
Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), ejecutaron una serie de allanamientos que permitieron la detención preliminar de 35 personas.
Las diligencias se desarrollaron en la Ciudad de Guatemala, así como en departamentos de Sacatepéquez, Chiquimula, Quetzaltenango, Izabal y Chimaltenango.
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En otra acción realizada en la aldea Pachalí, en Santiago Sacatepéquez, las fuerzas de seguridad capturaron a Edilia “N”, de 20 años, quien contaba con dos órdenes judiciales de aprehensión.

La PNC reiteró el llamado a la población para realizar denuncias confidenciales a través de las líneas 110 y 1561.
Madre e hijo
Entre los aprehendidas figura Hugo André Molina Miranda, de 23 años, alias “El Flaco” presunto integrante de la Mara Salvatrucha, quien poseía ocho órdenes de captura por extorsión.
La detención se llevó a cabo en un allanamiento ejecutado en la colonia El Incienso, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Durante el operativo también fue arrestada Andrea “N”, de 39 años, madre de “El Flaco”, quien era requerida por el mismo delito.

La PNC de Guatemala reportó 1.442 personas capturadas por el delito de extorsión durante los primeros nueve meses de 2026. Sólo este jueves 1 de octubre, aprehendieron 35 personas.
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Sin embargo, gremiales de transporte público denunciaron que la violencia en carreteras mantiene en riesgo a pilotos y usuarios, por lo que exigieron la intervención inmediata del Ministerio de Gobernación.
Transportistas reclaman presencia policial permanente ante asaltos y ataques armados
Ante el incremento de hechos delictivos en las vías públicas, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretextpa) y la Cámara Interamericana de Transportes (CIT) enviaron una carta abierta a las autoridades de Gobernación.
En el documento expusieron que choferes, ayudantes y pasajeros enfrentan asaltos, cobros ilegales y agresiones armadas cotidianamente, tras registrarse nuevos incidentes violentos durante el lunes y martes de esta semana.
Las organizaciones señalaron que las medidas institucionales implementadas hasta el momento no han frenado a los grupos delictivos y formularon cuatro peticiones puntuales.

Solicitaron presencia efectiva y visible de la PNC en carreteras prioritarias, acciones de inteligencia para desarticular estructuras de extorsión y sicariato, controles aleatorios en rutas de acceso urbano y la instalación de una mesa de trabajo de emergencia con metas a corto plazo.
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Las exigencias las realizaron luego de que el martes 29 de septiembre se registraran seis ataques armados, cuatro en contra de buses del transporte público, vinculados por las autoridades con las extorsiones.
Las denuncias de extorsión registran un descenso interanual pero acumulan cobros millonarios
El comportamiento de este delito refleja dinámicas complejas según informes de monitoreo institucional.
Reportes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) mostraron que en agosto de 2026 se contabilizaron 1.121 denuncias por extorsión, lo cual representó un descenso respecto al mismo periodo del año previo. Entre enero y agosto, el registro oficial acumuló más de 7.000 denuncias menos en comparación con 2025.

A pesar de la reducción en los reportes, las sumas demandadas por los grupos criminales se mantienen elevadas.
Datos del Ministerio de Gobernación detallan que las redes de extorsión exigieron Q97,7 millones (unos USD 13 millones) a sus víctimas entre enero y mediados de agosto, de los cuales se confirmó el pago documentado de Q 5,7 millones (USD 740 mil).
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El análisis oficial indica que el 88,5% de las llamadas extorsivas proviene de imitadores que operan desde centros carcelarios.
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