En el desarrollo de la sesión extraordinaria de este lunes 19 de enero, los diputados aprobaron el Acuerdo Legislativo 3-2026 por medio del cual, se otorga ayuda económica las familias de nueve agentes fallecidos durante los ataques registrados ayer contra las fuerzas de seguridad
El Acuerdo contempla la entrega de Q.300.000 a cada familia de los agentes fallecidos y una suma de Q.100.000 para quienes resultaron heridos, recursos que saldrán del presupuesto de egresos del Congreso de la República, el documento aprobado de urgencia nacional en un solo debate autoriza a la Junta Directiva del Organismo Legislativo
El acuerdo faculta a la directiva para expresar solidaridad institucional por los hechos, considerados un ataque al orden público. Durante el tiempo que se mantenga vigente el estado de sitio, la ayuda será entregada a los familiares de las personas afectadas.
El aporte fue aprobado por solicitud del diputado oficialista Samuel Pérez quien presentó una moción privilegiada verbal la cual después de varios minutos fue conocida y discutida.
Durante la sesión, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
La muerte de nueve agentes de la Policía Nacional Civil durante el fin de semana, ha reavivado el debate en torno a las reformas urgentes aprobadas el 26 de noviembre de 2024 para la legislación de la institución responsable de la seguridad ciudadana.
Debido a la suspensión de diversas frases en varios artículos, que afectan principalmente el artículo 60, clave porque permite el uso de armas de fuego en defensa propia por parte de los agentes.
El retiro temporal de estas disposiciones genera preocupación sobre la falta de respaldo legal para la actuación policial.
Nery Ramos, expresidente del Congreso, solicitó públicamente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad restablecer la vigencia del artículo 60,señalando: “La Policía necesita certeza jurídica para prestar un servicio tan arriesgado”.
Al respaldo se sumó el diputado Byron Rodríguez del partido TODOS, quien consideró imprescindible que los agentes cuenten con los medios necesarios para enfrentar a la criminalidad, aludiendo al carácter nacional de la problemática.
Ley antipandillas debe ser aplicada
La normativa aprobada por el Congreso de la República define un marco jurídico dirigido a la identificación, designación y persecución de las maras o pandillas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas. Con este instrumento, se busca fortalecer la respuesta frente a la delincuencia organizada y sus manifestaciones más violentas, abarcando tanto el ámbito judicial como el operativo y financiero.
El texto de la norma ordinaria estipula un mandato expreso para que el Estado asigne recursos prioritarios para el combate directo de las actividades ilícitas de estas organizaciones.
Además, contempla la ejecución de programas de prevención enfocados en la niñez y juventud, así como en otros sectores vulnerables de aquellas zonas donde tiene presencia este fenómeno delictivo.
La ley perfila a las maras o pandillas como estructuras con jerarquía definida, disciplina interna, métodos de control de ingreso y pertenencia, organización territorial y un claro sentido de identidad y pertenencia grupal.
Se reconoce su conformación básica en clicas, células o unidades de tres o más integrantes que actúan en áreas geográficas determinadas. Su actividad central es la comisión de delitos valiéndose del terror como mecanismo de coacción sobre la sociedad.
El texto legal declara de forma explícita a las organizaciones Barrio Dieciocho (18) y Mara Salvatrucha (MS), junto a sus clicas y subgrupos, como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. Asimismo, abre la posibilidad de incorporar a cualquier otro grupo que cumpla con la definición establecida.
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