La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalizó la elaboración de una lista de 20 candidatos a magistrados titulares y suplentes, la cual ha sido remitida al Congreso de la República para que este organismo seleccione a diez integrantes, para un periodo de cinco años, que iniciaría el 16 de marzo próximo, lo cual dejan un corto plazo a los legisladores para la designación de quienes serán los responsables del proceso de elecciones presidenciales 2027.
De acuerdo con la nómina presentada, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Rosa Mariella Rivera, Eva Marina Recinos Vásquez, Karin Virginia Romero Figueroa y Alfredo Skinner-Klee Arenales figuran entre los postulados. Tras la integración de la lista, el Congreso asumirá la responsabilidad de definir quiénes ocuparán los cargos en el TSE.
Junto a los mencionados, la nómina incluye a Juan José Bolaños Mejía, Mario Alexander Velásquez Pérez, Lesther Castellanos Rodas, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Rafael Morales Solares, Roberto Estuardo Morales Gómez, Selvin Guadalupe Guevara Farfán, Francisco Javier Puac Choz, Esmeralda Judith Orozco Navarro, Giovanni Francisco Soto Santos, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Julio César Recinos Fabián, Joaquín Rodríguez Flores y José Alberto Godínez Rodríguez.
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El proceso ha sido observado de cerca por instituciones y organizaciones sociales, por la importancia que tiene esta elección, ya que los magistrados al TSE tendrán en sus manos a partir del 16 de marzo cuando se prevé su toma de posición, la organización de las elecciones 2027. En ese contexto, el Movimiento Pro Justicia público en sus redes sociales que, El actual proceso de selección de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhibe dudas crecientes sobre la transparencia y el rigor en la evaluación de candidatos, en contraste con lo vivido en 2020.
Esta diferencia, que surge especialmente al analizar la integración de la nómina final, ha dejado a los evaluadores sin directrices claras para valorar los señalamientos presentados, lo que podría afectar la legitimidad de quienes asuman cargos para el período 2026-2031.
La comisión de postulación aprobó sin debate que los señalamientos anónimos serían descartados y que todas las pruebas de descargo serían aceptadas, determinación tomada por unanimidad. Además, se estableció que tales insumos serán tenidos en cuenta al integrar la nómina para el Congreso, aunque no se desarrollaron ni documentaron criterios uniformes para su análisis. Esta modalidad contrasta con la del proceso anterior, en el que los comisionados analizaron y discutieron públicamente los argumentos de aspirantes y ciudadanos, si bien ninguno de los señalamientos fue puesto a votación.
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El incremento en el número de señalamientos presentados este año también marca un cambio respecto a la pasada elección. Mientras en 2020 el 11% de los aspirantes recibió objeciones, esta vez el 21% se vio señalado, con 54 señalamientos dirigidos a 38 de los 181 candidatos. La etapa de recepción de estas objeciones permitió a la ciudadanía expresar preocupaciones sobre posibles irregularidades, aunque la falta de un proceso claro para evaluarlas impide distinguir el impacto real de las mismas en la selección final.
La calificación de expedientes
El puntaje mínimo establecido para la evaluación de méritos (académicos, profesionales, éticos y de proyección humana) para que un aspirante fuera calificado y ser incluido en la nómina final fue de 70 puntos, la misma nota determinada en el año 2020. La diferencia es que en el proceso anterior se fijó desconociendo a los aspirantes, en tanto que en el actual los nombres de los candidatos ya eran oficiales, expone en su comunicación el Movimiento Projusticia.
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La comisión de postulación para la elección de magistrados del TSE llevó a cabo este martes el proceso para la elaboración de la nómina final de 20 candidatos que será trasladada al Congreso de la República para llevar a cabo la elección de las autoridades que estarán en funciones en el periodo 2026-2031
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