Congreso de Honduras aprueba por unanimidad Ley de Emergencia Vial para intervenir 2 mil 700 kilómetros de carreteras

La aprobación de la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales representa una respuesta inmediata a la grave crisis infraestructural que afecta la red carretera de Honduras.

El Congreso Nacional otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de intervenir, durante un año, en los puntos críticos del sistema vial, procurando evitar que el deterioro avance justo antes de la Semana Santa y del inicio de la temporada de lluvias, cuando el tránsito y los riesgos se incrementan considerablemente.

La norma establece medidas excepcionales, como la contratación directa, compras consolidadas y lease-back de equipos, mecanismos que agilizan los procesos de mantenimiento y reconstrucción. No obstante, dispone que el Tribunal Superior de Cuentas ejecute una auditoría estricta, con controles antes, durante y después de cada intervención, además de la publicación obligatoria de todos los procedimientos en portales de transparencia.

Durante la sesión final, las bancadas de los partidos Liberal, Libre y Pinu advirtieron que el éxito de la ley estará condicionado a resultados visibles en el plazo de un año, requisito indispensable para considerar cualquier extensión futura de la política. Estos grupos subrayaron la necesidad de que los trabajos se reflejen en mejoras tangibles en las carreteras, según se expresó en el hemiciclo.

Horas antes de la aprobación, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, compareció ante la comisión especial del Congreso para describir la magnitud del problema: “La red vial del país está en un estado realmente caótico. La falta de mantenimiento preventivo ha provocado accidentes constantes, mayores tiempos de viaje y elevados costos de operación para los usuarios”, afirmó. Ehrler informó que la ley permitirá intervenir aproximadamente 2 mil 700 kilómetros de carreteras, priorizando corredores turísticos antes de Semana Santa, y tramos estratégicos en vísperas del invierno.

El titular de la SIT precisó que la inversión estimada fluctúa entre 750 y 800 millones de lempiras, monto que se cubrirá integralmente con fondos nacionales. “No se está solicitando ningún financiamiento externo para este proyecto. Todo se hará con fondos nacionales, con precios estandarizados, contratos uniformes y supervisión permanente. Además, se habilitará un portal único de datos abiertos para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a la ejecución y ver cómo se invierten los recursos en tiempo real”, puntualizó Ehrler ante el Parlamento.

El texto normativo incorpora un componente de fortalecimiento municipal: el Programa Especial de Adquisición y Asignación de Maquinaria y Equipo para las Alcaldías Municipales. A través de este mecanismo, se dotará a los gobiernos locales de maquinaria como tractores de oruga, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, tanques de agua y volquetas. La asignación se pactará bajo reglas estrictas de uso y control, sin distinción política. Además, será obligatorio asegurar cada equipo, llevar planes de mantenimiento y prohibir el uso de distintivos de gobierno en la maquinaria, como forma de proteger el patrimonio estatal y garantizar transparencia en el manejo de los bienes.

Durante el debate, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la declaración de emergencia responde a una demanda recurrente de los ciudadanos en todos los departamentos. “Esta ley especial tiene como objetivo darle mantenimiento a la red vial pavimentada en los diferentes departamentos del país. Esto es el primer paso para mejorar la infraestructura; el mantenimiento y reparación de carreteras, y más adelante, cuando aprobemos el Presupuesto General, ya se tendrá la proyección de las carreteras nuevas que el país necesita en distintos municipios y sectores”, afirmó.

Los objetivos de la ley incluyen bacheo provisional, reconstrucción de bordos, señalización, dragado de ríos y construcción o ampliación de puentes en arterias consideradas vitales por su flujo de vehículos, importancia turística o valor productivo. También se avanza en la descentralización del mantenimiento de la red terciaria, con el objetivo de que las alcaldías administren caminos rurales y productivos, lo que amplía significativamente la capacidad de respuesta local ante contingencias.

La Ley Especial entra en vigencia tras su publicación en el diario oficial, autorizando la inmediata ejecución de las intervenciones previstas y marcando el inicio de un plan de emergencia encaminado a revertir el estado crítico de las carreteras y a dotar de mayores capacidades operativas a las municipalidades frente a los desafíos estacionales de las lluvias y las inundaciones.