Juan Orlando Hernández denuncia persecución política tras quedar vigente la orden de captura en su contra

La justicia hondureña decidió mantener vigente la orden de captura y alerta internacional contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, bloqueando así cualquier posibilidad de regreso voluntario al país sin detención inmediata, pese a que el exmandatario recibió un indulto en Estados Unidos tras haber sido condenado a 45 años por narcotráfico en 2022.

La decisión, oficializada este jueves, incluyó la declaración de “sin lugar” tanto a la revocatoria de la orden de captura como al recurso de reposición interpuesto por el equipo legal del exmandatario. De acuerdo con el fallo, si Hernández intenta regresar a territorio hondureño, las autoridades locales podrán arrestarlo de manera inmediata para que enfrente los procesos judiciales abiertos en su contra.

A pesar del indulto en territorio estadounidense, el expresidente Hernández permanece bajo la lupa judicial en Honduras, donde enfrenta nuevas acusaciones junto a otros siete exfuncionarios, incluido el expresidente Porfirio Lobo Sosa. En octubre de 2023, el Ministerio Público de Honduras formalizó cargos que señalan a Hernández como beneficiario de un esquema de desvío de fondos públicos, valiéndose de fundaciones y empresas vinculadas a proyectos sociales.

Según la investigación fiscal, el exmandatario habría recibido al menos 62 millones de lempiras de instituciones estatales. La fiscalía sostiene que estos recursos sirvieron para financiar actividades políticas relacionadas con su campaña presidencial.

El supuesto mecanismo de desvío abarcaba la creación de empresas fantasma, el uso de prestanombres y la generación de contratos ficticios para ocultar el origen y destino del dinero público. El financiamiento habría beneficiado a estructuras políticas como “Azules Unidos”, “Amigos de JOH” y a la sociedad mercantil “La Cachureca”, además de distribuirse entre gerentes de campaña departamentales.

Los fiscales definen estas operaciones como parte de un esquema de lavado de activos, donde fondos estatales fueron canalizados para fines políticos mediante entramados de simulación financiera.

En 2022, la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión por su participación en una conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. En noviembre de 2025, el entonces presidente estadounidense Donald Trump le otorgó un indulto presidencial, lo que permitió que el exgobernante recuperara la libertad antes de cumplir la totalidad de la condena. Hernández manifestó públicamente su deseo de regresar a Honduras, con la condición de contar con “garantías para un proceso judicial justo”.

Después de la ú resolución judicial, Hernández publicó un mensaje en la red social X, denunciando una presunta “persecución política” en su contra por parte de las autoridades hondureñas. Indicó que fue informado previamente de la decisión que le impide presentarse ante la justicia por voluntad propia. Como expresó: “A diferencia de muchos otros casos en los que sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en mi caso no se está permitiendo”. Hernández sostiene que existe un trato desigual y que se le niegan garantías para ejercer su defensa en libertad.

La defensa de Hernández anunció que seguirá presentando recursos legales, entre ellos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revertir la medida. El propósito central es conseguir que Hernández pueda regresar y enfrentar el proceso judicial sin ser arrestado al ingresar en Honduras.

Por ahora, sin embargo, la orden de captura permanece activa y cualquier intento de entrada al país resultaría en detención inmediata. Este escenario ha llevado a otros exfuncionarios, también investigados por causas abiertas durante la anterior administración, a preparar estrategias similares para afrontar su situación legal.