El campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala se transformó en epicentro de enfrentamientos, con heridos y tensión extrema, apenas unas horas antes de la crucial elección de rector que determinará el futuro de la única universidad pública del país. La administración, encabezada por Walter Mazariegos, ordenó el cierre inmediato del campus y restringió el acceso a toda la comunidad estudiantil en paralelo a la suspensión de clases presenciales desde el lunes 6, en respuesta a incidentes que dejaron dos estudiantes lesionados y reavivaron las sospechas de irregularidades en el proceso electoral, según reportes de Prensa Comunitaria y comunicaciones oficiales de la propia universidad.
A primeras horas del viernes, protestas de grupos estudiantiles de las facultades de Medicina, Agronomía, Odontología y la Escuela de Psicología chocaron contra personas encapuchadas que bloqueaban los accesos principales. La crisis se agravó hacia las 12:45, cuando Bomberos Voluntarios auxiliaron a dos estudiantes heridos en las puertas del campus, según reporta Diario LaHora. Simultáneamente, la Policía Nacional Civil desplegó unidades tras la apertura forzada de los portones por parte de manifestantes.
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De acuerdo con cifras difundidas por la universidad y Prensa Comunitaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) resolvió el lunes 8 de abril excluir a catorce cuerpos electorales, la mayoría opositores a la actual gestión. Al mismo tiempo, se acreditaron sectores afines a Walter Mazariegos, lo que incrementó la representación favorable al rector de seis a nueve cuerpos acreditados para votar. Por comparación, de los veintiún grupos de oposición, apenas cinco recibieron autorización para participar en la elección que definirá si Mazariegos extiende su mandato por cuatro años más. La anulación de la elección del cuerpo electoral de profesores de Ingeniería y el reconocimiento de un grupo afín a Erwin Calgua modificaron aún más el equilibrio del padrón, como aclaró la universidad en sus datos oficiales.
La sesión del 6 de abril del CSU sumó más exclusiones: trece cuerpos de oposición fueron apartados y se acreditaron siete, discriminados en tres para la gestión actual, tres para la oposición y uno para Calgua. Posteriormente, se restituyó a Mazariegos el control de dos cuerpos previamente anulados: Ingenieros Químicos y Arquitectos. Estas acciones, reportadas por Prensa Comunitaria, alteraron el mecanismo democrático de la USAC, según denuncias públicas de diversos sectores y el propio estudiantado.
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Los incidentes violentos en el campus se suman a una serie de decisiones administrativas adoptadas tras la Huelga de Dolores y la Semana Santa, momentos señalados por la universidad como justificación para la suspensión de actividades presenciales.
Un comunicado oficial de la institución sostuvo la continuidad de procesos administrativos y deslindó su responsabilidad del cierre, argumentando: “un grupo de personas desconocidas, con el rostro cubierto, han tomado el día de hoy las instalaciones universitarias del campus central, zona 12, sin la debida autorización, impidiendo el libre acceso de la comunidad sancarlista y la libre locomoción, manifestando su rechazo al alza del precio de los combustibles”.
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El excluyente nuevo padrón electoral acentúa la crisis en la USAC
La recomposición del padrón electoral universitario previo a la elección de rector ha significado que, por mandato del CSU, únicamente los cuerpos acreditados podrán votar, excluyendo a una mayoría opositora.
Esta medida fue interpretada como un mecanismo para favorecer la reelección de Mazariegos y fue inmediatamente contestada por las facultades excluidas, que denunciaron tanto restricciones a la representación universitaria como la vulneración de la participación democrática ante la Corte de Constitucionalidad.
La intervención policial y la persistencia de encapuchados bloqueando accesos refuerzan el clima de inestabilidad institucional pocas horas antes de la votación.
Todos estos factores convergen en una coyuntura en la que la universidad más grande y antigua de Guatemala define, entre protestas y sospechas, si habrá continuidad o relevo en su máximo cargo directivo.
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