El Congreso de Guatemala suspende la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad

El proceso de selección de los nuevos magistrados para la Corte de Constitucionalidad de Guatemala quedó en suspenso tras la imposibilidad del Congreso para reunir el quórum legal necesario, lo que intensifica el debate sobre la presión de sectores externos en la integración del máximo tribunal.

La próxima sesión para intentar la elección se fijó para el jueves, mientras persisten los cuestionamientos acerca de la legitimidad de los aspirantes y la transparencia del proceso.

Durante la sesión fallida, más de 100 diputados estaban presentes en el pleno, sin embargo, no fue posible conformar la Junta Directiva, compuesta por nueve diputados.

La fragmentación interna quedó expuesta y dificultó alcanzar los acuerdos requeridos para designar a los integrantes de la principal instancia constitucional del país. Según señaló Luis Contreras, presidente del Congreso, la elección se pospuso en espera de las mayorías necesarias.

Advertencias sobre interferencias y el riesgo de cooptación de la Corte de Constitucionalidad

En el desarrollo de la jornada, la diputada Sonia Gutiérrez, representante de la bancada Winaq, hizo énfasis en la vital importancia de mantener la elección libre de presiones ajenas a la función legislativa.

Según Gutiérrez, “Bajo ninguna circunstancia debe haber ninguna presión de ningún otro sector”. Destacó el desafío de la falta de consenso y llamó a aprovechar la oportunidad para seleccionar profesionales “comprometidos con la institucionalidad de justicia, con la Constitución y con el pueblo de Guatemala”.

La diputada subrayó la necesidad de que “el país merece que a esa Corte de Constitucionalidad lleguen profesionales idóneos, probos, de reconocida honorabilidad, que no tengan vínculos con las élites, con los sectores tradicionales, con terroristas ni vínculos con el crimen organizado”.

Coincidió con esta preocupación el primer vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, quien cuenta con dieciocho años y medio de experiencia en la Policía Nacional Civil. Ramos respaldó la postura de Gutiérrez e insistió en la gravedad de que el narcotráfico y el crimen organizado influyan en las decisiones fundamentales del Estado.

Dudas por la reelección y sospechas de injerencia internacional

El retraso en la elección se produce en medio de cuestionamientos crecientes sobre la idoneidad y la legitimidad de distintos candidatos. Sectores de la sociedad han expresado su preocupación por la posible reelección de Roberto Molina Barreto.

Por otro lado, el presidente denunció intentos de simular una supuesta intervención por parte de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para favorecer las aspiraciones de Molina Barreto y de Consuelo Porras (quien ya quedo fuera de cualquier posibilidad).

Calificó como “altamente irregular y preocupante” la maniobra para aparentar una injerencia de la diplomacia estadounidense, y advirtió sobre el daño que esto podría provocar a la institucionalidad y a la relación bilateral.

Frente a estas versiones, el mandatario dijo haber solicitado una investigación y confirmó el inicio de consultas con el Departamento de Estado estadounidense para esclarecer la situación.

La Embajada de Estados Unidos rechaza interferencias y crímenes asociados

El ambiente llevó al encargado de negocios de la delegación diplomática estadounidense en Guatemala, John Barrett, a pronunciarse públicamente en redes sociales.

Barrett rechazó cualquier intento de injerencia por parte del crimen organizado en las denominadas “elecciones de segundo grado”. Expresó: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.

Barrett reafirmó la autonomía de los procedimientos guatemaltecos y, dirigiéndose a actores locales, recordó que estos procesos “tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos”.

La reprogramación de la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad confirma las divisiones políticas en el Congreso y pone en el centro del debate las exigencias de probidad, transparencia y defensa del Estado de derecho en Guatemala.