
El Congreso de Guatemala conmemoró este martes el XLI aniversario de la Constitución Política de la República en una sesión solemne con representantes de los tres poderes del Estado, una ceremonia en la que las principales autoridades vincularon la defensa del texto promulgado el 31 de mayo de 1985 con los desafíos actuales de la democracia, la vigencia del Estado de derecho y la agenda legislativa inmediata, incluida la discusión de una ley antilavado.
Luis Contreras dijo en su discurso ante el pleno que el aniversario no debía reducirse al recuerdo de una fecha histórica, sino reafirmar “el compromiso vivo de fortalecer nuestra democracia”.
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Según sus palabras en la sesión solemne, la Constitución de 1985 surgió “tras años de inestabilidad” y sigue siendo “el corazón de nuestra República”.
Contreras recordó que en su toma de posesión del 14 de enero de 2026 asumió la presidencia del Congreso con la idea de que la décima legislatura representa “una oportunidad histórica”. En esa línea, convocó a los bloques legislativos a convertir el Parlamento en una casa de diálogo, consenso y trabajo por encima de los intereses particulares.

Bernardo Arévalo advirtió que la democracia no está garantizada para siempre
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo en la misma sesión que Guatemala eligió hace 41 años “sustituir la imposición por el acuerdo” en medio de la incertidumbre, el conflicto armado y las divisiones profundas. Según Arévalo, ese pacto permitió reemplazar la censura por la libertad de expresión y la imposición violenta por los votos y el consenso.
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Arévalo definió la Constitución como un documento todavía vigente en sus aspiraciones y mencionó entre ellas la preservación del ambiente para las próximas generaciones, la regulación de la gestión del agua, la educación gratuita y de calidad, la salud como responsabilidad colectiva, la igualdad entre hombres y mujeres y la convivencia entre los pueblos que integran la nación.
El presidente afirmó que la Constitución “está en construcción” porque solo tiene vida si se practica todos los días. También dijo que las instituciones son fuertes cuando quienes las integran respetan sus límites y cumplen sus responsabilidades, pero se vuelven frágiles cuando algunos buscan colocarse por encima de la ley o usar el poder para fines particulares.
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En ese punto, Arévalo enlazó la conmemoración con la crisis institucional reciente. Señaló que “la experiencia de los últimos años en Guatemala” demuestra que el Estado de derecho y la democracia solo tendrán vigencia si autoridades y ciudadanía les dan sentido con sus acciones.
El mandatario mencionó episodios concretos de movilización y defensa institucional. Dijo que “los cuatro pueblos” defendieron la voluntad popular en las calles en 2023, que hubo reclamos por una justicia independiente en 2025 y 2026, que actuaron votantes en el Colegio de Abogados, decanos y rectores en las comisiones de postulación, y que estudiantes y profesionales siguen en la lucha contra el fraude y por el restablecimiento de la autoridad legítima en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Arévalo marcó una línea política sobre los límites del disenso. Afirmó que los enemigos de la democracia no son quienes sostienen desacuerdos, porque el disenso es normal y deseable, y añadió que el régimen político necesita la pluralidad de partidos, la organización social libre y la diversidad social, política y cultural.
El Congreso ligó la defensa constitucional a la ley antilavado
Nery Ramos dijo que la Constitución “sostiene los pilares de la democracia” y que renunciar a su defensa abre paso a dictaduras que intentan instalarse en la “débil democracia guatemalteca”. También la definió como un acuerdo de nación que recoge principios, derechos y libertades fundamentales que no pueden ser abandonados y que, por el contrario, deben ampliarse.
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Ramos indicó que impulsa esa aprobación junto a su bloque legislativo, integrado por 11 diputados. En su recuento de la producción parlamentaria, mencionó la ley antipandillas, la nueva ley de la Policía Nacional Civil, la ley de infraestructura vial, la ley de tarjetas de crédito y la ley de competencias.
El diputado José Pablo Mendoza calificó la fecha como un día de “júbilo” por los 41 años de la Carta Magna y dijo que la décima legislatura seguirá defendiendo los principios y normas establecidos en la Constitución. Su intervención se centró en el deber de regirse por ese marco jurídico.
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La diputada Alexándra Ajcip, de Comunidad Elefante, dijo que la conmemoración era una oportunidad para reflexionar sobre la obligación asumida por los diputados al jurar la defensa de la Constitución. Añadió que la población guatemalteca espera que el Congreso proteja cada uno de sus derechos.
Ajcip afirmó que la Constitución guatemalteca es “desarrollista” porque permite ampliar derechos e incorporar otros nuevos, incluidos los vinculados al acceso a tecnologías. Sobre la ley contra el lavado de dinero, expresó su expectativa de que la discusión comenzara ese mismo día y sostuvo que Guatemala necesita ese tipo de herramientas para fortalecer esa lucha.
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En otra declaración incorporada al acto, un diputado se refirió además a la propuesta de una ley de teletrabajo y la vinculó con el estrés, la salud mental y el costo de los hidrocarburos. Según esa intervención, el subsidio vigente terminará y la iniciativa seguirá siendo impulsada para convertirla en una realidad.
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