Acusan a Patrick Sellers, legislador de Alabama, por fraude de USD 240.000 con fondos COVID-19

Un gran jurado federal en Birmingham imputó al representante estatal por cuatro cargos de "wire fraud" vinculados a programas de alivio por la pandemia. Según la fiscalía, el dinero habría financiado gastos propios, incluyendo matrículas universitarias de sus hijas

Retrato en primer plano de un hombre calvo con vello facial, vestido con traje oscuro y camisa clara frente a un fondo gris
Un gran jurado federal acusó a Patrick Lorn Sellers de cuatro cargos de fraude electrónico por el desvío de fondos de alivio por COVID-19.
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Un gran jurado federal imputó a Patrick Lorn Sellers, representante de la Cámara de Alabama por el Distrito 57, por cuatro cargos de fraude electrónico relacionados con fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19. La acusación, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Birmingham, Alabama, fue anunciada el 19 de noviembre por la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Alabama.

Según la imputación, entre julio de 2020 y mayo de 2021, Sellers habría obtenido de manera fraudulenta más de USD 240.000 en subsidios y préstamos provenientes del gobierno federal, del gobierno estatal de Alabama y de una organización sin fines de lucro con sede en ese estado, todos destinados a mitigar el impacto económico de la pandemia. La fiscalía sostiene que el legislador utilizó esos fondos en beneficio propio, en lugar de destinarlos al fin para el que fueron creados.

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De qué acusan a Patrick Sellers, legislador de Alabama

De acuerdo con la acusación, Sellers solicitó y recibió de manera irregular fondos de al menos tres fuentes distintas: el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno del estado de Alabama y una organización sin fines de lucro de base local. Los cuatro cargos que enfrenta corresponden a fraude electrónico (wire fraud), un delito federal que se configura cuando se usa un medio de comunicación electrónica —como internet, correo electrónico o transferencias bancarias— para cometer un esquema de fraude.

Tres hombres con traje se encuentran ante varios micrófonos y el sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos
La fiscalía determinó que el legislador obtuvo de manera irregular más de 240.000 dólares procedentes de tres fuentes públicas y privadas. (X/@FBIBirmingham)

La acusación formal contiene cargos. Sellers, de 53 años y vecino de Pleasant Grove, Alabama, se presume inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario. El legislador fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones celebradas a principios de noviembre de 2026, apenas semanas antes de que se conociera la imputación.

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Cómo habría usado los fondos de ayuda por COVID-19

La fiscalía federal alega que Sellers derivó el dinero hacia gastos estrictamente personales, sin relación con los programas de alivio económico para los que fueron aprobados. Según el texto de la acusación difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los destinos de esos fondos figuran pagos de tarjetas de crédito personales, cuotas hipotecarias, cuotas de préstamos personales, facturas de agua y el pago de matrículas universitarias de sus hijas.

Las autoridades alegan que el legislador presentó solicitudes a los programas gubernamentales de asistencia durante la pandemia y que los fondos obtenidos no se aplicaron a ningún propósito relacionado con la emergencia sanitaria ni con actividades comerciales elegibles.

Cuál es la pena prevista por fraude electrónico en Estados Unidos

El fraude electrónico es un delito federal grave en Estados Unidos. El Departamento de Justicia indicó que cada cargo tiene una pena máxima de 20 años de prisión. No obstante, el 18 U.S.C. § 1343 —la norma federal que regula este delito— prevé hasta 30 años cuando la infracción involucra fondos vinculados a una emergencia declarada por el presidente, categoría en la que podrían encuadrarse los programas de alivio por COVID-19. La condena efectiva que podría recibir Sellers, en caso de ser declarado culpable, dependerá de la evaluación del tribunal y otros factores contemplados por la ley federal.

Tres hombres con traje en un podio con micrófonos y el sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos frente a periodistas
La acusación judicial detalla pagos en tarjetas de crédito, cuotas hipotecarias y las matrículas universitarias de las hijas del imputado. (X/@FBIBirmingham)

La causa es llevada adelante por los fiscales federales auxiliares Brett A. Janich y Ryan S. Rummage, de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Alabama.

La palabra del Departamento de Justicia y el FBI

El fiscal federal Phillip W. Williams Jr. describió el caso como parte de las prioridades centrales de su oficina. “Combatir el fraude y responsabilizar a los funcionarios públicos son prioridades importantes de esta oficina y del Departamento de Justicia”, afirmó Williams, según el comunicado del Departamento de Justicia. El funcionario añadió que los cargos reflejan “un abandono completo de esa sagrada confianza” depositada en los representantes electos.

Por su parte, David R. Fitzgibbons, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Birmingham, subrayó el compromiso de la agencia con la protección de los programas gubernamentales. “El FBI y nuestros socios continuarán persiguiendo a quienes busquen explotar los programas de asistencia del gobierno para beneficio personal”, sostuvo Fitzgibbons en el comunicado oficial.

El fiscal auxiliar Brett A. Janich también hizo una declaración pública en la que afirmó que la oficina tiene el mandato de “perseguir agresivamente a los funcionarios públicos corruptos, sin importar el cargo que ocupen o el poder que ejerzan”.

La situación judicial de Patrick Sellers

El caso fue investigado por el FBI y ahora pasa a la etapa de proceso judicial ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Birmingham. La acusación se enmarca, además, en una iniciativa más amplia: el 7 de abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Aplicación del Fraude (National Fraud Enforcement Division), orientada a investigar y enjuiciar delitos de fraude contra ciudadanos estadounidenses.

Dos hombres avanzan por la acera frente a un edificio; uno lleva traje formal y barba, mientras que el otro viste sudadera gris y gorra
El proceso contra el legislador coincide con la creación de la División Nacional de Aplicación del Fraude anunciada por el Departamento de Justicia en abril de 2026. (Captura)

Sellers representa al Distrito 57 de la Cámara de Alabama desde noviembre de 2022 y fue reelecto para un segundo período en las elecciones de noviembre de 2026, días antes de que se diera a conocer la acusación formal en su contra.

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