El Congreso inicia la renovación de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el período 2026-2031

El Congreso de la República de Guatemala inició el proceso para renovar a las autoridades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el período 2026-2031, una elección que definirá tres relatores titulares y tres suplentes encargados de supervisar posibles vulneraciones de derechos en centros de privación de libertad, hospitales, escuelas y otros espacios.

La Comisión de Derechos Humanos prevé remitir el 6 de noviembre una nómina de nueve aspirantes al Pleno del Congreso, que realizará la elección final. El procedimiento tendrá 12 etapas, desde la recepción de expedientes hasta la integración de las ternas y su traslado legislativo.

La diputada Dámaris Carolina Cerna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y representante de la bancada UNE, explicó que los diputados ya revisaron parte de la tabla de gradación para calificar a los postulantes. Los criterios pendientes serán discutidos el jueves 8 de octubre, a partir de las 11:00.

“Hoy avanzamos hasta conocer parte de la tabla de gradación, para lo cual había algunos puntos que teníamos que dejar más claros y en discusión”, afirmó Cerna. La legisladora añadió que los cargos abarcan la prevención de la tortura y de tratos crueles en lugares donde puedan producirse vulneraciones de derechos.

Un calendario de postulaciones, tachas y entrevistas públicas

La convocatoria será publicada en el Diario Oficial el viernes 9 de octubre. Los profesionales interesados podrán entregar sus expedientes el 12 y 13 de octubre, entre las 9:00 y las 16:00, en la oficina 53 del quinto nivel del edificio Tecún, ubicado en la 11 calle 8-14 de la zona 1 de Ciudad de Guatemala.

La Comisión amplió el horario de recepción, que inicialmente terminaba a las 11:30. No se admitirán postulaciones presentadas después de la fecha y hora límite establecidas.

Tras la recepción, los expedientes serán verificados y depurados entre el 14 y el 16 de octubre. Las tachas contra los aspirantes podrán presentarse del 19 al 21, mientras que los candidatos señalados tendrán los días 22 y 23 para aportar pruebas de descargo.

La evaluación de los expedientes se desarrollará del 26 al 29 de octubre. Las entrevistas públicas están previstas entre el 2 y el 4 de noviembre, aunque su duración dependerá de la cantidad de personas que superen las fases previas.

Cada tacha deberá identificar al postulante, exponer hechos concretos y acompañar los respaldos correspondientes. La Comisión deberá analizar los señalamientos y los descargos antes de aprobar el listado definitivo de quienes continuarán en el proceso.

Una calificación de 100 puntos y 21 documentos obligatorios

La evaluación de los aspirantes tendrá un máximo de 100 puntos: 30 por méritos académicos, 40 por experiencia profesional, 10 por proyección humana y 20 por el plan de trabajo y las entrevistas públicas.

En el componente académico, un doctorado en un área afín podrá obtener 12 puntos, mientras que un doctorado en otra disciplina sumará nueve. Una maestría afín recibirá nueve puntos; una maestría en otra área, seis; y una especialización o posgrado relacionado, cuatro.

Los diputados también aprobaron dos criterios de experiencia profesional: hasta 10 puntos por ejercicio de la profesión y hasta 15 por trayectoria específica en los ámbitos definidos en el Decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El resto de los criterios continuará bajo análisis.

Los candidatos deberán presentar 21 documentos, entre ellos una carta de interés, currículum vítae actualizado, fotografías recientes, títulos universitarios legalizados e inscritos en la Contraloría General de Cuentas, constancia de colegiado activo y certificaciones de antecedentes penales y policiales.

También se exigirá una declaración jurada sobre el pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, un plan de trabajo de hasta 10 páginas y una copia digital completa del expediente en formato PDF dentro de una memoria USB. La documentación deberá entregarse en original, fotocopia y formato digital, en un fólder azul tamaño oficio, foliado y rubricado.

La convocatoria está dirigida a guatemaltecos de origen mayores de edad, profesionales de las ciencias humanas, sociales, jurídicas o de la salud vinculadas a la prevención de la tortura. Además, deberán acreditar al menos cuatro años de experiencia en derechos humanos, justicia, personas privadas de libertad, investigación criminal, niñez y adolescencia, justicia juvenil o rehabilitación de víctimas.

No podrán ser electas las personas que ocupen cargos públicos, ejerzan puestos directivos en partidos políticos, tengan parentesco en los grados establecidos por la ley con determinadas autoridades o directivos de centros de detención, permanezcan activas o en disponibilidad en el Ejército de Guatemala, sean responsables de violaciones a derechos humanos por sentencia firme o tengan señalamientos del procurador competente.