Los gobiernos de Guatemala y Belice solicitaron este miércoles a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su respaldo institucional y técnico para la etapa posterior al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el histórico litigio territorial que enfrentan desde hace décadas. La petición fue realizada durante la 56 Asamblea General de la OEA, celebrada en Ciudad de Panamá, donde ambos países reafirmaron su compromiso de acatar la decisión de la CIJ como “definitiva y vinculante”.
El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, y el director ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice, Oscar Arnold, firmaron una declaración conjunta en la que instaron a la OEA a colaborar en la futura demarcación de la frontera, con el apoyo del Grupo de Amigos y la comunidad internacional. El documento oficial, divulgado por la propia OEA, señala que el organismo debe desempeñar un papel facilitador y de acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia internacional.
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Ambos países mantienen una disputa por el reclamo guatemalteco sobre una porción del territorio continental, insular y marítimo de Belice. En 2008, con el auspicio de la OEA, firmaron un acuerdo especial para someter el diferendo a la CIJ, proceso que requirió la consulta a la ciudadanía de ambas naciones mediante plebiscitos.
Guatemala expone su postura sobre los cayos Zapotillos
Guatemala expuso el pasado viernes ante la CIJ sus argumentos de fondo para defender sus intereses sobre los cayos Zapotillos, un archipiélago en el Caribe que también es disputado por Belice y Honduras. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala recogido por Infobae, el gobierno entregó su declaración escrita dentro del plazo fijado por el tribunal de la ONU, tras una prórroga solicitada por Honduras.
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La controversia sobre los cayos Zapotillos se suma al litigio principal entre Guatemala y Belice. En noviembre de 2022, Belice demandó a Honduras ante la CIJ para que se determine la soberanía sobre el archipiélago. Guatemala solicitó intervenir en el caso en diciembre de 2023, argumentando que también reclama esos mismos cayos en un proceso separado contra Belice iniciado en 2019, y que cualquier decisión entre sus vecinos podría afectar sus propios intereses jurídicos.
La CIJ autorizó por unanimidad la intervención guatemalteca el 19 de marzo, al considerar que el país centroamericano posee un interés legítimo que podría verse afectado por el fallo. No obstante, Guatemala participa como tercero y no como parte plena, lo que limita su capacidad de influencia directa sobre la resolución definitiva. “El Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y el derecho internacional”, señaló la cancillería guatemalteca.
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La OEA y la Zona de Adyacencia
De acuerdo con la información proporcionada por la OEA, la Secretaría General del organismo fue formalmente invitada a mantener su presencia y respaldo a través de la Oficina en la Zona de Adyacencia, una franja que separa temporalmente a ambos países y que ha ayudado a evitar incidentes en la región fronteriza antes del fallo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala reconoció y agradeció el apoyo financiero de la Unión Europea durante las dos últimas décadas, que permitió sostener la labor operativa de la OEA en la zona.
Las autoridades de Guatemala y Belice subrayaron que la continuidad del acompañamiento internacional ayudará a garantizar el respeto a lo que determine la CIJ y facilitar el proceso de demarcación fronteriza. Según la declaración, la comunidad internacional y el Grupo de Amigos de la OEA tendrán un papel relevante en la supervisión y apoyo al cumplimiento de las obligaciones derivadas del fallo.
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Por ahora, la resolución definitiva de la CIJ se encuentra en etapa de deliberación. Mientras tanto, Belice y Honduras tienen plazo hasta el 21 de septiembre para responder a los alegatos presentados por Guatemala sobre los cayos Zapotillos, un asunto que, según la propia CIJ, mantiene a la región bajo observación, ante la expectativa de un dictamen que podría modificar los equilibrios fronterizos en Centroamérica.
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