El Ministerio Público ha puesto bajo escrutinio una compra millonaria de simuladores digitales tecnológicos realizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en un momento de intensa vigilancia institucional a pocos días del cierre de la administración de Xiomara Castro.
Este proceso de investigación, que permanece en fase preliminar y ha generado expectativas sobre posibles consecuencias administrativas o penales, refleja la presión de rendición de cuentas que enfrentan distintas entidades estatales en la transición gubernamental.
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En el transcurso de la investigación, y tras la reciente intervención de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en las instalaciones del Infop, los agentes aseguraron expedientes, contratos, actas y demás documentos vinculados al proceso de adjudicación.
Las autoridades confirmaron que el secuestro de estos documentos constituye una fase inicial clave, pues buscan preservar la información original para evitar alteraciones y someter el material a un análisis técnico, financiero y legal más exhaustivo.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha revelado si existen funcionarios formalmente investigados ni se ha detallado el alcance de las irregularidades halladas.
Como señalaron fuentes institucionales citadas en el comunicado oficial, “el análisis de la documentación permitirá determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales derivadas del proceso”. La entidad reiteró además que cualquier determinación adicional solo se hará pública tras el avance de las diligencias.
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Fuentes del Infop confirmaron el ingreso de los agentes de la ATIC y aseguraron que la institución facilitó el acceso a la documentación solicitada.
No obstante, la entidad evitó ofrecer declaraciones detalladas y defendió públicamente que “los procesos de contratación se rigen por la ley y que está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes”.
En los últimos años, el Infop ha impulsado programas de modernización tecnológica diseñados para satisfacer las demandas del mercado laboral, orientando su oferta formativa —según expresó oficialmente— a “fortalecer la capacitación técnica de miles de hondureños”.
La compra de simuladores digitales se presentó dentro de estas estrategias, aunque las investigaciones en curso buscan identificar si la adjudicación de estos contratos respetó los principios de legalidad, libre competencia y eficiencia en la utilización de recursos públicos.
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El proceso reciente no solo ilustra la atención particular de los organismos de control en los últimos días del mandato de Xiomara Castro, sino que se suma a otras pesquisas ya abiertas en distintas áreas del aparato estatal en este contexto de cierre y transición gubernamental.
El Ministerio Público remarcó: “las investigaciones se realizan de manera independiente del calendario político”, subrayando la autonomía del proceso.
El papel de la ATIC resulta central en estos procedimientos, al ser el órgano especializado en delitos complejos, incluyendo la corrupción y el fraude en entidades públicas.
De acuerdo con expertos en administración pública, la adquisición estatal de tecnología como la de simuladores representa “un área de alto riesgo debido a la complejidad técnica de los productos, la variabilidad de precios y la necesidad de justificar la idoneidad de los equipos adquiridos”, lo que explica el escrutinio exhaustivo de los órganos de control.
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Las autoridades adelantaron que, finalizada la revisión documental, podrán decidir los pasos siguientes, como ampliaciones de la investigación, citaciones de funcionarios o la petición de información a otras entidades estadísticas.
El expediente, por ahora, continúa bajo investigación, en estricto apego al debido proceso y la presunción de inocencia, mientras la atención se mantiene sobre la gestión y uso de fondos públicos destinados a la capacitación técnica en el país.
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