
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que el estado de sitio decretado en Zacapa e Izabal busca recuperar el control territorial y desarticular estructuras ligadas al narcotráfico.
El mandatario emitió un mensaje a la nación en cadena nacional este domingo 15 de noviembre, acompañado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de Defensa, Henry Saenz.
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Arévalo sostuvo que su administración tiene la obligación de proteger la vida y la seguridad de las familias guatemaltecas frente a organizaciones que, según dijo, buscan imponer sus intereses por medio de ataques, amenazas e intimidaciones.
“Estas estructuras criminales quieren que nos rindamos. Pero quiero decirles algo con absoluta claridad: no lo han logrado y no lo lograrán”, expresó el jefe de Estado. También aseguró que la seguridad de los ciudadanos “no es negociable”.
El presidente señaló que las redes vinculadas con el narcotráfico han aprovechado durante décadas el debilitamiento institucional y espacios de impunidad para consolidar su presencia en distintos territorios.
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Afirmó que el Ejecutivo busca revertir esa situación mediante inversiones, refuerzo de las capacidades estatales y operaciones coordinadas.
Además, recalcó que la decisión de decretar Estado de Sitio estuvo fundamentada en los informes de inteligencia de las autoridades de seguridad.
Policía y Ejército coordinarán las operaciones de seguridad
El mandatario detalló que las operaciones tendrán tres objetivos: proteger a las comunidades y asegurar la prestación de servicios esenciales; reforzar el control territorial del Estado; y enfrentar las redes criminales vinculadas con el narcotráfico.
Para ello, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala actuarán de manera conjunta bajo las facultades previstas en la legislación.

El presidente ejercerá el control de las acciones como comandante general del Ejército, por medio del Ministerio de Defensa, que deberá coordinar su trabajo con Gobernación y otras instituciones del Ejecutivo.
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El Congreso de Guatemala tendrá tres días para ratificar, modificar o improbar la disposición.
“Nuestras operaciones estarán dirigidas específicamente contra las estructuras criminales. No estamos tomando medidas para perseguir a los ciudadanos ni para afectar a quienes realizan actividades legítimas”, manifestó.
La declaratoria ocurre después de varios ataques armados en Zacapa e Izabal. El 27 de septiembre, una serie de agresiones en Huité dejó ocho muertos. El 6 de noviembre, el diputado por Zacapa Julio César Portillo Paz fue asesinado en una emboscada en la ruta al Atlántico, en Río Hondo, junto con tres de sus escoltas de la PNC.
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El 13 de noviembre, cinco personas, entre ellas una madre y dos de sus hijos, fueron asesinadas en el caserío El Tocino, en Zacapa. Ese mismo día, dos hombres murieron tras un ataque frente al parque Reina Barrios de Puerto Barrios, Izabal.
Arévalo destacó el respaldo de Estados Unidos
El presidente indicó que la ofensiva estatal cuenta con apoyo internacional. Recordó que el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas designaciones contra organizaciones criminales guatemaltecas relacionadas con el narcotráfico y los cárteles de drogas.
“Esta decisión confirma la importancia de enfrentar una amenaza que trasciende nuestras fronteras y de fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado”, sostuvo el mandatario guatemalteco.
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Arévalo pidió a las familias de Zacapa e Izabal mantenerse informadas por los canales oficiales y colaborar con las autoridades.

“Zacapa e Izabal pertenecen a sus habitantes, a sus familias y a sus comunidades, no pertenecen a los criminales”, afirmó.
El estado de sitio en Zacapa e Izabal regirá durante 30 días
El Gobierno decretó el estado de sitio en Zacapa e Izabal el sábado 14 de noviembre, con una vigencia de 30 días, tras recibir informes de inteligencia de las autoridades de seguridad sobre actividades relacionadas con organizaciones criminales, narcotráfico y grupos terroristas.
La medida quedó establecida en el Decreto Gubernativo Número 8-2026, firmado por Arévalo y el Consejo de Ministros. El Ejecutivo argumentó que la situación amenaza el orden público, la vida, la libertad, la seguridad y la continuidad de los servicios esenciales en ambos departamentos.
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Durante el período de excepción podrán restringirse garantías constitucionales vinculadas con la libertad de acción, locomoción, reunión y manifestación. También podrán aplicarse controles sobre la circulación y estacionamiento de vehículos, así como limitaciones a la tenencia y portación de armas.
El decreto permite detenciones o confinamientos sin orden judicial contra personas sospechosas de alterar el orden público en hechos vinculados con la emergencia.
Además, habilita allanamientos sin autorización judicial previa cuando existan indicios de que en un inmueble hay personas con orden de captura, armas u otros objetos relacionados con los delitos investigados.
Arévalo afirmó que las medidas estarán dirigidas contra las estructuras criminales y no contra ciudadanos que desarrollen actividades legítimas. “Estamos actuando para proteger a las personas honestas”, aseguró.
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