aplicadas a conductores que ya cumplieron con sus obligaciones legales: “El pueblo hondureño está cansado de que lo estén multando por un derecho por el que ya pagó”.

Durante los primeros meses de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, se entregaron las últimas placas metálicas. Posteriormente, el sistema pasó a utilizar identificaciones temporales impresas en papel.

En 2023, el IP informó que la escasez se debía a la falta de materiales y aseguró una solución temporal que no llegó a implementarse. En 2024, la institución admitió que el atraso responde a la ausencia de un proveedor responsable de la fabricación, y señaló que las licitaciones estaban en proceso de revisión. Este escenario prolongó la crisis e impidió la reposición de placas para motocicletas.

La circulación de vehículos sin placas tradicionalmente alertaba a las autoridades. La falta de identificación genera sospechas sobre posibles vínculos con actividades ilícitas o robos. Aunque la prolongación del fenómeno lo ha normalizado, los inconvenientes persisten. Los números escritos en papel suelen volverse ilegibles a los pocos días, lo que obstaculiza la labor de la policía y la vigilancia vial.

Ell titular del Congreso, Tomás Zambrano, propuso crear una comisión especial para dialogar con el IP y otras instituciones vinculadas a la impresión y distribución de placas. Esta comisión, presidida por el diputado nacionalista Mario Pérez, tendrá la tarea de investigar las causas del prolongado desabastecimiento y de presentar propuestas de solución en un plazo de 30 días.

A la iniciativa se sumaron los legisladores Gerlen Bonilla y Juan Carlos Lagos, quienes ya habían promovido mociones similares. El acuerdo busca centrar los esfuerzos dentro del Congreso Nacional para acelerar una respuesta a una de las crisis administrativas más extensas del sistema vehicular hondureño.

El informe que produzca la comisión especial deberá contemplar alternativas como la contratación de nuevos proveedores, la modificación de los procesos de licitación o la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el sistema de registro y control vehicular. Mientras tanto, miles de conductores continúan en situación de incertidumbre, dependiendo de permisos temporales y a la espera de una solución definitiva.