
Un gran jurado federal imputó a Patrick Lorn Sellers, representante de la Cámara de Alabama por el Distrito 57, por cuatro cargos de fraude electrónico relacionados con fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19. La acusación, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Birmingham, Alabama, fue anunciada el 19 de noviembre por la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Alabama.
Según la imputación, entre julio de 2020 y mayo de 2021, Sellers habría obtenido de manera fraudulenta más de USD 240.000 en subsidios y préstamos provenientes del gobierno federal, del gobierno estatal de Alabama y de una organización sin fines de lucro con sede en ese estado, todos destinados a mitigar el impacto económico de la pandemia. La fiscalía sostiene que el legislador utilizó esos fondos en beneficio propio, en lugar de destinarlos al fin para el que fueron creados.
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De qué acusan a Patrick Sellers, legislador de Alabama
De acuerdo con la acusación, Sellers solicitó y recibió de manera irregular fondos de al menos tres fuentes distintas: el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno del estado de Alabama y una organización sin fines de lucro de base local. Los cuatro cargos que enfrenta corresponden a fraude electrónico (wire fraud), un delito federal que se configura cuando se usa un medio de comunicación electrónica —como internet, correo electrónico o transferencias bancarias— para cometer un esquema de fraude.

La acusación formal contiene cargos. Sellers, de 53 años y vecino de Pleasant Grove, Alabama, se presume inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario. El legislador fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones celebradas a principios de noviembre de 2026, apenas semanas antes de que se conociera la imputación.
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Cómo habría usado los fondos de ayuda por COVID-19
La fiscalía federal alega que Sellers derivó el dinero hacia gastos estrictamente personales, sin relación con los programas de alivio económico para los que fueron aprobados. Según el texto de la acusación difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los destinos de esos fondos figuran pagos de tarjetas de crédito personales, cuotas hipotecarias, cuotas de préstamos personales, facturas de agua y el pago de matrículas universitarias de sus hijas.
Las autoridades alegan que el legislador presentó solicitudes a los programas gubernamentales de asistencia durante la pandemia y que los fondos obtenidos no se aplicaron a ningún propósito relacionado con la emergencia sanitaria ni con actividades comerciales elegibles.
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Cuál es la pena prevista por fraude electrónico en Estados Unidos
El fraude electrónico es un delito federal grave en Estados Unidos. El Departamento de Justicia indicó que cada cargo tiene una pena máxima de 20 años de prisión. No obstante, el 18 U.S.C. § 1343 —la norma federal que regula este delito— prevé hasta 30 años cuando la infracción involucra fondos vinculados a una emergencia declarada por el presidente, categoría en la que podrían encuadrarse los programas de alivio por COVID-19. La condena efectiva que podría recibir Sellers, en caso de ser declarado culpable, dependerá de la evaluación del tribunal y otros factores contemplados por la ley federal.

La causa es llevada adelante por los fiscales federales auxiliares Brett A. Janich y Ryan S. Rummage, de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Alabama.
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La palabra del Departamento de Justicia y el FBI
El fiscal federal Phillip W. Williams Jr. describió el caso como parte de las prioridades centrales de su oficina. “Combatir el fraude y responsabilizar a los funcionarios públicos son prioridades importantes de esta oficina y del Departamento de Justicia”, afirmó Williams, según el comunicado del Departamento de Justicia. El funcionario añadió que los cargos reflejan “un abandono completo de esa sagrada confianza” depositada en los representantes electos.
#FBIBirmingham and the U.S. Attorney's Office for the Northern District of Alabama announced the arrest of an Alabama State Representative on fraud charges. “The charges announced today underscore the FBI's commitment to investigating allegations of fraud against the government, particularly when they involve programs established to assist Americans during times of crisis. As alleged in the indictment, Patrick Sellers fraudulently obtained more than $240,000 in COVID-19 relief funding and used much of that money for personal expenses. The FBI and our partners will continue to pursue those who seek to exploit government assistance programs for personal gain and will work to ensure taxpayer-funded programs are protected from fraud, waste, and abuse. To those who choose to commit fraud against the government, the message is simple: Justice Will Find You.” More: https://t.co/gs3d78M6mw
— FBI Birmingham (@FBIBirmingham) November 19, 2026
Por su parte, David R. Fitzgibbons, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Birmingham, subrayó el compromiso de la agencia con la protección de los programas gubernamentales. “El FBI y nuestros socios continuarán persiguiendo a quienes busquen explotar los programas de asistencia del gobierno para beneficio personal”, sostuvo Fitzgibbons en el comunicado oficial.
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El fiscal auxiliar Brett A. Janich también hizo una declaración pública en la que afirmó que la oficina tiene el mandato de “perseguir agresivamente a los funcionarios públicos corruptos, sin importar el cargo que ocupen o el poder que ejerzan”.
La situación judicial de Patrick Sellers
El caso fue investigado por el FBI y ahora pasa a la etapa de proceso judicial ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Birmingham. La acusación se enmarca, además, en una iniciativa más amplia: el 7 de abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Aplicación del Fraude (National Fraud Enforcement Division), orientada a investigar y enjuiciar delitos de fraude contra ciudadanos estadounidenses.
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Sellers representa al Distrito 57 de la Cámara de Alabama desde noviembre de 2022 y fue reelecto para un segundo período en las elecciones de noviembre de 2026, días antes de que se diera a conocer la acusación formal en su contra.
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