El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el 20 de noviembre el Close Rikers: Strategic Plan, el primer plan integral de la ciudad para cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island antes de que finalice 2032. La propuesta extiende en cinco años el plazo legal vigente —fijado para el 31 de agosto de 2027— y contempla la construcción de cuatro cárceles distritales, la modernización del Departamento de Correcciones, la creación de cientos de camas terapéuticas y una inversión de USD 146 millones en el próximo año fiscal destinada a salud mental, formación laboral, reinserción y asistencia a víctimas de delitos.
La administración justifica el nuevo calendario en dos razones concretas: las obras de los nuevos establecimientos acumulan retrasos y la población carcelaria actual supera la capacidad prevista para las instalaciones de reemplazo. Modificar la fecha límite exigirá que el Concejo Municipal reforme la ley que el propio cuerpo legislativo sancionó en 2019 y que ya trabaja en actualizar.
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El cronograma de Mamdani para cerrar Rikers Island prevé aperturas escalonadas hasta 2032
El plan fija un calendario diferenciado para las cuatro cárceles que reemplazarán a Rikers Island. La de Brooklyn sería la primera en abrir, con fecha prevista para 2029. Las del Bronx y Queens abrirían en 2031, y la de Manhattan completaría el proceso en 2032. Las nuevas instalaciones se ubicarán cerca de tribunales, transporte público y comunidades de origen de las personas detenidas, con el objetivo de facilitar el contacto con familias, abogados y redes de apoyo, según el comunicado oficial de la oficina del alcalde.

Cada centro contará con celdas individuales, espacios para formación vocacional y educativa —incluidas clases universitarias—, áreas al aire libre y, al menos, 20.000 pies cuadrados de espacio comunitario abierto a los vecinos del barrio. La cárcel de Queens concentrará a las mujeres en custodia y contará con proximidad al Hospital Elmhurst para atención médica de urgencia.
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La reducción de la población carcelaria, clave del plan para las cárceles de Nueva York
Mamdani describió la reducción de personas detenidas como condición indispensable para que el traslado sea viable. A comienzos de noviembre, unas 6.600 personas permanecían bajo custodia en las cárceles de la ciudad. La meta es bajar esa cifra a un máximo de 5.500 para 2029 y a cerca de 4.100 para fines de 2032, nivel compatible con la capacidad combinada de los cuatro nuevos establecimientos.
Para alcanzar esas cifras, la estrategia apunta a reducir la prisión preventiva, acelerar los procesos judiciales y ampliar las alternativas al encarcelamiento. La administración creará una fuerza de trabajo interagencial —con la participación del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), el Departamento de Bomberos (FDNY) y la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME)— para agilizar el intercambio de pruebas y reducir los retrasos que mantienen a personas detenidas durante meses a la espera de juicio.
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El plan también prevé restaurar en 2027 el portal en línea de pago de fianza, inactivo desde 2023.
USD 146 millones en salud mental, reinserción y apoyo a víctimas de delitos
La inversión total de USD 146 millones en el próximo ejercicio fiscal se organiza en tres grandes bloques. Unos USD 50 millones se destinarán a ampliar el acceso a formación vocacional, educación, salud mental y tratamiento por consumo de sustancias dentro de las cárceles.
Otros USD 76 millones se canalizarán hacia servicios comunitarios: vivienda de apoyo, programas de derivación y centros de estabilización de emergencia con atención psiquiátrica, servicios conductuales y apoyo entre pares. Los USD 16 millones restantes —USD 15 millones a través de la Oficina de Seguridad Comunitaria y USD 1 millón para la Fiscalía del Bronx— respaldarán servicios de salud mental y asistencia legal para víctimas y sobrevivientes de delitos.
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El plan también prevé la creación de 236 unidades terapéuticas adicionales en Brooklyn y el Bronx, para sumar un total de 340 camas en instalaciones de NYC Health + Hospitals en toda la ciudad. La administración ya transfirió a personas con problemas graves de salud mental o necesidades médicas complejas a las 104 camas abiertas en el Hospital Bellevue de Manhattan.
Zohran Mamdani hereda décadas de cuestionamientos a Rikers Island
Rikers Island acumula décadas de denuncias por violencia, muertes bajo custodia, infraestructura deteriorada y dificultades de personal. El complejo lleva años bajo la lupa de activistas, legisladores y organismos de derechos civiles. Desde el año pasado, opera bajo supervisión de un tribunal federal que retiró su control directo a la administración municipal y lo transfirió a un funcionario externo, encargado de implementar reformas ante condiciones calificadas de “anormales e inaceptables”.
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El reclamo por cerrar Rikers lleva décadas: el comunicado oficial sitúa su origen en 1979. La ley de 2019 que ordenó el cierre fue impulsada, en parte, por el caso de Kalief Browder, un joven que pasó tres años detenido en el complejo sin condena y cuyo suicidio en 2015 reavivó el debate sobre las condiciones de detención en la ciudad.
La administración Mamdani ya dio algunos pasos previos: cerró la North Infirmary Command —instalación inaugurada en 1932 y sin población detenida— y retomó transferencias de propiedades entre el Departamento de Correcciones (DOC) y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS).
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“Es momento de cerrar Rikers Island de una vez por todas”, dijo Mamdani en un comunicado. “Tenemos una obligación legal y moral de cerrarlo. Trabajando junto al Concejo Municipal, los tribunales y las organizaciones sin fines de lucro, la cumpliremos”, remarcó.
Stanley Richards, comisionado de Correcciones y figura central en la implementación del plan, declaró: “La época de un sistema de justicia que opera ‘lejos de la vista y de la mente’ llega a su fin. Este plan es una hoja de ruta hacia una ciudad más segura que reivindica la dignidad de quienes viven y trabajan en nuestras cárceles”.
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El Concejo Municipal debe aprobar el nuevo plazo para que el plan sea ley
La propuesta no puede entrar en vigor sin modificación legislativa. La presidenta del Concejo, Julie Menin, respaldó la extensión y reconoció que “los retrasos de administraciones anteriores dejaron en claro que se necesita más tiempo para cumplir el compromiso que el Concejo asumió con los neoyorquinos en 2019”.
El Concejo ya trabaja en la legislación para actualizar el plazo legal en línea con el nuevo cronograma de construcción. La fiscal general del estado, Letitia James, respaldó la iniciativa y declaró que el cierre de Rikers “es necesario para la seguridad de todos”. Mientras tanto, el complejo permanece bajo la autoridad del monitor federal, que ejerce control sobre las decisiones operativas del establecimiento y con quien la administración dijo que coordinará la implementación del plan.
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