La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, informó que 27 licencias ambientales han sido anuladas en Guatemala, sumada a la presentación de 208 denuncias en el Ministerio Público (MP) relacionados con delitos ambientales.
La información se brindó durante la conferencia de prensa La Ronda de este lunes 6 de julio, en donde la funcionaria guatemalteca presentó una reorganización del ministerio orientada a frenar la impunidad ambiental, acelerar la evaluación de inversiones y endurecer el control sobre permisos que, según explicó, habían sido otorgados sin cumplir requisitos o utilizados de forma indebida.
De acuerdo con la Ministra, la cartera ha remitido 208 denuncias por delitos ambientales y reportó un aumento del 380% en las inspecciones al sector público y privado para verificar el cumplimiento de las obligaciones incluidas en las licencias.
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Orantes sostuvo que se trata de la primera vez, desde la fundación del ministerio, que se suspenden o cancelan licencias ambientales en estas condiciones. Las 27 licencias anuladas equivalen al 0.1% del total emitido por la institución.
Proyectos de alto impacto
La ministra afirmó que el ministerio redujo en 60% los tiempos de análisis y aprobación de proyectos con alto impacto ambiental. Si en 2023 el trámite podía tardar hasta 180 días, ahora se resuelve en un promedio de 84 días, nueve por encima del plazo legal.
En las licencias de bajo impacto, la reducción llega al 80%. En esos casos, el trámite queda a dos días del límite legal de cinco días.
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Orantes presentó esa reducción de tiempos como parte de un cambio de modelo de gestión. Según dijo, el objetivo es combinar transparencia, agilidad y cumplimiento de la ley en los procesos de autorización ambiental.
La ministra también rechazó las críticas sobre una supuesta exclusión de proyectos por el endurecimiento de los estándares. Aseguró que ocurrió lo contrario: el cumplimiento ambiental aumentó y la solicitud de licencias creció 18% de 2023 a 2024, con una proyección adicional de 13% de 2024 a 2025.
Ese incremento, añadió, también se refleja en las licencias vinculadas con productos químicos y sustancias peligrosas. En ese segmento, la demanda subió hasta 50%.
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Más inspecciones y casos resueltos
Orantes afirmó que una de las prioridades de la cartera es garantizar un entorno libre de corrupción. En esa línea, señaló que hoy existen 25 veces más denuncias por corrupción que en la administración anterior, un dato que interpretó como señal del esfuerzo institucional por erradicar prácticas irregulares en los procesos internos.
La funcionaria sostuvo que el sistema de licencias ambientales fue encontrado en estado de abandono e instrumentalización, pero que ahora se busca convertirlo en una herramienta efectiva de protección de la naturaleza.
“Nos enfocamos en proteger nuestro patrimonio natural y el derecho ciudadano a un ambiente sano, principalmente con tres ejes de acción: combatir la impunidad ambiental, facilitar la inversión tanto pública como privada y transparentar la gestión para erradicar la corrupción”, explicó Orantes.
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En el balance presentado, la ministra indicó además que las inspecciones derivadas de denuncias ciudadanas subieron 217%. A la vez, las denuncias resueltas aumentaron 300% frente a períodos anteriores.
Según Orantes, esa mayor capacidad de respuesta elevó la confianza de la población en la institución hasta triplicarla. De acuerdo con su explicación, esa mejora produjo un mayor flujo de denuncias y de retroalimentación ciudadana.
La ministra resumió el mandato de la cartera en la búsqueda del equilibrio ecológico y la prevención de la contaminación. También subrayó que la institución opera con apenas el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación, aunque afirmó que ya se observan resultados a partir de nuevas medidas y de un control ambiental más riguroso.
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Como síntesis del cambio que intenta impulsar, Orantes afirmó: “En vez de operar informalmente, sin permisos ambientales, las personas y empresas se regularizan y participan más activamente”.
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