El Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciará el 18 de junio las pruebas para bloquear señales en las cárceles

El Ministerio de Gobernación de Guatemala prevé iniciar el 18 de junio las pruebas de sistemas para bloquear señales de telefonía, internet, radio y otras comunicaciones dentro de los centros de detención del país, una medida con la que busca limitar las operaciones criminales que, según la propia cartera, todavía se ejecutan desde las cárceles.

La fase de pruebas comenzará después de que los equipos, traídos del extranjero, superaran retrasos para ingresar al país. La viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Ortiz, informó que los dispositivos ya están en Guatemala y ya fueron instalados.

Ortiz explicó que el ministerio todavía finaliza una programación de sistemas que debe coordinarse con las empresas proveedoras del servicio. “Creemos que a partir del 18 de junio ya podemos visualizar el tema de bloqueos de señal”, dijo la funcionaria.

Los equipos ya fueron instalados, pero el Gobierno aún compara soluciones disponibles

Según Ortiz, el plan original contemplaba pruebas de concepto para verificar distintas soluciones disponibles en el mercado, en particular sistemas jammer orientados a un bloqueo específico de señal. Ese cronograma se alteró por los problemas de ingreso de los equipos, aunque la funcionaria sostuvo que esa etapa ya quedó resuelta.

La respuesta inmediata a la pregunta central es esta: el Gobierno guatemalteco no ha definido una solución única y permanente para impedir las comunicaciones en prisión.

Lo que hará desde el 18 de junio es probar tecnología instalada mientras analiza un esquema más amplio que involucre a operadores de telefonía, proveedores de internet, supervisión estatal de frecuencias y protocolos frente a servicios satelitales.

Ortiz afirmó que el Congreso de la República presentó una iniciativa de ley sobre esta materia y que el Ministerio de Gobernación ya formuló observaciones para reforzarla. De acuerdo con la viceministra, la propuesta busca trasladar la responsabilidad del bloqueo no solo a las distribuidoras de telefonía celular, sino también a las empresas que proveen internet o ISP.

La funcionaria sostuvo que esas compañías podrían ejecutar bloqueos mediante software. Ese modelo, explicó, evitaría dispositivos visibles dentro o alrededor de los centros de detención, porque la programación se realizaría desde los servidores de las empresas proveedoras.

El ministerio detecta vacíos para controlar internet, radio, drones y servicios satelitales

Ortiz advirtió que uno de los obstáculos es la falta de regulación o de un catálogo de distribuidores de internet. Según su explicación, esa ausencia complica la aplicación de una estrategia integral para cortar comunicaciones dentro de las cárceles.

El ministerio también abrió conversaciones con la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la que Ortiz identificó como la entidad encargada del control y la verificación de frecuencias. La viceministra señaló que ese organismo interviene en 20 aspectos y frecuencias.

Dentro de ese trabajo conjunto existe un plan para un proyecto de monitoreo y para la instalación de antenas que permitan verificar si el bloqueo se cumple o no. La funcionaria planteó que el objetivo no es apostar por una sola herramienta, sino por un conjunto de respuestas para controlar las comunicaciones en los centros de detención.

Ortiz agregó que el ministerio también sostuvo acercamientos con proveedores de servicio satelital, entre ellos Starlink, para establecer algún protocolo de acción cuando se detecte un dispositivo y pueda inhabilitarse. Según dijo, la dificultad en ese frente es que esas empresas no tienen una presencia nacional sino internacional, lo que vuelve más complejo aplicar la ley por razones de territorialidad.

Pese a esa limitación, la viceministra afirmó que esas compañías han mostrado apertura para participar en el proceso de socialización. También aseguró que el ministerio mantiene diálogos con empresas proveedoras de servicio y que el tema todavía está en desarrollo.

“No es una solución que yo le pueda decir: mañana ya la tenemos. Es un proceso”, afirmó Ortiz. La funcionaria añadió que el ministerio lleva dos meses trabajando en este tema y que las observaciones enviadas a la iniciativa legislativa buscan que abarque no solo la telefonía celular, sino también servicios de internet, radio, drones y otras frecuencias utilizadas para comunicarse dentro de las cárceles.