El Gobierno de Guatemala ofrece disculpas a cinco dirigentes indígenas procesados por las protestas de 2023

El Gobierno de Guatemala ofreció este miércoles disculpas públicas a cinco autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá que enfrentaron persecución penal por participar en las protestas de 2023 para exigir el respeto a la voluntad popular tras las elecciones. El acto reunió al presidente Bernardo Arévalo de León, a representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Municipalidad Indígena de Sololá.

Los cinco dirigentes fueron acusados de terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. La causa fue impulsada por el Ministerio Público durante la gestión de la entonces fiscal general, Consuelo Porras.

La ceremonia se realizó en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, con la participación del procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y de la vicepresidenta Karin Herrera. La disculpa respondió a una orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dentro de la causa 1069-2024-443 y conforme a resoluciones emitidas el 11 y el 25 de septiembre.

Los beneficiados fueron Luis Aroldo Pacheco Gutiérrez, quien presidía la Junta Directiva de los 48 Cantones en 2023; el tesorero Héctor Samuel Chaclán Batz; el vicepresidente Basilio Bernardo Puac García; la vocal primera María Juana Elías Xunundetsik, y el vicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, Esteban Toc Tsay.

La acusación de terrorismo contra dirigentes de Totonicapán y Sololá

Las autoridades ancestrales de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá convocaron y participaron en las manifestaciones de octubre de 2023. Saavedra afirmó que el Estado persiguió a los 48 Cantones y a su junta directiva “como si se tratara de una organización criminal”, aunque las pruebas determinaron lo contrario.

Pacheco y Chaclán fueron capturados el 23 de abril de 2025 y permanecieron más de 15 meses en prisión preventiva en el Centro de Detención Mariscal Zavala, hasta el 5 de agosto. Puac y Toc quedaron bajo arresto domiciliario, mientras que el juzgado dictó el sobreseimiento de Elías el 25 de septiembre.

El procurador general describió el proceso como un intento de instaurar un autoritarismo competitivo, una expresión atribuida a los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way para definir sistemas en los que existe competencia electoral, pero el poder utiliza las instituciones estatales contra sus adversarios. “Manifestar no es delito”, sostuvo Saavedra.

El funcionario señaló que la persecución contra representantes indígenas tiene un efecto que trasciende a las personas imputadas porque alcanza a las instituciones comunitarias a las que representan. La criminalización, dijo, afecta las formas de organización de los pueblos originarios.

Arévalo denunció una persecución política y espuria

El presidente Bernardo Arévalo calificó el expediente judicial como una causa “abiertamente arbitraria e ilegal, una persecución sesgada, política y espuria”. También sostuvo que la Junta Directiva de los 48 Cantones y la Municipalidad Indígena de Sololá no son organizaciones criminales, sino autoridades legítimas vinculadas a las estructuras sociales y la identidad cultural del país.

Arévalo reconoció la prisión arbitraria que enfrentaron Pacheco, Chaclán, Puac y Toc, además del exilio que debió asumir Elías. El mandatario afirmó que el Estado debe fortalecer las instituciones de los pueblos indígenas y garantizar que ninguna autoridad originaria sea perseguida por ejercer su representación o manifestarse de forma pacífica.

El jefe de Estado citó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como un marco para el reconocimiento de las formas propias de organización de los pueblos indígenas. Herrera también se sumó a las disculpas mediante un mensaje en la red social X.

La vicepresidenta sostuvo que reconocer lo ocurrido “es un paso necesario para reparar, reconstruir la confianza, el diálogo y el respeto entre el Estado y los pueblos indígenas”. Luego se retiró del acto por una agenda prevista en Huehuetenango, donde tenía programada una reunión con el cardenal Álvaro Ramazzini Imeri y su participación en el foro “HumanIA: Diálogos sobre Inteligencia Artificial, Estrategia y Futuro”.

Los reclamos por reparación psicológica, económica y comunitaria

Pacheco relató su permanencia en prisión junto a Chaclán y reiteró que defender el derecho a manifestarse “no es delito”. Chaclán aseguró que estuvo detenido durante más de 468 días y agradeció el respaldo de organizaciones, iglesias y del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala.

Puac cuestionó que la intervención del procurador general no mencionara el daño psicológico ni financiero que, según afirmó, sufrieron las familias de los procesados. “Una disculpa pública es muy fácil”, advirtió, al reclamar medidas de reparación.

Elías habló también en idioma k’iche’ y pidió una mayor participación de las mujeres en los espacios de autoridad indígena. Además, solicitó a los medios de comunicación que no tergiversen la información relacionada con el caso.

El alcalde indígena de Sololá, Miguel Ángel Vicente, propuso que la disculpa incluya mejoras en infraestructura, salud, educación y economía comunitaria. También planteó un diálogo nacional sobre reformas constitucionales que fortalezcan el reconocimiento de los pueblos originarios.

Eduardo Tax, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones, pidió que la fecha quede registrada en la historia del país y afirmó que “nunca más la organización comunitaria” debe ser confundida con una organización criminal. Durante el acto, Herrera se refirió además al asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez e instó a las autoridades competentes a esclarecer el crimen con prontitud.