El Ministerio Público de Guatemala confirmó que mantiene investigaciones contra la exfiscal general Consuelo Porras, a partir de denuncias por presuntas persecuciones penales selectivas contra exoperadores de justicia y periodistas, además de un expediente sobre posibles adopciones ilegales durante el conflicto armado interno.
El fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García Luna, hizo la confirmación el viernes, durante la presentación del balance de los primeros cuatro meses de su administración.
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La existencia de las causas no implica que se hayan definido responsabilidades penales ni que haya citaciones previstas contra la exfuncionaria.
La repuesta ante la consulta realizada en la conferencia de prensa. García Luna respondió: “Del anterior fiscal sí existen una serie de denuncias, todas se están investigando”.
Las autoridades no informaron cuántas denuncias están activas, cuáles son los delitos bajo análisis ni qué fiscalías intervienen en cada expediente. Tampoco precisaron el estado procesal de las pesquisas relacionadas con la gestión de Porras al frente de la institución.
Un fiscal especial para el expediente de adopciones
Una de las investigaciones confirmadas se refiere a presuntas adopciones ilegales ocurridas durante el conflicto armado interno. El fiscal general indicó que el caso está en manos de un fiscal especial, una figura prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público para asignar a un investigador con experiencia determinada a una causa concreta.
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“También se encuentra un fiscal especial en esa investigación”, afirmó García Luna, sin dar detalles sobre los avances del expediente. El funcionario tampoco adelantó si existen posibles personas citadas a declarar o plazos para futuras decisiones.
El caso adquirió relevancia en febrero de 2026, cuando expertos de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron a Guatemala investigar denuncias de desapariciones forzadas y adopciones ilegales.
La información difundida entonces incluyó señalamientos sobre un posible involucramiento de funcionarios de la época, entre ellos Porras.
Las estimaciones mencionadas en torno a esa causa apuntan a que al menos 80 niños indígenas habrían sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez durante el conflicto armado interno. Las denuncias examinan las circunstancias de esos traslados y las posteriores adopciones.
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La Procuraduría General de la Nación presentó de oficio una denuncia después de que el caso se hiciera público. Esa actuación abrió la vía para que los hechos fueran investigados en sede penal.
José Raúl López Lamadrid, coordinador nacional del área fiscal, explicó que la designación de un fiscal especial no supone necesariamente la creación de una nueva fiscalía. El mecanismo permite asignar a un funcionario para atender de forma específica un expediente, como ocurre con la investigación vinculada con la exjefa del Ministerio Público.
Las reservas legales y la revisión de causas
García Luna sostuvo que las restricciones para divulgar información obedecen a reservas previstas por la legislación durante determinadas etapas de las investigaciones. “Hay leyes que impiden que nosotros demos la información. El ejemplo más común es la ley contra el lavado de dinero”, explicó.
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La reserva procesal limita la difusión de datos sobre diligencias en curso, elementos de prueba o decisiones que podrían afectar el desarrollo de una pesquisa. Por esa razón, el fiscal general evitó precisar la situación de las denuncias presentadas contra Porras.
El jefe del Ministerio Público afirmó que su administración se rige por los principios de objetividad e imparcialidad establecidos en la ley. También señaló que ningún requerimiento es presentado ante los tribunales sin sustento probatorio.
“No es que nos digan a todo que sí, perdón, a todo que no. Pero tampoco que existan resoluciones que comprometan investigaciones”, puntualizó García Luna. Sus declaraciones se produjeron ante las expectativas sobre la posición de la nueva administración frente a los señalamientos contra su antecesora.
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El Ministerio Público trabaja además en la depuración de expedientes que permanecieron bajo reserva durante períodos prolongados sin una justificación procesal. García Luna situó esa revisión dentro del proceso de transformación institucional que impulsa desde el inicio de su gestión.
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