El Gobierno de Estados Unidos responsabilizó este lunes a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte de Brooklyn Rivera, líder histórico del pueblo miskito y fundador del partido indígena Yatama, fallecido el 30 de mayo en Managua tras más de 970 días de detención arbitraria. La ONU se sumó de inmediato a la condena y exigió una investigación independiente.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, señaló directamente al régimen en un mensaje en X: “La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”. Washington había exigido su liberación días antes, cuando el propio régimen difundió imágenes del dirigente postrado en una cama de hospital.
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El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó una investigación “rápida, imparcial y transparente” y, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, reiteró la necesidad de respetar en Nicaragua el derecho a un juicio justo y a “un trato y una detención dignos”. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos fue más contundente: condenó el deceso “en los términos más enérgicos” y advirtió que la retención del cadáver y la ausencia de investigación “refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal”.
La jurista uruguaya Ariela Peralta, integrante del grupo de expertos, sostuvo que la desaparición forzada de Rivera desde su arresto el 23 de septiembre de 2023 —cuando era diputado de la Asamblea Nacional— constituye “un crimen internacional del que el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”. Su colega Reed Brody fue más directo: “Brooklyn Rivera no murió de enfermedad. Murió de desaparición forzada: más de dos años bajo custodia estatal sin contacto con su familia y sin supervisión médica independiente”.
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Rivera, de 73 años, fue detenido en septiembre de 2023 en el marco de una ofensiva del régimen contra dirigentes opositores. Su familia no recibió información sobre su paradero durante meses. El régimen rompió el silencio el 27 de mayo, difundió imágenes que lo mostraban con asistencia respiratoria y tres días después confirmó su muerte con más de 15 horas de demora. El cadáver quedó bajo custodia policial. Su hija, Tininiska Rivera, reclamó que la familia pudiera recibirlo y sepultarlo conforme a las tradiciones miskitas.
Fundador de Yatama —cuyo nombre en lengua miskita, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, significa ‘Hijos de la Madre Tierra’—, Rivera dedicó más de cinco décadas a la defensa de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Combatió al primer gobierno sandinista en los años ochenta y fue artífice del régimen de autonomía que rige esa región. Yatama fue inhabilitada electoralmente en 2023, en la misma oleada represiva que derivó en su detención.
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Su muerte eleva a siete el número de presos políticos fallecidos bajo custodia estatal desde 2019, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. La lista incluye al general retirado Hugo Torres Jiménez, muerto en febrero de 2022; al propio hermano del dictador, el general Humberto Ortega Saavedra, fallecido bajo arresto domiciliario en septiembre de 2024; y a los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, entregados sin vida a sus familias en agosto de 2025. Ningún caso derivó en investigación oficial. Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y niega la existencia de presos políticos en el país.
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