
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos propuso el 9 de noviembre una nueva regulación federal que obligaría a los beneficiarios del seguro de desempleo a completar al menos cinco actividades de búsqueda de empleo por semana para seguir cobrando sus prestaciones. La medida endurecería los estándares vigentes en la mayoría de los estados: hoy solo cuatro jurisdicciones exigen ese número mínimo de gestiones.
Requisitos actuales para acceder al seguro de desempleo
El seguro de desempleo (UI, por sus siglas en inglés) es un programa conjunto entre el gobierno federal y los estados. Cada jurisdicción administra su propio esquema dentro de los lineamientos fijados por la ley federal, lo que hace que los requisitos de elegibilidad varíen según el estado donde el trabajador haya prestado servicios.
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Para acceder a los beneficios se deben cumplir tres condiciones: haber perdido el trabajo sin responsabilidad propia, haber reunido un mínimo de ingresos o semanas trabajadas durante el “período base” —en la mayoría de los estados, los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario completados— y cumplir los requisitos adicionales de cada estado.
La solicitud debe presentarse ante el programa del estado donde se trabajó, ya sea de forma presencial, por teléfono o en línea. El primer pago demora, por lo general, entre dos y tres semanas desde la presentación, según el Departamento de Trabajo.
La administración Trump propone cinco actividades semanales de búsqueda de trabajo
Según el texto de la norma publicado por la Administración de Empleo y Capacitación (ETA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo, la propuesta establecería un piso federal mínimo de cinco actividades de búsqueda activa de empleo por semana para todos los beneficiarios del UI. Varios estados hoy permiten cumplir la obligación con una sola actividad semanal.
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Las actividades válidas incluirían la presentación de solicitudes de empleo, la asistencia a entrevistas, el contacto directo con empleadores, el registro en agencias de colocación y el contacto con sindicatos para obtener referencias laborales. Los estados también podrían reconocer la participación en ferias de empleo, talleres de reinserción, programas de capacitación y exámenes de certificación profesional.
El Departamento de Trabajo también estudia un sistema de puntos como alternativa opcional para los estados: cada actividad recibiría entre 1 y 3 puntos según su potencial para conducir a una recontratación efectiva, y los reclamantes deberían acumular al menos cinco puntos por semana.
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El incumplimiento implicaría la pérdida del beneficio esa semana
Quien no complete las cinco actividades requeridas —y no reúna condiciones para una excepción— sería declarado inelegible para el beneficio de esa semana. Los estados no podrían sustituir esa determinación por advertencias formales o informales. Si los pagos ya hubieran sido abonados, quedarían obligados a registrar el cobro indebido.
La norma contempla excepciones para varias categorías: trabajadores en programas de capacitación aprobados, aprendices registrados, participantes en esquemas de trabajo compartido y ciertos trabajadores sindicales que buscan empleo a través de bolsas gremiales. También quedarían eximidos quienes tengan fecha confirmada de regreso a su empleador dentro de las ocho semanas posteriores al despido, y quienes hayan aceptado una oferta con inicio previsto en las cuatro semanas siguientes.
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Una propuesta paralela en el Senado ampliaría la cobertura
El Senado tiene en estudio la “Ley de Estabilidad y Oportunidad para los Trabajadores”, un proyecto impulsado por el Comité de Finanzas del Senado que apunta en dirección opuesta. La iniciativa exigiría a los estados ofrecer al menos 26 semanas de beneficios, ampliaría la elegibilidad a trabajadores por cuenta propia y nuevos ingresantes al mercado laboral a través de una Asignación para Buscadores de Empleo financiada por el gobierno federal, y eliminaría la “semana de espera” que hoy impide cobrar durante los primeros siete días tras quedar desempleado. Sus disposiciones centrales entrarían en vigor, si fuera aprobada, el 1 de enero de 2028.
Leve suba en las solicitudes semanales, con el mercado aún estable
La propuesta del Departamento de Trabajo se conoce en un momento de ligera presión sobre el sistema. Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 1.000 hasta 203.000 en la semana que concluyó el 14 de noviembre, por encima de las 197.000 que esperaban los economistas consultados por Reuters. Las solicitudes continuas —quienes siguen cobrando una semana después de la inicial— treparon en 70.000 hasta 1.763 millones al 7 de noviembre, su mayor nivel desde fines de agosto, lo que indica que una parte de los despedidos enfrenta períodos prolongados sin reempleo.
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Heather Long, economista jefa de Navy Federal Credit Union, describió la situación como un mercado “de contratación media y bajo despido”. “Todavía es difícil para los jóvenes que intentan dar sus primeros pasos en el mercado laboral, pero es más fácil que hace un año”, señaló en declaraciones recogidas por Reuters. La tasa de desempleo bajó del 4,5% en noviembre de 2025 al 4,1% en octubre de 2026, aunque el moderado crecimiento salarial lleva a varios economistas a considerar que el mercado aún no llegó a un punto de ajuste real.
La propuesta fue publicada en el Registro Federal el 10 de noviembre con un período de comentarios públicos abierto hasta el 11 de enero de 2027. Una vez publicada la regla definitiva, los estados tendrían un año para adecuar sus sistemas.
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