El diputado José Chic, integrante de la bancada VOS, solicitó la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer las denuncias que vinculan a la fiscal general Consuelo Porras con supuestas adopciones ilegales de niños indígenas durante el conflicto armado interno. Según declaró Chic, la propuesta incluye formalmente requerir el apoyo del Sistema Interamericano a fin de conformar un equipo multidisciplinario internacional que investigue y documente estos hechos, con el objetivo de generar un informe detallado sobre el periodo que abarca desde la década de 1970 hasta finales de los noventa.
El legislador planteó que la instalación de la Comisión y el inicio de la colaboración internacional podrían tener lugar en los próximos meses, lo que permitiría obtener resultados concretos antes de finalizar el actual periodo de gobierno, informó el propio Chic en la sesión parlamentaria.
Una denuncia ligada a Consuelo Porras y a un hogar temporal para niños
La preocupación central se concentra en el hogar temporal Elisa Martínez, que funcionó aproximadamente entre 1988 y 1997, un espacio en el que, según los señalamientos de Chic, se habrían producido adopciones ilegales con posible complicidad de funcionarios estatales. El diputado recalcó su interés en obtener todo el expediente laboral y administrativo relacionado no solo con Consuelo Porras sino también con la totalidad del personal que trabajó en dicho hogar durante esos años. Chic subrayó que, a su entender, los antecedentes del caso requieren que la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) brinden información exhaustiva para conocer el alcance de lo ocurrido y cuáles fueron los mecanismos reales utilizados.
El legislador explicó que están pendientes peticiones formales para que, a más tardar el 9 de marzo, las entidades estén en condiciones de aportar los archivos y acuerdos de creación del hogar, la lista de personal involucrado y los cambios en la estructura administrativa. Chic insistió que involucrar a organismos internacionales es esencial, ya que considera que “no será suficiente” con las capacidades nacionales para esclarecer el caso. Hizo referencia al precedente del proceso de la Comisión de Ayotzinapa en México, la cual entregó informes detallados tras siete meses de trabajo de campo y análisis documental.
Las denuncias y el recorrido judicial: dudas sobre la imparcialidad
La Procuraduría General de la Nación, en voz de su delegada, informó que presentó dos denuncias —una de oficio tras la difusión en redes sociales y otra durante una audiencia pública—, aunque aclaró que, “por disposición de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas”, no pueden revelar detalles adicionales debido al artículo 314 del Código Procesal Penal, que limita la difusión de las actuaciones judiciales mientras estén en trámite.
Chic cuestionó con insistencia el envío de la denuncia a esa fiscalía, dirigida por Leonor Morales, en lugar de derivarla a instancias especializadas como la Fiscalía de Derechos Humanos o la Fiscalía de Delitos Transnacionales. Para el diputado, establecer esa ruta procesal significa favorecer la impunidad y soslayar la posible responsabilidad de altos funcionarios del Ministerio Público. Señaló que en otros expedientes de corrupción ya se utilizó el artículo 314 para restringir el acceso y la fiscalización institucional, decisión que calificó como “una aberración jurídica”. Chic remarcó que “lo que están procurando es impunidad, no investigar este caso”.
El modelo de Comisión de la Verdad
El diputado propuso que la Comisión de la Verdad cuente con acompañamiento de expertos internacionales y tenga la misión de revisar archivos oficiales, realizar entrevistas y analizar la trazabilidad de las desapariciones y adopciones denunciadas. Como sustento, expuso ejemplos de comisiones previas. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida tras los acuerdos de paz de 1994 para documentar las violaciones durante el conflicto armado. Procesos similares impulsaron en América Latina la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (2018-2022), que priorizó la reconciliación, y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, reconocida por su enfoque en los derechos humanos y la memoria histórica.
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