Caso Pandora: ocho investigados desisten de buscar su libertad y permanecerán detenidos en Panamá

Ocho de los quince imputados que comparecieron ante el Tribunal Superior de Apelaciones decidieron desistir del recurso con el que buscaban revocar la medida de detención provisional impuesta por su presunta participación en la Operación Pandora, la investigación que destapó un esquema de supuesta manipulación del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que, según las pesquisas, habría ocasionado un perjuicio superior a 40 millones de dólares al Estado.

Mientras tanto, cinco procesados mantuvieron su solicitud de revisión y el Ministerio Público anunció que insistirá en que otros imputados permanezcan privados de libertad.

La audiencia de apelación comenzó con aproximadamente una hora de retraso y se desarrolló de forma presencial y virtual. Durante la diligencia, los magistrados Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky acogieron el desistimiento presentado por Jercovick Joyner, Carlos Ferguson, Héctor Luna, Cira Marín, Dayra López, Katherine Aguirre, Elodia De León y Angeli Rodríguez, esta última bajo medida de depósito domiciliario.

Con esa decisión, los imputados aceptaron que continúen vigentes las medidas cautelares que les fueron impuestas por un juez de garantías el pasado 11 de julio.

La decisión de desistir fue interpretada en el proceso como una señal de que algunos de los investigados podrían optar por colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación, aunque ninguno de ellos explicó públicamente las razones de su decisión.

Los ocho imputados permanecieron en silencio durante la audiencia y renunciaron a intervenir ante el tribunal, limitándose a comunicar formalmente que retiraban el recurso de apelación presentado por sus defensas.

En contraste, cinco procesados decidieron mantener su petición para que se modificaran las medidas cautelares.

Se trata de las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios, señalado por la Fiscalía de haber recibido presuntamente más de medio millón de dólares provenientes de la sociedad Servicios de Asesoría y Administración Jurado, considerada por los investigadores como una de las empresas intermediarias utilizadas dentro del supuesto esquema de créditos fiscales irregulares.

Durante la audiencia, Vielka Sáez y Juana Chong sostuvieron que desconocían la existencia de una organización criminal dentro de la DGI y afirmaron que los trámites relacionados con los créditos fiscales ya llegaban previamente autorizados. Según sus declaraciones, su participación consistía únicamente en completar procedimientos administrativos sin intervenir en la aprobación de los expedientes.

El resto de los imputados que continuó con la apelación decidió no hacer uso de la palabra.

Por su parte, el fiscal Emeldo Márquez, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, solicitó al tribunal mantener la detención provisional al considerar que las investigaciones atribuyen a varios de los procesados una participación activa en la estructura que habría alterado y desviado créditos fiscales hacia terceros para obtener beneficios económicos ilícitos.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la organización habría procurado no dejar rastros del dinero obtenido, distribuyendo parte de las ganancias en efectivo para dificultar su trazabilidad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la revelación del Ministerio Público de que la investigación podría crecer significativamente.

Según explicó Márquez, las diligencias desarrolladas hasta ahora apuntan a que el número de personas involucradas podría elevarse hasta 50 investigados, mientras que el perjuicio económico también superaría los 40 millones de dólares inicialmente estimados.

El fiscal añadió que continúan apareciendo nuevas empresas afectadas por las presuntas maniobras,aunque evitó precisar el monto específico relacionado con ese caso.

La Operación Pandora surgió luego de una auditoría interna realizada por la Dirección General de Ingresos, que detectó inconsistencias entre los registros tributarios y los pagos reflejados en el sistema E-Tax 2.0.

El informe técnico permitió identificar operaciones sin respaldo documental, anulaciones de transacciones efectuadas años atrás, modificaciones en créditos fiscales y cambios en los beneficiarios de pagos tributarios, hallazgos que posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público y dieron origen a la investigación penal.

El proceso judicial continuará este martes, cuando el Ministerio Público sustente la apelación presentada contra las medidas de depósito domiciliario concedidas a Lupo González y Angeli Rodríguez, además de solicitar que se mantenga la detención provisional para otros imputados.

Mientras avanzan las audiencias, el expediente continúa ampliándose y se perfila como uno de los casos de presunta corrupción tributaria más relevantes investigados en los últimos años en Panamá, tanto por el monto del supuesto perjuicio económico como por el número de funcionarios y particulares bajo investigación.