Guatemala: Estudiantes de la USAC anuncian una petición ante la CIDH por la criminalización que denuncian desde 2022

Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunciaron que presentarán una petición ante la CIDH por la criminalización que denuncian desde las protestas y la toma de instalaciones de 2022, tras la llegada de Walter Mazariegos a la rectoría, en su primer periodo, con el argumento de que las vías internas no les dieron un recurso rápido y efectivo frente a expulsiones, persecución penal, acoso digital y restricciones a la libertad de expresión, la libertad académica y la participación en asuntos públicos.

La acción internacional abarca hechos que, según expusieron en una conferencia de prensa del Bufete para Pueblos Indígenas, comenzaron con el proceso de acreditación de cuerpos electorales para la elección de rector en marzo de 2022 y continúan hasta hoy.

En ese marco, señalaron como afectados a Naomi del Carmen Valdez Fuentes, Sharon Pamela Samayoa, Maibely Recinos Donis, Sergio Joel Morataya de León, Mynor Fernando Almengor Orenos, Joshua Nehemías Chimico Ajú, José Guillermo Herrera López y Andrés Ernesto García Flores.

El planteamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca que el Estado de Guatemala sea sancionado y que se reparen los daños causados a los estudiantes. También pretende que cesen las medidas de persecución política que, según los denunciantes, truncaron sus proyectos de vida dentro de la universidad.

La denuncia atribuye violaciones a varios órganos del Estado

Durante la conferencia, el bufete sostuvo que las violaciones de derechos humanos son atribuibles a distintos órganos estatales: el Ejecutivo, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Corte de Constitucionalidad y la propia USAC.

También afirmó que la responsabilidad internacional del Estado surge de la represión ejercida contra estudiantes que cuestionaron la elección de Mazariegos.

Los estudiantes afectados sostuvieron que la intervención de fuerzas policiales favoreció una elección que calificaron de fraudulenta. Añadieron que la criminalización posterior derivó en expulsiones basadas, según su versión, en un procedimiento “totalmente ilegal” e inexistente en la legislación universitaria.

Entre las consecuencias más graves mencionaron la cárcel para Heidy Elisa Magdalena Camel Morales y Sergio Joel Morataya de León. El bufete pidió además a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos que encuentre medidas de reparación para los estudiantes afectados.

Uno de los abogados explicó que esta presentación ya no corresponde a una solicitud de medidas cautelares, porque ese paso ya había sido intentado, sino a una demanda contra el Estado de Guatemala dentro del sistema interamericano. La expectativa, dijo, es obtener una declaración formal de violación de derechos humanos, incluidas las cometidas desde la rectoría de la universidad.

Los estudiantes dicen que las protestas seguirán, aunque Mazariegos asuma

Consultados sobre el escenario inmediato, los participantes describieron un panorama “complejo” por la existencia de recursos pendientes en distintos órganos jurisdiccionales y por nuevas manifestaciones en varios puntos del país y en centros universitarios.

Un estudiante afirmó que las acciones no se detendrán, aunque Mazariegos tome posesión, porque lo consideran un usurpador que no reúne los requisitos para ejercer la rectoría.

El avance judicial de los casos contra estudiantes sigue abierto en varios frentes. Uno de los abogados explicó que el proceso penal contra Geyser y Sergio Morataya por la toma del Paraninfo “ya va para debate” y que la defensa está pendiente de presentar medios de prueba, aunque existe un amparo en trámite contra una resolución de la Sala Tercera.

Pedro Ross, quien se presentó como uno de los 27 estudiantes criminalizados en uno de esos casos junto con Geyser y Sergio, reclamó objetividad a la nueva fiscalía y exigió que el relevo de funcionarios se traduzca en movimiento real de los expedientes. También señaló que la remoción del fiscal Saúl Sánchez del caso de patrimonio cultural abre la expectativa de que el nuevo responsable comparezca pronto ante tribunales para que el proceso avance.

Ross vinculó esa situación con el impacto personal de las causas penales, al afirmar que la criminalización les impide desarrollar con normalidad su vida y su proyecto universitario. También pidió al Ejecutivo y a la Procuraduría General de la Nación que colaboren con los informes que pueda requerir la CIDH, a diferencia de lo que, sostuvo, ocurrió durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Los estudiantes rechazaron además las versiones que los presentan como delincuentes o terroristas y negaron recibir financiamiento del Ejecutivo, de la Embajada de Estados Unidos, de “comunistas” o de George Soros. Según denunciaron, esas acusaciones buscan aislar al movimiento estudiantil, facilitar nuevas denuncias penales y profundizar la exposición de quienes hoy participan en protestas, algunos de ellos con el rostro cubierto por razones de seguridad.