El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 25-2026, que exonera del Impuesto al Valor Agregado y de los derechos arancelarios a las importaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos destinadas a programas sociales en Guatemala. La norma tendrá una vigencia de diez años y reemplaza un beneficio fiscal creado en 2016, cuya duración ya había concluido.
La medida alcanza bienes, suministros, donaciones e insumos que importe el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América, conocido por sus siglas en inglés como USDA. La exención solo se aplica cuando esos productos tengan como destino sus programas de cooperación y beneficencia en territorio guatemalteco.
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El nuevo marco distribuye las tareas de control entre dos organismos. La Superintendencia de Administración Tributaria fiscalizará el uso correcto de la exoneración tributaria, mientras que la Contraloría General de Cuentas supervisará el manejo, la recepción y la ejecución de las donaciones entregadas a entidades públicas.
La ley fue aprobada por el Congreso de la República el 27 de octubre de 2026. El presidente del Legislativo, Luis Alberto Contreras Colíndres, firmó el decreto junto con los secretarios Juan Carlos Rivera Estévez y Gerson Geovanny Barragán Morales.
Arévalo sancionó la norma el 10 de noviembre en el Palacio Nacional, acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Antonio López Leonardo, y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig. El decreto se publicó en el Diario Oficial el 11 de noviembre y comenzó a regir el 12 de noviembre.
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Bienes para programas de educación, nutrición y productividad agrícola
El artículo primero del decreto establece que los productos importados deben utilizarse exclusivamente en iniciativas contempladas por los estatutos del USDA. Los proyectos deberán estar orientados a mejorar la educación, la nutrición y la productividad agrícola.
Los destinatarios de esa cooperación pueden ser entidades gubernamentales y no gubernamentales que desarrollen iniciativas de desarrollo económico en Guatemala. La exoneración, por lo tanto, no se extiende a las mercancías estadounidenses que ingresen al país mediante operaciones comerciales ordinarias.
La norma exige que los bienes beneficiados puedan vincularse de forma comprobable con los fines sociales definidos. El tratamiento tributario especial no alcanza importaciones ajenas a los programas de cooperación del organismo estadounidense.
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El Congreso fundamentó la exención en el artículo 239 de la Constitución Política de la República, que le otorga la facultad exclusiva de decretar impuestos y establecer las bases de su recaudación, incluidas las exenciones. Los legisladores consideraron que las donaciones destinadas a proteger el bien público y ejecutar acciones de interés social justifican ese tratamiento fiscal.
El decreto también cita el artículo 171 de la Constitución, que faculta al Congreso a sostener relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con otros Estados. Esa disposición fue incorporada como fundamento de la colaboración bilateral entre Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos en acciones vinculadas con la lucha contra la desnutrición infantil crónica.
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La continuidad de una exención creada en 2016
El Decreto 25-2026 reemplaza al Decreto 17-2016, denominado Ley para Exonerar del Impuesto al Valor Agregado y Derechos Arancelarios a las Importaciones de Bienes, Suministros, Donaciones e Insumos que Realice el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. La disposición anterior fue emitida en febrero de 2016 y había sido declarada de urgencia nacional por el Congreso.
Aquel régimen también tenía una vigencia de 10 años, por lo que su vencimiento hizo necesaria la aprobación de una nueva norma. El beneficio se relaciona además con el Convenio de Donación de Alimentos suscrito en 2013 entre Guatemala y Estados Unidos.
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La principal modificación respecto del decreto anterior está en la fiscalización. La ley de 2016 asignaba esa tarea de manera conjunta a la Contraloría General de Cuentas y a la SAT, mientras que el nuevo texto separa las competencias tributarias de las funciones de control gubernamental.
La SAT tendrá a su cargo la vigilancia exclusiva sobre la utilización de la exoneración de IVA y aranceles. La Contraloría General de Cuentas controlará la recepción, el manejo y la ejecución de las donaciones cuando las beneficiarias sean instituciones públicas.
La exención reduce los costos asociados con el ingreso al país de los bienes destinados a los programas de cooperación del USDA. Esos productos podrán ser entregados a entidades gubernamentales y no gubernamentales que participen en los proyectos de asistencia social previstos por el organismo estadounidense.
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