La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

Poder Ciudadano iniciará el 4 de julio la recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional al sistema de justicia en Guatemala, con el objetivo de que el Tribunal Supremo Electoral incluya una papeleta sobre la propuesta en las elecciones del 27 de junio de 2027.

La asociación civil anunció que la jornada comenzará este sábado de 9:00 a 13:00 en los parques centrales de Ciudad de Guatemala, Xela, Cobán, Mazatenango, Chiquimula y Nebaj, en Quiché. Podrán firmar ciudadanos guatemaltecos mayores de edad que estén empadronados en el Tribunal Supremo Electoral.

La iniciativa fue promovida por Poder Ciudadano, una organización surgida después de las elecciones de segundo grado de este año para buscar una salida a los problemas detectados en la renovación de autoridades. El proceso es liderado por el abogado experto en temas constitucionales Edgar Ortiz y por la empresaria y comunicadora Marjorie von Ahn.

La propuesta apunta a cambiar el modo en que se integran las cortes

Uno de los ejes centrales del plan es eliminar las comisiones de postulación, un mecanismo que, según la organización, se ha deteriorado con el paso de los años. Ortiz sostuvo que el modelo está agotado y que abrió espacio a la corrupción.

En un mensaje difundido por la agrupación, el abogado afirmó: “Estamos en los diez peores puestos en lo que se refiere a justicia civil y justicia penal”. A partir de ese diagnóstico, vinculó las fallas del sistema con el diseño constitucional vigente.

La propuesta también plantea sustituir el esquema de designación política por uno de carrera judicial basado en mérito. Según explicó Ortiz, en Guatemala el Congreso designa casi 300 magistrados en una sola sesión cada cinco años, y la organización busca quitarle ese poder al Legislativo en el caso de los magistrados de apelaciones.

El planteamiento toma como referencia sistemas en los que los jueces ascienden mediante exámenes de oposición. La idea, según el fundador de la asociación, es despolitizar la justicia y reducir la influencia de los ciclos partidarios sobre los tribunales.

El plan incluye nombramientos escalonados y más tiempo en los cargos

Otro de los cambios propuestos es dejar de renovar de manera simultánea a las altas cortes cada cinco años. Ortiz señaló que en la actualidad se reemplaza al mismo tiempo a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 10 magistrados de la Corte Constitucional.

Frente a ese esquema, la asociación propone nombramientos escalonados. Como ejemplo, planteó que los integrantes de una corte puedan ser renovados en grupos de cuatro cada cuatro años, en lugar de ser sustituidos en bloque.

La iniciativa incluye además la eliminación de los magistrados suplentes en la Corte Constitucional. Ortiz cuestionó que esos suplentes ejerzan la magistratura a tiempo parcial mientras mantienen actividad privada como abogados durante el resto de la jornada.

El quinto punto del proyecto propone ampliar el período de los magistrados de las altas cortes, que hoy es de cinco años. Según el abogado, ese es el plazo más corto de América Latina junto con Nicaragua, y extenderlo permitiría alejar las designaciones judiciales de los tiempos políticos del Congreso y de la presidencia.

La agrupación sostiene que su propuesta se concentra exclusivamente en el sector justicia y en modificar los componentes que considera ineficaces. La recolección de firmas del 4 de julio será el primer paso formal para llevar esa reforma al proceso electoral previsto para 2027.

El Fiscal General perdería la actual dependencia de la potestad presidencial de remoción

La propuesta también introduce un régimen constitucional uniforme de remoción para integrantes de la Corte Suprema, del Consejo, de la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General y el Contralor General de Cuentas. La separación del cargo solo procedería por condena penal ejecutoriada o por faltas muy graves definidas en la Constitución.

El procedimiento quedaría a cargo de una comisión de cinco diputados seleccionados por sorteo y requeriría el voto favorable de dos tercios del total de diputados. La autoridad removida tendría la posibilidad de recurrir ante la Corte de Constitucionalidad.

Para el Ministerio Público, el proyecto elimina la facultad presidencial de destituir al Fiscal General por “causa justificada debidamente establecida”, una fórmula que la agrupación describe como un instrumento de presión. En su lugar, el cargo quedaría sometido al régimen uniforme del artículo 206 bis.