El sistema de salud de Guatemala enfrenta nuevas exigencias por cambios epidemiológicos

Guatemala enfrenta una transición epidemiológica caracterizada por un aumento de las enfermedades no transmisibles, el envejecimiento de la población y la persistencia de patologías transmisibles, un escenario que exige respuestas integradas y sostenibles en el sistema de salud.

Duranteel XLIV Congreso Nacional de Medicina Interna, la participación de la OrganizaciónPanamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reafirmóel propósito de acompañar a Guatemala en elfortalecimiento de su sistema sanitario, con foco en mejorar equidad,eficiencia y calidad en el acceso a los servicios. La Dra. IngridGarcía, Asesora Internacional en Enfermedades No Transmisibles, expusoel impacto de la evolución demográfica y epidemiológica sobre la organizaciónde la atención médica.

El evento, desarrollado por la Asociación de Medicina Interna de Guatemala (AMIG), puso en relieve la función estratégica del médico internista en la integración de la atención primaria y especializada, así como en la gestión de la multimorbilidad. Se enfatizó que este perfil profesional resulta esencial para garantizar la continuidad del cuidado y avanzar hacia modelos sanitarios orientados a resultados.

La OPS/OMS ratificó su compromiso de cooperación técnica al promover el desarrollo del talento humano en salud y acompañar los procesos nacionales de transformación sanitaria.

<b>Las enfermedades crónicas incrementan presión sobre la salud pública en Guatemala</b>

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles representan un desafío creciente para la salud pública y la economía familiar en Guatemala, según un análisis publicado por Adrián Chávez García de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El estudio detalla que estas afecciones no transmisibles comparten ciertos factores de riesgo, y su control requiere la consolidación de políticas estatales robustas.

La inclusión de leyes como la de Atención Integral del Cáncer y la discusión de la iniciativa de Promoción de Alimentación Saludable en la agenda legislativa de la décima legislatura, de acuerdo con la investigación, facilitaría la puesta en archa de dos ejes estratégicos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN). Estas medidas se consideran claves para disminuir la prevalencia de enfermedades que actualmente cobran miles de vidas y afectan de forma directa la estabilidad financiera de millones de familias guatemaltecas.

El informe subraya que la POLSAN ya contempla la reducción de estos riesgos y propone su reconocimiento como una política de Estado. Destaca la necesidad de que todas las instituciones nacionales coordinen leyes, programas y recursos con el objetivo de implementar esta estrategia y así contener el avance de las enfermedades crónicas no transmisibles.

La nueva versión de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (POLSAN) plantea que la alimentación saludable, suficiente y culturalmente pertinente debe convertirse en una prioridad permanente, más allá de las ideologías y ciclos políticos en Guatemala, y propone mecanismos específicos de evaluación y monitoreo que obligan a todas las instituciones estatales a orientar leyes, programas y recursos hacia este objetivo, según información suministrada en el documento oficial.

La POLSAN reconoce como desafíos emergentes la transición alimentaria y nutricional, el costo social y económico de gestionar la doble carga, la migración y los efectos de la transición urbana. A partir de estos elementos, la política delineó ejes temáticos y transversales y estableció líneas de acción para mejorar la producción, distribución, acceso y consumo de alimentos en todo el país.

La política renovada promueve la consolidación de sistemas alimentarios sostenibles para asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentación sana, nutritiva y culturalmente adecuada. El enfoque requiere orientar de manera integral leyes, programas, proyectos y recursos estatales a los objetivos de la POLSAN, trascendiendo los cambios de gobierno y considerándola como una política de Estado de cumplimiento obligatorio.