Durante la era victoriana, los crímenes violentos atribuidos a mujeres despertaron escepticismo social en el Reino Unido. Aunque los archivos judiciales documentaron varios asesinatos victorianos, la idea de que el llamado “sexo débil” pudiese perpetrar actos tan brutales influyó en las investigaciones y sentencias.
En el siglo XIX, la opinión pública asociaba el comercio ilegal de cadáveres con los hombres, relegando a las mujeres a un papel secundario o de víctimas. En este contexto emerge el caso de Elizabeth Ross, inmigrante irlandesa residente en Londres.
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Ross, señalada por su entorno como problemática y violenta, acumuló rumores y acusaciones previas, entre ellas el maltrato a animales y la implicación en la desaparición de una adolescente.
La noche del 19 de agosto de 1831, Caroline Walsh, vendedora ambulante de 84 años, aceptó la oferta de alojamiento de Elizabeth Ross y desapareció ese mismo día. Semanas más tarde, tras la intervención policial, el testimonio de Ned Cook, el hijo de 12 años de Ross, resultó decisivo: “Mi madre la asfixió, luego llevó el cuerpo al hospital”, relató ante el tribunal, según recogió HistoryExtra.
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Los médicos negaron haber recibido restos y nunca se halló el cadáver. No obstante, la policía reunió pruebas basadas en la venta de prendas que supuestamente pertenecían a la víctima. Ross fue condenada y ejecutada en la horca en enero de 1832.
Las dudas persisten sobre la fiabilidad de un testimonio infantil y la verdadera capacidad de Ross para transportar sola un cuerpo, especialmente en medio de un clima social dominado por el miedo a los “ladrones de cadáveres”.
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El segundo caso, documentado por HistoryExtra, corresponde a Kitty Newton en Bridgnorth, Shropshire. Su madre, Ann Newton, apareció muerta tras un incendio en 1848.
Kitty, sospechosa principal debido a conflictos familiares y acusaciones de malos tratos, enfrentó tres juicios marcados por testimonios contradictorios y disputas de herencia. Su tío declaró haberla escuchado decir: “¡Me gustaría ver a esa vieja muerta y cortada en pedazos!”.
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Sin embargo, dos médicos criticaron la autopsia por no examinar la laringe y la tráquea, lo que impidió determinar la causa real de la muerte. Tras 15 meses en prisión preventiva, el jurado absolvió a Kitty ante la falta de pruebas concluyentes. El caso quedó abierto a diferentes interpretaciones: desde un posible crimen hasta un accidente doméstico o suicidio, agravado por las tensiones familiares y los peligros propios de las cocinas de la época.
En 1862, el asesinato de Jessie McPherson en Glasgow conmocionó a la opinión pública por la violencia y las dudas surgidas durante la investigación. La acusada, Jessie McLachlan, amiga de la víctima, fue arrestada al descubrirse que había vendido objetos robados del domicilio.
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En sucesivas declaraciones, McLachlan negó inicialmente su implicación, pero más tarde reconoció haber estado en la casa durante la noche del crimen y acusó al anciano James Fleming de ser el responsable, alegando acoso y amenazas.
La presión social y del tribunal fue notoria; el jurado, animado por el juez, deliberó solo 15 minutos antes de considerar a McLachlan culpable, según reconstruyó HistoryExtra. Su pena de muerte se conmutó por cadena perpetua ante la falta de pruebas físicas claras y la existencia de versiones enfrentadas, dejando la autoría sin esclarecer.
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El cuarto caso, el de Mary Pearcey en Londres en 1890, mostró con crudeza tanto la brutalidad de los hechos como la resistencia social a aceptar una autora femenina.
Pearcey fue arrestada tras el hallazgo de los cuerpos de Phoebe Hogg y su hija Tiggy, en una escena de extrema violencia: la cabeza casi separada del cuerpo y abundante sangre.
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Aunque las pruebas materiales y los testimonios apuntaron a Pearcey —quien mantenía relaciones con el esposo de la víctima— sectores de la sociedad y los medios se mostraron reacios a considerar a una mujer capaz de tal atrocidad.
En ese sentido, Pearcey negó toda responsabilidad: “No haría algo tan horrible. No haría daño a nadie.” El tribunal dictó su condena y la mujer fue ejecutada en la horca en diciembre de ese año.
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Estos cuatro procesos ejemplifican cómo el sesgo de género afectó los procedimientos policiales, los criterios de admisibilidad de pruebas y el tratamiento mediático de las acusadas.
La reputación, los rumores y la falta de credibilidad asignada a las mujeres distorsionaron tanto las investigaciones como el juicio social sobre cada caso. Las lagunas en las pruebas forenses, los testimonios contradictorios y la tendencia a buscar justificaciones alternativas —locura, accidente, manipulación ajena— acompañaron a protagonistas que aún hoy están rodeadas de incertidumbre.
Como recordatorio de este legado, la cuna de Tiggy Hogg sigue expuesta en el Museo de Cera Madame Tussauds: un objeto que recuerda que la violencia no tuvo dueño exclusivo en la Inglaterra victoriana.
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