
Carlos Ortiz asumió como superintendente de Competencia de Guatemala el 9 de octubre, tras una vacancia de varios meses causada por la renuncia de Jorge Miguel Castillo Castro. Carlos Federico Ortiz Ortiz, de 53 años, deberá preparar a la Superintendencia de Competencia para la plena vigencia de la Ley de Competencia el 9 de diciembre.
El Directorio de la Superintendencia de Competencia eligió al funcionario para el período 2025-2031 con dos votos favorables entre los tres directores titulares presentes. Ortiz Ortiz, originario de Morales, Izabal, fue juramentado el mismo día y asumió de inmediato sus funciones.
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La elección se produjo en el segundo intento de sesión. La convocatoria del jueves 8 de octubre no reunió quórum por el desacuerdo de uno de los directores, mientras que al día siguiente el presidente del Directorio, Javier Bauer, y el director Jorge Mario González Paz respaldaron la designación.
El tercer director titular, Edgar Rolando Guzmán Fuentes, se abstuvo de participar en la votación. Después cuestionó el procedimiento en redes sociales, sostuvo que la decisión ya estaba definida antes de la sesión y anticipó posibles impugnaciones.
Bauer defendió la necesidad de cubrir el puesto por las atribuciones que la ley concede a su titular: “Recordemos que el Superintendente es el encargado de las investigaciones, por lo que esta decisión no se podía prorrogar más”.
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Una evaluación con diferencias de hasta 27 puntos
Ortiz Ortiz obtuvo 79,97 puntos sobre 100 en el expediente 28-2026, la segunda nota más alta entre los seis finalistas. José Luis Gramajo de León encabezó la clasificación con 81,33 puntos, de acuerdo con la ponderación del proceso de elección.
La lista incluyó a Julio Adrián Velásquez Aguiar, con 74,87 puntos; Geovanni Javier Avendaño Maldonado, con 73,30; Armando Gabriel Pokus Yaquián, con 71,97; y Alain Pierce Samayoa Chavarría, con 71,83. La prueba de oposición fue realizada por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.
Las evaluaciones individuales mostraron una marcada distancia entre los integrantes del Directorio. En la entrevista, sobre un máximo de 20 puntos, Guzmán Fuentes calificó a Ortiz Ortiz con cuatro, mientras que Bauer le otorgó 19 y González Paz, 20.
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La brecha entre la máxima y la mínima nota alcanzó 27 puntos. La diferencia se repitió en el plan de trabajo: Guzmán Fuentes asignó cuatro puntos sobre 12, frente a la calificación máxima que concedieron los otros dos directores.
Un comunicado de la Superintendencia de Competencia indicó que Ortiz Ortiz logró la mejor puntuación en el examen de oposición y acreditó más de 12 años de experiencia en la administración pública. Su formación incluye informática, administración pública, gobierno y gestión empresarial.
El nuevo titular sostuvo que su prioridad será dejar a la institución en condiciones de aplicar el nuevo marco legal: “Vengo a trabajar, a poner toda mi capacidad y mi experiencia para asegurar que la ley de competencia pueda cobrar plena vigencia y pueda estar, y la institución pueda estar operativa a partir del nueve de diciembre como manda la ley”.
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Ortiz Ortiz añadió que transmitirá a los agentes económicos la garantía de que la entidad actuará “siempre apegados a la normativa”. La Ley de Competencia asigna a la Superintendencia funciones de investigación, sanción y autorización de concentraciones económicas.

La salida de Castillo Castro y la estructura pendiente
La Superintendencia de Competencia inició sus operaciones sin una estructura previa, a diferencia de otras entidades que surgieron de ministerios ya establecidos, explicó Bauer. El presidente del Directorio afirmó que la prioridad administrativa es contratar a los intendentes y a los equipos técnicos que integrarán la autoridad de competencia.
Ortiz Ortiz es el segundo superintendente en la historia de la entidad. Su antecesor, Jorge Miguel Castillo Castro, había sido juramentado el 13 de octubre de 2025 como primer titular del cargo, también para el período 2025-2031.
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La gestión de Castillo Castro quedó envuelta en una controversia por una escala salarial aprobada el 30 de enero de 2026. Esa decisión fijó remuneraciones de Q57 mil mensuales para los directores titulares y de Q52 mil para los suplentes, además de Q52 mil y Q3 mil en gastos de representación para el superintendente.
El esquema incluía pagos retroactivos que, según Guzmán Fuentes, habrían representado Q342 mil para cada director titular por los seis meses anteriores. El Directorio revirtió la medida después de las críticas públicas.
También surgieron cuestionamientos por contrataciones discrecionales de personal, entre ellos exfuncionarios de administraciones anteriores que habrían ingresado sin concursos públicos. Una acción de amparo presentada ante la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo cuestionó además el proceso de designación original de Castillo Castro.
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Castillo Castro presentó su renuncia irrevocable el 10 de marzo de 2026, aunque el Directorio la aceptó formalmente el 27 de julio mediante una votación de dos a uno, con el rechazo de Guzmán Fuentes. Tomás Xocoy Acán, intendente de Gestión Administrativa y Financiera, asumió temporalmente la representación legal de la entidad conforme al artículo 52 de la Ley de Competencia.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Amcham Guatemala, calificó la designación como “un nombramiento relevante para la continuidad y consolidación institucional de la Superintendencia”. La organización pidió que la entidad ejerza sus funciones “con independencia, objetividad y carácter técnico y apolítico, en estricto apego al marco legal vigente”.
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