
Una exestudiante de Texas Christian University demandó a la institución por violar una ley de protección al consumidor de Virginia, un enfoque jurídico inédito en casos de agresión sexual universitaria que podría abrir nuevas vías legales para estudiantes en todo el país.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Virginia por una mujer mencionada como “Jane Doe”, alega que la universidad privada ubicada en Fort Worth, Texas, la engañó sobre la seguridad de su campus durante el proceso de admisión.
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La acusación se basa en la Virginia Consumer Protection Act, una ley estatal diseñada para proteger a los residentes de prácticas comerciales engañosas, y no en las disposiciones federales del Título IX habitualmente invocadas en estos casos.

La estrategia legal que sorprendió a los expertos
KC Johnson, profesor del Brooklyn College que estudia los litigios universitarios bajo el Título IX de la Ley de Derechos Civiles, calificó el uso de una ley de protección al consumidor en este contexto como “altamente inusual”, cuando no sin precedentes, según recogió The New York Times.
Los casos de agresión sexual contra universidades suelen requerir demostrar “indiferencia deliberada” por parte de la institución, un estándar que históricamente fue difícil de satisfacer para las demandantes.
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La elección de la vía consumista responde precisamente a esa dificultad. Thomas M. Wolf, abogado de Jane Doe, planteó la cuestión en términos directos: “¿Por qué deberían recibir un trato diferente al de cualquier otro proveedor que engaña a un consumidor de Virginia?”, declaró .
TCU captó a la estudiante con promesas de seguridad que después no cumplió
Jane Doe creció en Virginia y, según los documentos judiciales, se inclinó por TCU atraída por una beca y por las declaraciones de la universidad acerca de que “su campus era un entorno seguro para las mujeres”.
La demanda sostiene que esas afirmaciones constituyeron una representación falsa, dado que la institución no respondió adecuadamente cuando fue víctima de una agresión sexual durante su primer año académico.
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De acuerdo con la demanda, en el otoño de 2024 la mujer asistió a una fiesta junto a un compañero de residencia, donde ambos consumieron alcohol. Tras compartir un viaje de regreso al dormitorio, los dos estudiantes estuvieron juntos en la habitación de Jane Doe durante aproximadamente 30 minutos.
La mujer se quedó dormida y, al despertar, encontró al estudiante manteniéndole relaciones sexuales sin preservativo ni consentimiento. Le ordenó que se fuera.
Al día siguiente, Jane Doe concertó un encuentro con el joven y lo grabó en secreto con su teléfono. En la grabación, el estudiante admitió haberla penetrado sin solicitar consentimiento verbal, según consta en los documentos judiciales.
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El panel universitario halló culpable al agresor y le puso de castigo una tarea escolar
Tras una audiencia, un panel disciplinario de TCU determinó que el estudiante había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y lo declaró culpable de agresión sexual.
Sin embargo, la sanción impuesta no incluyó suspensión ni expulsión: el joven recibió una amonestación, fue trasladado a otra residencia y se le ordenó ver vídeos de formación sobre consentimiento mutuo, además de redactar un trabajo de reflexión sobre los hechos.
Jane Doe apeló la resolución. “El término ‘relaciones sexuales no consentidas’ suena muy benigno. Llamémoslo por su nombre: en casi todos los estados de América, las relaciones sexuales no consentidas son una violación”, escribió en su apelación, difundida por The New York Times.
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También cuestionó públicamente la lógica del castigo: “¿Y cuál es la pena por violación en TCU, según los miembros del panel? ¡La pena es una tarea!”.
El panel rechazó la apelación sin modificar la sanción. Solo después de que Wolf enviara una carta formal a las autoridades universitarias detallando lo que él consideraba graves fallos institucionales, el liderazgo de TCU revocó la decisión del panel, calificándola de “inapropiada”, y ordenó al estudiante una suspensión de dos semestres académicos.
El cambio llegó cuando el año académico ya había concluido y Jane Doe había abandonado el campus de forma definitiva.

Virginia respalda la demanda y TCU pide trasladar el caso a Texas
El caso cuenta con un apoyo institucional relevante: el fiscal general de Virginia, Jay Jones, solicitó al tribunal que considere su escrito de apoyo a la demanda. Su oficina argumentó que la Virginia Consumer Protection Act tiene alcance extraterritorial y protege a los residentes del estado frente a prácticas engañosas de entidades ubicadas fuera de sus fronteras.
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“Sus prohibiciones y protecciones se extienden más allá de los límites del estado”, señala el escrito, según reprodujo The New York Times.
Por su parte, TCU rechazó las acusaciones y pidió al tribunal que desestime la demanda o la traslade a Texas. La universidad argumentó que la ley de protección al consumidor de Virginia no aplica a sus servicios y que la demanda solo tiene origen en la decisión de la joven de estudiar en Fort Worth.
En un comunicado, la institución sostuvo que la demanda “carece de mérito legal y fáctico” y subrayó que las estadísticas de delitos en el campus, incluyendo los de carácter sexual, están disponibles públicamente para los futuros estudiantes.
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La demanda señala un patrón: 564 denuncias en cuatro años
Los documentos judiciales también invocan datos federales de obligatoria publicación para las universidades. Según la demanda, entre 2020 y 2024 TCU registró 564 denuncias de agresión sexual, pero menos del 5% fueron investigadas formalmente.
TCU cuestionó la validez de esa comparación, alegando que las cifras “pueden incluir datos duplicados” y que en muchos casos las denunciantes optaron por el anonimato o declinaron participar en un proceso disciplinario.

Shiwali Patel, directora senior de justicia educativa del National Women’s Law Center (NWLC), señaló que la situación de Jane Doe no es aislada. Patel también apuntó que la administración federal debilitó las regulaciones del Título IX que rigen la respuesta de las instituciones educativas ante denuncias de discriminación e inconducta sexual.
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“Creo que es importante que las instituciones educativas respondan por las promesas que les hacen a los estudiantes y sus familias cuando eligen una universidad”, afirmó en declaraciones retomadas por The New York Times. Y sentenció: “No era el lugar seguro que ella suponía que sería”.
La demanda reclama un juicio con jurado y USD 250 millones en daños. El tribunal federal de Virginia aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de desestimación o traslado presentada por TCU.
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