El sector empresarial solicita certeza jurídica para modernizar los puertos en Guatemala

AmCham Guatemala pidió avanzar con la Ley del Sistema Portuario Nacional en la fase final de su trámite legislativo, al sostener que un marco jurídico actualizado puede dar certeza a la inversión, ordenar la modernización de las terminales marítimas y mejorar la competitividad logística de Guatemala.

La discusión ocurre mientras el país busca aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional, identificada como la Iniciativa 6541, y después de la entrada en vigor del Decreto 26-2024, que estableció a la Comisión Portuaria Nacional como autoridad designada para garantizar seguridad y estándares internacionales, según el texto fuente.

Durante un panel organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, representantes del sector público y privado analizaron los retos y oportunidades de esa reforma. La entidad señaló que las eventuales enmiendas deben conservar los objetivos originales de seguridad, fortalecimiento institucional e incentivo a la inversión privada.

Waleska Sterkel de Ortiz destacó la postura de la organización: “Desde AmCham Guatemala consideramos fundamental avanzar hacia un sistema portuario moderno, eficiente y con reglas claras, ya que los puertos son un pilar clave para la competitividad del país. Su fortalecimiento impacta directamente en la eficiencia del comercio exterior, la reducción de costos logísticos y la atracción de inversión”, según AmCham Guatemala.

La iniciativa busca crear una autoridad portuaria nacional y ordenar la inversión en terminales

El objetivo de la ley, según el dictamen citado en el texto fuente, es establecer el marco jurídico rector para la organización, regulación, planificación, desarrollo, administración y supervisión del sistema portuario nacional, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro, competitivo y sostenible.

El artículo 1 de las iniciativas de ley, citado en el texto fuente, establece: “Esta ley regula las competencias de la autoridad rectora, derechos y obligaciones de los actores públicos y privados que integran el sistema, los procedimientos para el desarrollo de infraestructura y superestructura portuaria, la prestación de servicios comerciales portuarios, logísticos portuarios, proyectos de soporte a la actividad portuaria, actividades complementarias a los servicios comerciales portuarios, así como las condiciones para fomentar la inversión pública y privada bajo los principios establecidos en la presente ley”.

La propuesta también plantea regularizar la participación de empresas que puedan construir terminales marítimas. De acuerdo con el texto fuente, ese punto apunta a evitar congestión en el mar, una situación que hoy genera costos para las compañías y para los consumidores.

Parte de los atrasos en las terminales marítimas se explica por fallas en grúas contratadas, sobre todo en la Empresa Portuaria Quetzal, lo que obliga a los buques a hacer fila para descargar mercadería, según el texto fuente.

La norma define además que el sistema portuario nacional estará integrado por autoridades públicas, instancias técnicas y personas individuales y jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que operen, desarrollen o administren instalaciones portuarias o presten servicios comerciales portuarios en dominio público o privado.

Ese entramado trabajaría de manera coordinada para prestar el servicio comercial portuario nacional en condiciones de eficiencia y seguridad. Para esto, la iniciativa crea la autoridad portuaria nacional como ente rector con facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y convenios internacionales como el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

El directorio propuesto incluye ministerios, la SAT y usuarios del sistema

Uno de los puntos en debate es la integración de la futura autoridad portuaria nacional. Según el texto fuente, en el dictamen de la comisión de Comunicaciones se propuso que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras tuviera un espacio, mientras algunos diputados impulsan enmiendas para que el Congreso de la República ocupe un asiento.

La propuesta que avanzó en el Pleno prevé que el directorio esté formado por un titular y un suplente de los ministerios de Economía, Gobernación y Comunicaciones, además de un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria y uno del consejo de usuarios del sistema portuario, según el texto fuente.

La iniciativa también crea el comité de apoyo del sistema portuario, Codas, que podrá participar en la aprobación del plan nacional integral de desarrollo portuario.

El proyecto de ley marco fusiona las iniciativas 6527 y 6541, y habilita contratos de explotación portuaria y alianzas público-privadas con concesiones de hasta 50 años, según el texto fuente. Ese esquema busca abrir espacio a capital privado para nueva infraestructura y reducir sobrecostos operativos, mientras el Estado conserva la soberanía técnica.

AmCham Guatemala indicó que la modernización del sistema portuario requiere reglas previsibles para estimular inversión nacional y extranjera en el desarrollo, modernización y especialización de instalaciones e infraestructura. La organización forma parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos desde hace 56 años y señala que AmCham integra la Asociación de Cámaras de Comercio en América Latina, una red empresarial con más de 20 mil empresas con relaciones comerciales en Estados Unidos y más de 3 millones de socios en Latinoamérica.