Más de 59 mil denuncias por delitos sexuales fueron registradas en Guatemala entre 2020 y 2025, según informe de Gobierno

Guatemala acumuló 59.331 denuncias por delitos de violencia sexual ante el Ministerio Público entre 2020 y 2025, mientras 85.167 personas fueron identificadas como agraviadas. El análisis presentado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) expone que cerca del 80% de las víctimas son mujeres y reúne datos sobre prevención, atención, protección y persecución de estos delitos.

Las denuncias descendieron al comienzo de la pandemia de covid-19, cuando las restricciones de movilidad y el cierre parcial de servicios judiciales y sanitarios limitaron los registros. Tras la reapertura institucional, los casos aumentaron en 2021 frente al año anterior y luego descendieron de forma interanual hasta 2025.

El sistema de Alertas Alba-Keneth activó 6.532 búsquedas de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante 2025. De ellas, 345 fueron desactivadas por posibles delitos de violencia sexual, explotación o trata de personas, y 287 correspondieron específicamente a violencia sexual: el 83,19% de ese grupo.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, sostuvo durante la presentación que los datos muestran “la magnitud de la violencia sexual en Guatemala”. También definió el análisis como un esfuerzo interinstitucional que, por primera vez, concentra y examina información de los sectores vinculados con la respuesta estatal ante estos delitos.

Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango, los departamentos con más denuncias

El departamento de Guatemala registró 14.560 denuncias en el período analizado, la cifra más alta del país. Le siguieron Alta Verapaz, con 5.129 casos, y Huehuetenango, con 4.159; Escuintla acumuló 3.781 y San Marcos, 3.556.

La concentración municipal se ubicó en la ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva. También sobresalieron Cobán y San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, junto con el municipio de Huehuetenango.

La violación concentró 31.619 denuncias, seguida por la agresión sexual, con 15.560, y la violación a la intimidad sexual, con 5.025. Las tres figuras reunieron más del 90% de los ingresos al sistema de justicia.

La mayor parte de las agresiones ocurrió en espacios privados. De las personas agraviadas perfiladas por el Ministerio Público, 31.418 señalaron una casa particular como lugar del hecho, el 37% del total, mientras que 30.365 expedientes, equivalentes al 36%, no consignaron ese dato.

El patrón apunta a agresores pertenecientes al ámbito familiar o cercano de las víctimas, una situación identificada como abuso sexual infantil intrafamiliar. La SVET también advirtió una subrepresentación de los casos de violencia sexual contra hombres, especialmente entre adolescentes, lo que deja fuera de los registros a posibles víctimas masculinas.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) tramitó 13.397 requerimientos por delitos sexuales entre 2020 y 2025. La violación y la agresión sexual concentraron el 99,39% de las diligencias, y esta última pasó de 252 casos en 2021 a 1.024 en 2025.

De las 513 personas aprehendidas durante ese período, 507 fueron hombres, el 98,83% del total. Las cinco mujeres detenidas por estos delitos fueron capturadas en los años más recientes incluidos en el análisis.

Los embarazos de niñas menores de 14 años como casos de violación

La legislación guatemalteca considera violación todo embarazo de una niña o adolescente menor de 14 años, de acuerdo con los artículos 173 y 174 del Código Penal. Entre 2023 y 2025, 6.486 niñas menores de esa edad recibieron por primera vez atención prenatal en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Los registros se mantuvieron en niveles similares durante los tres años: 2.208 casos en 2023, 2.146 en 2024 y 2.132 en 2025. Alta Verapaz registró 819 niñas embarazadas, seguida por Huehuetenango, con 787, y Quiché, con 657.

Herrera se refirió a las consecuencias de esos casos durante su intervención: “Cuando uno ve una niña de diez años que dio a luz, que tiene otro bebé, una niña cuidando otra niña u otro niño, dos vidas comprometidas, dos vidas cuyo futuro se ve borroso”.

La Vicepresidenta afirmó que las niñas “tienen que hacer lo que deben hacer a su edad: jugar, estar estudiando, tener amigas, amigos”, en vez de atravesar un control prenatal como consecuencia de un abuso sexual.

La Procuraduría General de la Nación verificó 914 casos de niñas o adolescentes menores de 14 años en situación de embarazo o maternidad solo en 2025. De ese total, 721 estaban embarazadas y 193 ya eran madres.

Durante el mismo acto, el Registro Nacional de las Personas habilitó la emisión del Documento Personal de Identificación para niños y niñas, una medida solicitada por las autoridades desde 2024 y respaldada por el Decreto 3-2025. Herrera explicó: “Esto nos permite que los niños no puedan ser introducidos al sistema penitenciario suplantando identidad de otros niños”, aunque reconoció que su aplicación completa aún está en proceso.

La vicepresidenta pidió que los recursos destinados a la prevención, la protección, la restitución de derechos y el acceso a la justicia se distribuyan de mejor manera en el presupuesto.