
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó en la Ciudad de Guatemala los montos de preinversión e inversión pública para 2027 y su agenda estratégica anual, durante la última sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2026, que también marcó el cierre de funciones de los representantes de sectores no gubernamentales.
La distribución territorial incluida en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso de la República suma 4,982,166,667 quetzales de la fuente 21 para 2.732 obras en todo el país. La propuesta fue presentada por la viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas, Débora Alvarado, en el Palacio Nacional de la Cultura.
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La región Suroccidental concentrará la mayor asignación: 1.281.146.454 quetzales para 937 obras en Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos. La región Noroccidente recibirá 659.638.299 quetzales para 222 proyectos en Huehuetenango y Quiché.
El departamento de Guatemala tendrá 612.097.610 quetzales para 236 obras, dentro de la región Metropolitana. Nororiente, integrada por El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula, contará con 609.304.734 quetzales para 367 intervenciones.
La región Suroriente, conformada por Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, fue asignada con 564.242.255 quetzales para 289 obras. Sin embargo, 131.596.936 quetzales quedaron pendientes en diez municipios de Santa Rosa por incumplimientos de la normativa sobre saneamiento y manejo de desechos sólidos.
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La región Central obtuvo 561.642.408 quetzales para 311 obras, mientras que la Norte recibirá 498.913.457 quetzales destinados a 201 proyectos en Baja Verapaz y Alta Verapaz. Petén cerró la distribución con 195.181.450 quetzales para 169 obras.
En Huehuetenango permanecen pendientes 256.429.659 quetzales en 24 municipios por la misma situación vinculada con proyectos de saneamiento. Por tipo de intervención, el 27,4% de los recursos se dirige a saneamiento, seguido por infraestructura vial, con 21%, educación, con 20,9%, y agua potable, con 18,7%.

Más de 8.000 proyectos bajo evaluación para 2026
El pleno conoció la situación de 8.309 proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública para 2026. De ese total, 6.788 cuentan con opinión técnica favorable y equivalen a 10.237 millones de quetzales.
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Otros 1.358 proyectos continúan pendientes, principalmente porque carecen de resolución de impacto ambiental o del aval del ente rector correspondiente. El Conadur extendió hasta el 30 de noviembre el plazo del sistema para suscribir convenios de ejecución.
La agenda estratégica para 2027 se estructurará en seis ejes: política nacional de desarrollo; democracia participativa; descentralización y coordinación interinstitucional; fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo; inversión pública territorial; y monitoreo y auditoría social. La subsecretaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Claudia Calderón, presentó el plan ante el organismo.
El documento plantea una planificación coordinada entre los niveles nacional, sectorial, departamental y municipal; la trazabilidad de la inversión mediante el Sistema de Consejos de Desarrollo; y la participación ciudadana a través de un observatorio. Las comisiones de trabajo definirán las decisiones que ejecutarán en la primera reunión ordinaria de 2027, de acuerdo con sus atribuciones.
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La estrategia Mano a Mano y las demandas al Ejecutivo
La estrategia intersectorial Mano a Mano, promovida por el presidente Bernardo Arévalo, se ejecuta en 114 municipios de 16 departamentos clasificados con vulnerabilidad grave o crítica. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, indicó que participan 11 instituciones públicas.
Más de 56% de la población guatemalteca vivía en pobreza, según la Encovi de 2023, con mayor concentración en el Altiplano Occidental, las Verapaces y el Corredor Seco. Pinto sostuvo que el Registro Social de Hogares ya supera un millón de hogares inscritos y que la meta es alcanzar 2,5 millones.
El bono social pasó de 80.000 a cerca de 300.000 familias beneficiarias. El Ministerio de Desarrollo Social prevé llegar a 350.000 hogares antes de finalizar el año y a medio millón de familias bajo los objetivos de la política general de gobierno.
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Unas 100.000 familias reemplazaron los pisos de tierra de sus viviendas por pisos saludables, una medida que redujo en 10 puntos la brecha nacional asociada a esa carencia. Una microsimulación basada en datos administrativos proyectó una disminución de hasta 16 puntos porcentuales de la pobreza multidimensional en los territorios atendidos, por encima de la meta inicial de cinco puntos.
Pinto identificó como obstáculos la falta de agua en departamentos como Huehuetenango y Chiquimula, además de las limitaciones de personal y logística en las comunidades. La estrategia busca coordinar la respuesta estatal en las zonas con mayores índices de privación.
Los representantes no gubernamentales trasladaron reclamos al Ejecutivo antes de dejar sus cargos. El delegado de las micro, pequeñas y medianas empresas pidió a Arévalo y al Consejo de Ministros promover el diálogo ante los bloqueos de carreteras que afectan la libre circulación y el comercio, y propuso evaluar un estado de prevención.
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La representante de organizaciones de mujeres solicitó democratizar la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres y revisar la distribución de recursos para los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Señaló que algunas organizaciones reciben más de nueve millones de quetzales, mientras otras apenas obtienen un millón.
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