El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), previamente sancionado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14404 del presidente Trump, del 1 de mayo de 2026, que impone sanciones a los responsables de la represión en la isla y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.
A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio indicó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”; al tiempo que detalló: “Dos de las entidades designadas hoy son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla".
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Luego explicó: “También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”.
Por último, subrayó: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, concluyó.
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El mes pasado, Estados Unidos sancionó al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla. Ese anuncio coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretaron como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.
Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas.
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Rubio acompañó el anuncio del mes pasado con un comunicado en el que señaló que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. También había advertido que cabían esperar “designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.
El blanco principal de las designaciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido por sus siglas GAESA. Se trata del conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según estimaciones reiteradas por el propio Departamento de Estado, controla en torno al 40% de la economía cubana.
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Sus ingresos superarían en más de tres veces el presupuesto estatal, y una investigación del diario Miami Herald basada en documentos financieros filtrados calculó sus activos en cerca de 18.000 millones de dólares. El holding abarca sectores tan dispares como el turismo de alto nivel —a través de Gaviota S.A.—, el comercio minorista en divisas, las remesas, la logística portuaria y los servicios financieros.
GAESA fue creado en 1995, durante el llamado “Período Especial” que siguió al colapso soviético, por iniciativa del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro. Lo que nació como un mecanismo para dotar de recursos propios al estamento militar se convirtió con el tiempo en una estructura paralela al Estado, opaca e inmune a cualquier auditoría.
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La entidad opera como sociedad anónima, no publica balances, no rinde cuentas al Parlamento y, según admitió en 2024 la propia contralora general antes de ser cesada, ni siquiera el órgano de fiscalización del Estado tiene jurisdicción para revisar sus cuentas. El economista Pavel Vidal, especialista en finanzas cubanas, lo describió con precisión: es una economía dentro de otra.

Qué podrían significar las nuevas sanciones de EEUU contra el régimen cubano
En diálogo con Infobae, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, destacó que las nuevas medidas “deben ser entendidas por lo que realmente son: reforzamiento de la política de máxima presión contra una dictadura criminal que lleva más de seis décadas en el poder, persiguiendo a quienes disienten, encarcelando, negando libertades básicas y condenando al pueblo a la miseria más extrema".
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Ferrer recordó que, durante este año, "Washington ha incrementado de manera significativa la presión sobre la dictadura. El 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con las amenazas atribuidas al régimen castrocomunista. Luego, el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las posibilidades de sancionar a personas, entidades y familiares vinculados con la represión, la corrupción, el aparato militar, el sector energético, la seguridad y el financiamiento del régimen. En junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra actores del aparato represivo y contra estructuras vinculadas con actividades antiamericanas. También sancionó a CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. Estas medidas golpean directamente una fuente esencial de recursos para la maquinaria de control, vigilancia y represión de la dictadura“, remarcó el disidente.
Ferrer recordó que, antes de este año, “la política estadounidense ya había dado pasos relevantes”. Y mencionó: “La Administración Trump reactivó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra quienes trafican con propiedades confiscadas por el régimen. En 2025, Washington endureció nuevamente su política hacia Cuba, mantuvo a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reforzó restricciones a transacciones con GAESA y sus empresas afiliadas, y reafirmó las limitaciones al turismo estadounidense que alimenta al aparato militar cubano”.
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Y siguió: “Quienes critican estas medidas suelen repetir que las sanciones perjudican al pueblo, y es cierto. Afectan como afecta un medicamento fuerte e indispensable para poner fin a una grave enfermedad. La quimioterapia produce fuertes reacciones adversas, pero aplicada a tiempo puede curar el cáncer. No hacer nada contra la grave enfermedad o sólo realizar su diagnóstico o aplicar remedio insuficiente, alarga el sufrimiento del paciente y lleva irremediablemente a la muerte. Los responsables de la tragedia cubana son los dirigentes que monopolizan el poder, controlan las empresas estatales, administran el turismo, acaparan las divisas y utilizan los recursos del país para sostener un sistema de dominación”.
El ex preso político luego destacó que “la verdadera solidaridad con los cubanos” no consiste en financiar al régimen ni en facilitarle recursos para prolongar su existencia. “Consiste en privarlo de los medios con los que reprime, corrompe y compra lealtades. La presión máxima no es un castigo contra Cuba: es una herramienta para abrir caminos hacia la libertad, la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la transición democrática“, completó.
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Por último, indicó que Estados Unidos, en la medida en que “castiga al régimen opresor, envía ayuda directa al pueblo cubano y ofrece aumentar la asistencia por vías directas que no pasen por las manos de la dictadura corrupta. Sancionar a la dictadura y apoyar directamente al pueblo, hasta alcanzar la democratización de la Mayor de las Antillas, es lo que debieran hacer también la Unión Europea y la mayoría de los países del continente americano”.
“Cada sanción bien dirigida, cada demanda por propiedades robadas y cada restricción contra las empresas de la dictadura acerca el día en que Cuba deje de ser rehén de una élite comunista y vuelva a pertenecer a todos los cubanos”, concluyó.
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