La fiscalía en Honduras confirmó el inicio de diligencias investigativas en torno al programa Becas 20/20, una iniciativa ejecutada durante los gobiernos del Partido Nacional entre 2014 y 2022. El propósito de la investigación es determinar si hubo irregularidades en la utilización de fondos públicos asignados al proyecto, un proceso que podría derivar en acciones judiciales si se comprueban inconsistencias significativas.
Aunque el programa fue liquidado en 2023 mediante decreto ejecutivo y el Estado implementó posteriormente otros mecanismos de apoyo educativo, la indagatoria se mantiene sobre posibles gestiones irregulares durante su periodo de funcionamiento.
La institución reiteró que “cualquier decisión se adoptará de acuerdo a los resultados de las diligencias y conforme al marco legal”. Hasta la fecha, las autoridades no han identificado personas formalmente señaladas ni definido plazos específicos para la conclusión de la investigación.
La verificación técnica incluye entrevistas con personas vinculadas al programa, revisión detallada de cuentas y análisis administrativo para identificar potenciales infracciones en los procedimientos para el otorgamiento de becas.
El Ministerio Público enfatizó que uno de los puntos evaluados es la trazabilidad del dinero, la documentación de respaldo y la identificación de los funcionarios involucrados en la gestión administrativa y financiera. Uno de los aspectos centrales es reconstruir el funcionamiento real del programa, así como establecer responsabilidades administrativas o penales si aparecen irregularidades.
El programa Becas Honduras 20/20 fue lanzado en 2017 como parte del Plan Honduras 20/20, una estrategia gubernamental orientada al fortalecimiento del capital humano y a la generación de oportunidades educativas.
El expresidente Juan Orlando Hernández encabezó la promoción de esta iniciativa, que operó bajo la órbita de la Presidencia de la República y dirigió sus esfuerzos a jóvenes con destacado rendimiento académico y limitaciones económicas. Los beneficiarios recibían ayuda económica y acompañamiento institucional, tanto para estudios nacionales como internacionales.
En el ámbito operativo, la administración del programa se estructuró sobre un fideicomiso que permitía la gestión directa de los recursos asignados; el diseño buscaba, según datos oficiales, garantizar los pagos a los beneficiarios y cubrir otros gastos de funcionamiento. Entre los responsables administrativos sobresalió Erasmo Portillo, quien ocupó el puesto de delegado presidencial, y otros integrantes como Alejandro Oseguera, Marcia Chavarría Villar, Allison Valeriano y César Augusto Rodas Osorio. El Ministerio Público aún no ha precisado la responsabilidad individual de estos colaboradores, cuyo desempeño se examina dentro de la revisión de la estructura técnica y administrativa.
La documentación institucional recopilada durante la vigencia del programa muestra que un equipo técnico gestionaba áreas clave, aunque las autoridades advierten que la investigación busca determinar la implicación concreta de quienes intervinieron en las decisiones cruciales. Entre los elementos investigados figuran los criterios de selección de los becarios, la documentación de respaldo y la fiscalización de la ejecución financiera, todos ellos sujetos a verificación antes de definir la existencia de posibles hechos delictivos.
Las diligencias no se ven afectadas por el cierre formal del programa. Según el Ministerio Público, el análisis retrospectivo de la ejecución y del manejo de recursos públicos permanece abierto mientras existan indicios que justifiquen profundizar en la investigación. El proceso continuará con la recopilación de información en las próximas semanas, en espera de determinar si los resultados avalan una acusación formal o el archivo del caso.
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