El Congreso de Guatemala aprobó en un día una ley de prisión preventiva, tras aceptar un veto presidencial

El presidente Arévalo había vetado un decreto anterior sobre la misma materia. El nuevo texto, con 17 artículos, llegó al pleno apenas 24 horas después de ser presentado y fue aprobado con 143 votos a favor.

Ilustración en acuarela de dos manos que cruzan unos barrotes de metal junto a una cadena y un candado dorado.
El Congreso de Guatemala aprobó el Decreto 30-2026 tras aceptar el veto del presidente Bernardo Arévalo a la normativa previa sobre prisión preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Congreso de Guatemala aprobó este martes 17 de noviembre una nueva reforma al Código Procesal Penal para regular la prisión preventiva, después de aceptar con 144 votos el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 23-2026, que había sido aprobado el 29 de septiembre.

La nueva norma, identificada como Decreto 30-2026, obtuvo 143 votos a favor. La decisión se tomó durante la misma sesión en la que el pleno dejó sin efecto el decreto anterior.

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Los legisladores conocieron y aprobaron de urgencia nacional la nueva iniciativa, una propuesta de 17 artículos que retoma los cambios sobre prisión preventiva e incorpora ajustes solicitados por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La iniciativa había sido presentada el lunes 16 de noviembre, un día antes de su aprobación. Varios diputados expresaron reparos porque aseguraron que no conocían el contenido completo de la propuesta antes de que fuera sometida al pleno para su aprobación en único debate.

Legisladores sentados en bancadas de madera frente a pantallas digitales y micrófonos en una sala con alfombra roja y balcones
Varios diputados expresaron reparos ante la votación de urgencia nacional debido a que desconocían el contenido íntegro de la iniciativa. (Congreso de Guatemala)

El nuevo decreto modifica 17 artículos del Decreto 51-92, Código Procesal Penal. Su objetivo es que la prisión preventiva se aplique de forma excepcional, con plazos definidos y controles judiciales, para evitar que personas sindicadas permanezcan detenidas durante períodos prolongados sin avances en sus expedientes.

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La audiencia inicial deberá realizarse en un máximo de 24 horas

Uno de los cambios establece que la audiencia de primera declaración deberá efectuarse dentro de las 24 horas posteriores a la aprehensión. Además, ninguna persona podrá ser trasladada a un centro de privación de libertad sin comparecer antes ante un juez.

La normativa dispone que la prisión preventiva solo podrá ordenarse después de que se emita el auto de procesamiento. Para aplicarla, el juez deberá contar con elementos que acrediten riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación.

El Ministerio Público (MP) tendrá que presentar medios de convicción que sustenten la necesidad de esa medida. La defensa, por su parte, podrá presentar argumentos y pruebas para oponerse a la solicitud.

Dibujo a lápiz de un joven sentado de espaldas ante una mesa con carpetas frente a un juez ubicado en su estrado.
La nueva ley exige que los jueces efectúen la audiencia de primera declaración dentro de las 24 horas posteriores a la detención del sindicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta también limita el uso del récord migratorio como argumento en contra de una persona sindicada cuando sus salidas del país hayan respondido a motivos laborales o recreativos.

La ley fija plazos y amplía las medidas sustitutivas

El texto aprobado contempla consecuencias cuando no se cumplan los plazos procesales. Si transcurren tres meses desde el auto de procesamiento sin que el MP solicite la conclusión de la investigación, el juez deberá requerirlo. Si la omisión continúa, procederá la clausura provisional.

También prevé la sustitución de la prisión preventiva si la audiencia intermedia no concluye dentro de dos meses o si el juicio no comienza en un plazo de tres meses después de esa etapa.

Entre las medidas sustitutivas figuran la presentación periódica ante autoridades, arresto domiciliario, prohibición de salir del país, restricciones de comunicación, caución económica y control telemático. El Estado podrá cubrir el costo del dispositivo electrónico si el sindicado demuestra que no tiene recursos para pagarlo.

La norma prioriza estas medidas para personas mayores de 65 años, con discapacidad o enfermedades graves, mujeres embarazadas o en los nueve meses posteriores al parto, y quienes estén a cargo de dependientes.

Ilustración en acuarela de un hombre y una mujer con batas blancas de laboratorio detrás de barrotes de metal.
Los procesados por asesinato, secuestro, extorsión, robo agravado o narcotráfico quedan excluidos del beneficio de medidas sustitutivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No podrán acceder a estos beneficios reincidentes, delincuentes habituales ni procesados por delitos como homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación, plagio o secuestro, extorsión, robo agravado y hechos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.

La CSJ tendrá un año para implementar las reformas

El Decreto 30-2026 crea la Unidad de Control de Medidas de Coerción, adscrita a la CSJ. La dependencia centralizará información sobre las personas sujetas a medidas distintas de la prisión preventiva y vigilará los plazos de privación de libertad.

La reforma entrará en vigencia 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial. El Ejecutivo podrá readecuar el presupuesto para asignar Q50 millones (unos USD 6,5 millones) al Organismo Judicial, destinados a crear juzgados, adecuar infraestructura, desarrollar herramientas tecnológicas y poner en marcha la nueva unidad.

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